El 24 de marzo de 2000, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado y los representantes de las víctimas de la Unión Patriótica suscribieron un acuerdo para propiciar una solución amistosa, encaminada al esclarecimiento de la verdad y la aplicación de justicia y reparación en múltiples casos de asesinatos de dirigentes de esta organización política, desde su creación a mediados de los años 80.
Como parte del convenio se dispuso que la Fiscalía General de la Nación, a través de subunidades especializadas en sus 26 seccionales en todo el país, le diera un “impulso especial” a las investigaciones judiciales por estos episodios de violencia y, simultáneamente, diseñara sistemas de protección para los sobrevivientes de la organización política, nacida de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc.
Estos antecedentes explican por qué desde hace varios meses, una comisión de 10 fiscales designados por el fiscal Mario Iguarán, vienen revisando expedientes sobre asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica y reabriendo 294 de esas investigaciones, con la consecuente expedición de órdenes de captura. Con un hecho súbito en este derrotero: el 27 de junio de 2006 se rompió el acuerdo de búsqueda de la solución amistosa.
En efecto, después de sucesivos desacuerdos entre los representantes de las víctimas de la UP y voceros del Estado, se suspendió el proceso promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el caso quedó abocado a la opción de ser llevado a la Corte Interamericana, con riesgo de convertirse en una nueva condena contra el Estado, como ha venido ocurriendo con otros hechos de violencia acaecidos en Colombia.
De hecho, el pasado 10 de octubre se realizó en Washington una nueva audiencia para el caso UP y, en representación de las víctimas, la ex presidenta de la organización Aida Abella, hoy exiliada en Europa, apoyó personalmente el alegato presentado por la corporación Reiniciar, que apodera a las víctimas de la UP. La Comisión aguarda el alegato final del Estado y se estima que a principios de 2008 podría tomar una decisión de enviarlo o no a la Corte Interamericana.
El pasado 20 de octubre, ante los magistrados de la Corte Interamericana que deliberó en Bogotá, el presidente Uribe exteriorizó su preocupación de que el proceso instaurado ante el organismo por el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, “tenga hoy más orientación hacia la disputa que hacia la conciliación”. No obstante, el hecho de que ahora se sepa que la Fiscalía está indagando de nuevo en el caso, mejora el asunto.
“Es bueno que la Fiscalía comience a ubicar procesos y trate de hacer claridad en más de 5.000 casos de víctimas de la UP”, observó Jael Quiroga, presidenta de la Corporación Reiniciar, que lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aclaró que los avances de la Fiscalía no sustraen al Estado de responsabilidades en el daño que se produjo contra los familiares de las víctimas de la UP, ni resuelven el caso ante la justicia internacional.
Asimismo, insistió en que la Ley de Justicia y Paz, “no es un instrumento para esclarecer el exterminio de la organización”. En criterio de la Corporación Reiniciar, es importante que la Fiscalía concrete responsabilidades del paramilitarismo, pero en la muerte de dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, 70 concejales y decenas de diputados, alcaldes y líderes políticos de la UP, hay responsabilidades del Estado sin aclarar.
Por lo pronto, puntualizó Jael Quiroga, la Fiscalía debería aclarar quiénes saquearon una de las oficinas de Reiniciar el pasado fin de semana, llevándose importantes documentos de la corporación y unos dineros que se guardaban, dejando a cambio una cinta negra en uno de los anaqueles como extraña señal de que los sobrevivientes de la UP cargan el estigma de querer aclarar el caso de sus antecesores, sin poder superar sus propias amenazas.