Por: Carolina Sanín

"Posición personal"

COMO QUIERO QUE MI ESTADO PERmanente sea el de solterota, como observo que las solteras heterosexuales que pasan de cierta edad sufren en este país casi tanta discriminación como las y los homosexuales, y como el matrimonio heterosexual ya resulta lo suficientemente gay para mi gusto, no ha estado entre mis prioridades la defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hace unos años, cuando su relevancia se puso de manifiesto en Colombia, el tema me provocó, de hecho, cierta ambivalencia. Descreyente de la institución matrimonial-familiar, esperaba que las personas que veían su vida limitada por los fueros de dicha institución (entre ellas los homosexuales, los bisexuales y los transexuales) hicieran un esfuerzo concertado por controvertir el privilegio de la familia y por redefinir las relaciones sociales. Eso no ha sucedido. Dejando de lado o para después una crítica profunda, el mainstream del movimiento LGBT se ha concentrado en exigir que se diversifique el elenco de la estructura familiar (y entre tanto ha permitido, desafortunadamente, que proliferen las clasificaciones).

Desde luego, la suya es una lucha más imperiosa que la utopía que yo vislumbro. Y como hay derechos de tantos órdenes —patrimoniales, de inmigración, de adopción, de seguridad social— cuyo pleno reconocimiento está ligado al reconocimiento del matrimonio gay, y como creo en el respeto a la igualdad y a la libertad de las personas, he optado por apoyar las iniciativas que conduzcan a reformas que conduzcan a que dos personas del mismo sexo puedan casarse.

Ahora bien, en cuanto a la adopción de niños por parte de homosexuales solteros o en pareja, nunca he tenido reservas. No consigo encontrar un solo motivo sensato para que alguien se oponga a este derecho, y observo que todas las objeciones supuestamente laicas se desmoronan fácilmente si se aplica el sentido común, el sentido científico o el análisis textual. Algunos repudian la adopción con el argumento de que los hijos de homosexuales se verán constreñidos en sus preferencias sexuales. Dejando de lado el hecho obvio de que los homosexuales suelen ser hijos de parejas heterosexuales, este argumento contraviene el principio de igualdad consagrado en la Constitución, toda vez que presume que ser heterosexual es mejor que ser homosexual. Otros aducen que los hijos de parejas homosexuales pueden ser víctimas de discriminación en su infancia. A simple vista, se trata de un argumento que se muerde la cola, pues si la discriminación contra los homosexuales no fuera oficial (como sucede, entre otras, debido a la prohibición de la adopción por parte de homosexuales), entonces la sociedad tendría la oportunidad de educarse en la no discriminación.

La semana pasada, en un nuevo round sobre el asunto, salieron a relucir tres objeciones: la consabida de nuestro homofóbico y misógino procurador —tan irónicamente afeminado, alguien tenía que decirlo—, la del presidente del Partido Conservador, que dijo que la adopción por parte de homosexuales iba “en contra de la naturaleza”, ignorando que cuando hablamos de costumbres y leyes humanas no estamos hablando de naturaleza sino de cultura, y la de Germán Vargas Lleras, que dijo tener la “impresión” de que en muchos casos los homosexuales “no tienen la estabilidad necesaria para adquirir ese tipo de obligaciones”. Para sellar con hipocresía su temeridad, el ministro del Interior y de Justicia (que tampoco contó cuál es la “estabilidad necesaria”), aclaró que su oposición a la adopción por parte de homosexuales era una “posición personal”, no del gobierno. Ante periodistas, en el ejercicio de su cargo y en respuesta a una pregunta que se formuló en el marco de una decisión pendiente de la Corte Constitucional, es indebido que el ministro exprese una posición personal y tenga encima el descuido de sustentarla en una “impresión”.

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