Por: Eduardo Uribe Botero

Del páramo de Santurbán y la inequidad

El supuesto retiro de la solicitud de licencia ambiental de la empresa Greystar para explotar oro en el páramo de Santurbán generó ganadores y millones de perdedores.

Ganaron la politiquería, el oportunismo, los extremismos y la desinformación. Perdieron, entre otros, miles de madres y padres desempleados, y centenares de miles de niños, muchos por nacer, que continuarán encontrando las puertas cerradas. Mientras tanto, los ganadores celebran desde sus columnas de prensa, clubes, tertulias, directorios políticos y cocteles.

Todo comenzó cuando el Dr. Juan Lozano, otrora ministro de Medio Ambiente, desde entonces buscando votos, incluyó en el Código de Minas una prohibición a la minería en los páramos. Promovió, convenientemente, el argumento infundado de que los páramos son ecosistemas más “importantes” que, por ejemplo, las sabanas tropicales o los bosques andinos; y que la minería inevitablemente causa desastres ambientales. Sobre esas dos premisas falsas se basa la legislación que prohíbe la minería en los páramos.

Ante la carencia de argumentos técnicos y económicos para defender sus preferencias, funcionarios y “grupos de interés” con desproporcionada influencia han optado por plagar la legislación ambiental de prohibiciones, restricciones y requisitos innecesarios. Al hacerlo, la han plagado de inequidad. Han logrado convertir sus preferencias en ley a costa de los derechos de los más pobres. El capítulo de las injusticias causadas por esas normas aún está por abrirse. Cuando se abra se verá como ellas han condenado a la pobreza a millones de colombianos.

Al convertir sus preferencias en ley, esos funcionarios y “grupos de interés” lograron poner las definiciones sobre la viabilidad ambiental de los proyectos en manos de abogados y jueces. Así no tienen que presentar los argumentos técnicos y económicos de que frecuentemente carecen. O peor aún, las pusieron en manos de funcionarios que, como el ministro de Minas, “argumentó” que el proyecto no se podía hacer porque estaba “prohibido por la ley”. El ministro no se tomó el trabajo de cuestionarse si esa prohibición, por razones técnicas, económicas o de equidad social, ameritaba ser derogada.

A la inequidad de la legislación que prohíbe la minería en unos ecosistemas y que la permite en otros y a la insólita argumentación del ministro de Minas, se sumó la promoción del argumento falso de que la minería del oro inevitablemente acabaría y contaminaría las aguas y destruiría el páramo. La desinformación sirvió para engañar y atemorizar a miles de ciudadanos y para alinearlos con los objetivos de políticos en campaña, funcionarios y “grupos de interés” con influencias, líderes gremiales con agenda propia y los de otras fuerzas menos claras. Y, para mantener una tradición muy colombiana, los costos, insisto, los pagarán los más pobres. Los que no han tenido voz en este proceso y que siguen sin tenerla. Ellos y ellas están acumulando hoy una frustración más. Mientras tanto, otros celebran. Finalmente, y para completar el círculo, vale la pena anotar que la empresa Greystar tampoco estuvo a la altura del reto que enfrentaba.

 

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