Andreas Forer 11 Mar 2011 - 3:44 pm

¿Reparación para las víctimas de las 'bacrim'?

Andreas Forer

A pesar del aparente acuerdo al que se llegó en la Cámara de Representantes que permitió aprobar en segundo debate el Proyecto de ley de victimas; y el nuevo consenso entre los ponentes en el Senado para incluir algunas modificaciones en el texto presentado para el tercer debate, como el cambio en la fecha a partir de la cual las víctimas podrían acogerse a las medidas contempladas en la ley (de 1991 se pasó a 1986), entre otras reformas, la discusión no cesa y nuevas controversias se ponen sobre la mesa.

Por: Andreas Forer
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    http://www.elespectador.com/impreso/columna-256278-reparacion-victimas-de-bacrim
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Esta vez me referiré a la petición del vocero del PIN quien pidió la inclusión de las víctimas de las bandas criminales (bacrim) en la iniciativa legislativa, con el argumento que “la Ley de Víctimas debe contemplar a todos los mártires de los grupos armados ilegales; y por eso, se debe incluir a las víctimas del terror que en la actualidad generan las bacrim”.

La propuesta, que en principio genera una sensación favorable en términos igualdad respecto de las víctimas de las diversas formas de violencia existentes en Colombia y a propósito de un tema tan grave y sentido como el auge y consolidación de bandas criminales en el país, no puede ser recibida sin evaluar, al menos, dos aspectos: el primero la naturaleza de la ley de víctimas y el segundo el carácter de las ‘bacrim’ a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Veamos.

Si bien el título de la ley es genérico en cuanto señala como destinatarias de la norma a “víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, los artículos 1° y 4° del proyecto que definen el objeto y quiénes son víctimas, respectivamente, reducen el panorama al indicar que la ley se produce en el marco de la justicia transicional y que “no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un menoscabo en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”.

En el mismo sentido, en las Consideraciones del proyecto se lee el propósito de reparar a las víctimas del conflicto armado, claridad que ayuda a desentrañar la naturaleza de la ley, y de la cual se puede inferir la necesidad de abordar su interpretación a la luz de las disposiciones del derecho internacional sobre la materia.

Ahora bien, respecto de las ‘bacrim’ me atrevo a afirmar que son grupos cuya estructura y forma de actuar corresponde más a un fenómeno de delincuencia común (aún cuando puedan ser consecuencia del problema del paramilitarismo) que a uno con las características de ‘grupo armado organizado’ en los términos del DIH (Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra).

De acuerdo a la definición que se puede extraer del DIH, la existencia de un grupo armado organizado y por tanto, del conflicto armado, depende de, por lo menos, cuatro requisitos: i) que opere bajo la dirección de un mando responsable, ii) ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que iii) les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y iv) aplicar el Protocolo. 

Considero que las ‘bacrim’ no cumplen ninguno de los requisitos mencionados, ni siquiera el del “control territorial”, pues si bien es evidente que manejan a su antojo regiones enteras del país, no lo hacen en el sentido que lo exige el DIH, es decir, con la posibilidad de realizar operaciones militares, de manera que no puede inferirse la existencia de conflicto armado en Colombia solamente a partir de su existencia y actuar, dejando de lado por ahora, el análisis de la existencia de otros grupos armados.

En este orden de ideas, si el proyecto de ley de víctimas como lo conocemos hasta hoy, excluye la posibilidad de que víctimas de la delincuencia común sean cobijadas con sus beneficios, las víctimas de las ‘bacrim’ no podrían ser destinatarias de la norma. Pero, si se les incluye, estaríamos frente a la aceptación tácita de que los miembros de las bandas criminales en Colombia tienen el estatus de combatientes, vocación para aplicar el DIH y de alguna manera, ser protegidos por él, condición que les otorga un importante reconocimiento que, a mi modo de ver no merecen y que haría más confusa la lectura del conflicto en Colombia.

En twitter: @andreasforer

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