Por: Juan Gabriel Vásquez

La muerte y la derecha

OTRA VEZ SE ESTÁ HABLANDO EN serio de control de armas de fuego en Estados Unidos.

Ya todos saben que Jared Loughner, un desequilibrado mental, se acercó a un par de pasos de una congresista demócrata y le descerrajó un tiro en la cabeza. Todos saben que Gabrielle Giffords, increíblemente, sobrevivió al disparo, y que otros —un juez y una niña de nueve años entre ellos— murieron en el tiroteo que siguió. Así que otra vez Estados Unidos está conmocionado por una matanza y otra vez está en los medios el tema del control de armas. Pero tampoco esta vez va a pasar nada. Porque Estados Unidos es un país donde el poder no se divide en tres, sino en cuatro: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y la Asociación Nacional del Rifle.

La NRA es una institución de 180 años de edad que se autoproclama principal defensora de la Segunda Enmienda, es decir, del derecho de los norteamericanos a llevar armas de fuego. El problema es que la actividad de la NRA y la pasividad del Congreso y la activa complicidad del grueso del Partido Republicano han logrado imponer la idea de que cualquier control de las armas es anticonstitucional y, lo que es peor, antiamericano. La derecha norteamericana ha visto cómo Seung Hui Cho, a pesar de haber sido declarado enfermo mental por un juez, puede acceder con facilidad a un arma semiautomática y asesinar a 32 personas en Virginia Tech. Ha visto cómo John Hinckley, un desequilibrado mental, consigue un revólver Rohm calibre 22 y le dispara a Ronald Reagan. Y ahora ha visto a Loughner. Pero nada se puede hacer: Loughner es norteamericano y la Segunda Enmienda lo cobija.

Si a eso sumamos la otra violencia, la que ocurre en los medios y es igualmente incontrolable, las consecuencias pueden ser desastrosas. Mucho se ha mencionado el hecho de que Sarah Palin, poco antes del tiroteo de Arizona, señalara a sus enemigos políticos poniendo en su página web el círculo y las líneas cruzadas de la mira de un arma de fuego. Pero no es la única. Mike Huckabee, ex candidato a la presidencia que cada tanto se ve obligado a recordarnos que no es del Tea Party, dijo del responsable de las filtraciones de Wikileaks: “No se merece nada menos que ser ejecutado”. Bill O’Reilly, comentarista situado a la derecha de Goebbels: “Quien haya filtrado esos documentos”, dijo, “es un traidor y debería ser ejecutado”. La pasión de los conservadores por la pena de muerte es unánime: Tucker Carlson, comentarista deportivo de la Fox, apareció hace poco en vivo y en directo para pedir la pena de muerte para el quarterback Michael Vick, que años atrás se vio implicado en un escándalo de peleas de perros. “Yo soy cristiano, he cometido errores y creo en las segundas oportunidades”, dijo Carlson, “pero Mike Vick mataba perros, y personalmente creo que debería haber sido ejecutado”.

Recuerdo que a mediados del año pasado Sharron Angle, candidata entonces del Tea Party, sugirió en los medios que el gobierno de Estados Unidos era una tiranía, y que la Segunda Enmienda se había hecho pensando en eso: en que los ciudadanos se enfrentaran a la tiranía con las armas. “Espero que no veamos remedios de Segunda Enmienda”, dijo. De ahí a pedir que alguien mate al político de turno no hay demasiada distancia.

Así lo de Arizona se entiende mejor.

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