La tecnología como herramienta democratizadora para acceso, producción y diseminación de productos culturales está educando una sociedad civil participativa que puede aprender de la historia local y de la internacional.

En el siglo XX el derecho de autor se fortalece como un derecho humano y se estandariza a nivel mundial gracias al Convenio de Berna. Pero es en los años noventa que abandona el terreno civil por un derecho de autor diseñado como herramienta comercial. Terminamos el siglo XX con un escenario multilateral, soportado en organismos supranacionales (OMPI, OMC). Una estructura que aunque sale del discurso oficial tiene visos de democracia que, no sin dificultad, termina aceptando cuestionamientos de políticas de interés público y se abre a proyectos como la agenda para el desarrollo.

Como respuesta, EE.UU. cambió la discusión a la negociación bilateral de los TLC. Este escenario tampoco satisfizo, por lo que pasó a negociaciones secretas e intergubernamentales, que excluyen a la sociedad civil, de lo que nos enteramos al mejor estilo Wikileaks a través de filtraciones (me refiero al ACTA —Anti Counterfeiting Trade Agreement— y al TPP —Trans-Pacific Partnership— Agreement, el último apenas la semana pasada).

Aunque estos últimos acuerdos todavía no nos involucran, sí muestran una tendencia: estamos ante un sistema que se refuerza como herramienta comercial en un escenario en que no intenta aparentar consenso; al que poco importa que haya argumentos de educación, desarrollo, salud, cultura u otras formas de negocio; o que haya evidencias de que la estrategia hace aguas (cuestionamientos que el director de la OMPI menciona en un discurso reciente).

Si la justificación para tener un entorno legal blindando al derecho de autor es tan sólida, ¿por qué se construye en secreto? En Colombia podríamos apostar por otro modelo, uno de diálogo abierto con bibliotecas, escuelas, discapacitados: ¿podremos?

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