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Opinión |19 Ene 2011 - 10:00 pm
Atalaya
Imágenes al viento
Por: Lorenzo Acosta Valencia
EL 12 DE ENERO, LA NUEVA FISCAL general, Viviane Morales, se propuso agilizar una justicia con más de un millón de casos penales sin resolver, al tiempo que el país se sumía en la estupefacción ante el homicidio de Mateo Matamala y Margarita Gómez en Córdoba, donde las bandas narcoparamilitares han superado la cuarentena de asesinatos en lo corrido de 2011.
Una teoría del “crimen ocasional” enmarcó las crónicas oficiales. Sucedió en un lugar “sin presencia de personas” según el general Luis Alberto Pérez, encargado de custodiar el área. Dos pistoleros de ‘Los Urabeños’ habrían confundido a la pareja de estudiantes de biología con espías y les habrían disparado sin mediar palabra ni orden de su jefe. Fue un “hecho aislado” que no debería perjudicar el turismo, concluyó Jonhy Charry, secretario de San Bernardo del Viento... Tales declaraciones negaron la realidad del paramilitarismo luego de la desmovilización de las Auc y omitieron la posible responsabilidad de otras bandas —¿apenas seis?— por los asesinatos en aquellos manglares del Golfo de Morrosquillo dedicados a la exportación de droga.
El mismo día, mientras las cámaras se aprestaban a cubrir los funerales de Mateo y Margarita en Bogotá, el Estado inició la cacería de las bestias de turno. La cabeza de ‘Gavilán’ valió el doble de la cuantía asignada en 2009, cuando fue incluida en la fauna de los alias más buscados. Ahora, desconcertados, pretenden valerse de la mediación de la Iglesia para negociar otra parodia de desarme que rechazan los gobiernos departamental y nacional. Pero la ofensiva que temen no deja de ser tardía ante los 2.438 homicidios —sólo los registrados por el Observatorio del Delito de Córdoba— cometidos en los últimos cinco años. Quienes han sido gestores de la “seguridad democrática” tienen cómo saberlo.
Al momento de escribir estas líneas, los asesinos de Matamala y Gómez siguen prófugos y la investigación transcurre entre la cautela y la impotencia de la Fiscalía. Apenas vislumbra un país sigiloso ante la opinión de los electores y silenciado por los apetitos del despojo armado de tierras en zonas abandonadas a los sucesores de las Auc y sus asociados. ¿No son despejes de facto? El relajamiento de sectores de la justicia, la fuerza pública y la clase política es interrumpido por declaraciones de guerra frontal cuando un crimen resulta escandaloso para la “confianza inversionista”.
Mateo y Margarita habrían sido asesinados por registrar la biodiversidad cordobesa. Se desconoce la custodia de sus cámaras como medios de prueba. No les interesaba saber cómo engordan ciertos latifundios ni sus laberintos hasta playas “sin presencia de personas” que escupen toneladas de cocaína al mar. Sus muertes, sin embargo, han evocado la multitud de fantasmas anónimos con quienes ahora vagan por esos recodos. Que ningún sometimiento de sicarios y cabecillas siga encubriendo a los intocables señores del narcotráfico. Que la memoria de las violencias posteriores a los Castaño no se quede en esta maraña de imágenes al viento.
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