El comienzo de esta semana en Madrid fue muy tenso. En pleno otoño, con un sol radiante que atenúa los vientos fríos que calan los huesos y avizoran invierno, la vida cotidiana parecía transcurrir normalmente, aunque en distintos sectores de la ciudad, cientos de uniformados de la Guardia Civil vigilaban celosamente cualquier movimiento extraño.
El interés por las noticias se repartía entre los cuestionamientos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por la parálisis de las obras del tren de cercanías, AVE, en Barcelona; la captura de siete españoles en el Chad (África) cuando se disponían a sacar ilegalmente a 103 niños y las críticas por el flojo desempeño de Ronaldinho en el "Barça".
Sin embargo, unos y otros esperaban ansiosamente una decisión que debía partir en dos la historia judicial española. Luego de tres años y tres meses de los ataques terroristas a la estación de Atocha, que dejaron 191 muertos y más de 1.800 heridos, la sed de justicia entre los españoles tenía como principal fuente la sede del Tribunal Supremo.
Por eso, desde el lunes, más de 600 periodistas del mundo se acreditaron para escuchar la lectura de la sentencia del magistrado Javier Gómez Bermúdez. Entre la angustia y la ansiedad de la espera, las víctimas no ocultaban su amarga experiencia: "Si pudiera, to maría la justicia por mi mano", recordó Daniel Liviu, quien perdió a su hermana y su cuñado.
A su vez, Carmen Aguado, cuyo hijo de 28 años también murió en el atentado, observó: "Sólo han cogido a unos imbéciles fanáticos". Entre tanto, víctimas procedentes de Rumania, Bulgaria y Polonia protestaban ante sus embajadas porque no fueron incluidas en un mural conmemorativo que se inauguró en Madrid el pasado 11 de marzo.
La decisión
Desde que comenzó la investigación, el mismo 11 de marzo de 2004, los cuatro fiscales ordenaron la captura de 28 personas. Sin embargo, durante el avance del caso ocurrió un hecho insólito: el 3 de abril de 2004, siete supuestos terroristas que podrían conducir a los autores intelectuales del atentado, se suicidaron cuando la Guardia Civil les pisaba los talones.
El caso se complicó y el entorno político se enrareció al retomarse la teoría de la conspiración. Esa que aducía el Partido Popular (PP), según la cual el atentado se produjo por intervención de la Eta. Por eso, a las once de la mañana del pasado miércoles, cuando tres magistrados del Tribunal Superior hicieron pública su sentencia, se esperaban sorpresas. De alguna manera, era el resultado de un juicio de 57 sesiones, 309 testimonios, cerca de cien mil folios y cuatro meses y 17 días de trabajo judicial. En consecuencia, durante cerca de una hora, el juez Javier Gómez Bermúdez leyó el resumen del fallo, que era transmitido a todo el mundo, mientras una multitud se agolpaba en las afueras del tribunal para demandar justicia.
El magistrado Gómez leyó 13 consideraciones y ratificó la legalidad del proceso frente a los reparos judiciales que presentaron los 21 abogados de la defensa. Según el fallo, los culpables pertenecen a una célula islámica. Fueron condenaron 21 personas a 120.755 años de prisión, en una sentencia simbólica porque el Código Penal español sólo permite una pena máxima de 40 años. Resultaron absueltas siete personas y se ordenaron indemnizaciones a las víctimas por montos que van desde 30.000 a 1,5 millones de euros. En particular, el juez mencionó a Laura Vega García, una víctima que hoy está en estado vegetativo, por lo cual sus familiares recibieron la mayor indemnización.
Sin embargo, el asunto que generó más polémica fue la decisión de absolver a los presuntos autores intelectuales. En el caso de Rabei Osman El Sabed, El Egipcio, las pruebas no fueron sólidas para condenarlo. En cuanto a Youssef Beljhadj y Hassan El Haski, el Tribunal aceptó que pertenecen a una célula terrorista islamita, pero no fueron los autores intelectuales. Aun así, fueron sentenciados a 12 y 15 años de prisión. De forma tajante, el tribunal negó cualquier vinculación del grupo terrorista Eta en el atentado.
De inmediato, la sociedad española se dividió en dos bandos: el primero, que considera que se hizo justicia; y el segundo, que cree que la sentencia extendió un manto de impunidad. La división fue más visible entre la prensa, las víctimas y los partidos políticos. Para el columnista español Federico Jiménez, "el Tribunal, que se pintaba serísimo, resultó ser una madre". A su vez, Joseph Ramoneda, otro reconocido periodista, argumentó que el tribunal condenó a los responsables "con un escrupuloso respeto de los procedimientos y derechos de los acusados".
El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, desde el Palacio de La Moncloa, destacó el fallo como producto del "juicio más rápido en el mundo sobre un atentado terrorista". En contraste, la representante de las víctimas, Pilar Majón, señaló que recurrirá el fallo porque las penas no fueron suficientes, al igual que el monto de las indemnizaciones.
Además el fallo ahondó las diferencias entre el Partido Popular y el PSOE. La comisión permanente de esta última colectividad política expidió una declaración contra el Partido Popular (PP), en particular contra Mariano Rajoy, y manifestó: "Lo que ha quedado claro es que el autor material del engaño masivo del 11 de marzo fue José María Aznar".
Adicionalmente, el ministro del Interior, Javier Pérez, le pidió a Mariano Rajoy que reiterara públicamente lo que dijo la sentencia: "que el atentado no fue efectuado por Eta y no tuvo ninguna relación con la guerra de Irak". En oposición, Mariano Rajoy insistió en que su partido apoyará cualquier otra investigación, porque no se han encontrado los autores intelectuales del atentado.
Además, el vocero del partido en el Congreso precisó que el PSOE utilizó el atentado para ganar las elecciones y está dispuesto a utilizar el fallo para no perder las próximas. Más allá de la controversia partidista, es claro que España sigue de luto. De hecho, la próxima semana se realizará una ceremonia especial para recordar el 11 de marzo de 2004, día en que cambió para siempre la vida de los españoles.