Esta decisión pasará su factura. ¿Quien puede decir hoy que regular el acceso y la conexión a internet son temas que competen exclusivamente al derecho de autor? (piensen en la fallida ley de 3 strikes mexicana).

Lo cierto es que el escenario es ya el Congreso y el texto es cuestionable más allá de la retórica antipirata: Tiene una definición amplísima de ISP en la que cabe cualquiera (incluso yo que dejo mi wifi abierta). Extiende la protección en internet más allá de las obras (menciona información y datos). Preocupa que el juez puede ordenar a la ISP la entrega de información confidencial a cualquiera. Me pregunto también cuál es el sentido de incluir DRM, ¿será para un Deep Package Inspection?

Pero además invierte la presunción sobre la infracción. Hasta hoy es el interesado quien debe acudir al juez para solicitar protección cuando siente sus derechos vulnerados. Esto no es poca cosa, garantiza que sea un experto quien estudie las diferentes aristas. Esto cambiará para internet, en Colombia bastará una reclamación de infracción a la ISP para que ésta proceda a retirar el contenido o desconectar el servicio al todavía presunto infractor (en la práctica tiene poco margen), el juez entra sólo después de la solicitud de restablecimiento. Sí, el texto contempla un reclamo justificado, pero desconoce que ese procedimiento puede colisionar con derechos de los usuarios, algunos de ellos fundamentales, como la libertad de expresión o la participación en política (Egipto o la Ola verde son ejemplo de que internet convoca y facilita la participación ciudadana). ¿Por qué dejamos esa labor en una ISP, cuando hasta ahora ha sido un asunto judicial?

A los riesgos para los usuarios se suma que el celo por proteger los intereses de titulares impondrá a las ISP colombianas cargas injustificadas como la de establecer contractualmente causales de desconexión para sus usuarios.

*carobotero@karisma.org.co Grupo Derecho, Internet y Sociedad.