Impunidad

Foto: Archivo - El Espectador

Gaitán en el quirófano de la Clinica Central, rodeado por el cuerpo médico que lo atendió.

El primer funcionario judicial que se hizo cargo de las averiguaciones por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán fue el juez 1º permanente central Pablo Navia Carvajal. Concluida la autopsia del caudillo en la Clínica Central, el funcionario recaudó los testimonios de los dragoneantes Carlos Jiménez Díaz y Efraín Silva González, quienes alcanzaron a retener al homicida antes de que la turba lo linchara, y recibió además dos pruebas esenciales para el expediente: el informe médico sobre las causas de la muerte de Gaitán y el revólver Smith & Wesson calibre 32 con cacha de nácar que usó Juan Roa Sierra para el crimen.

Como el gobierno Ospina ordenó que el caso debía tener un investigador especial, fue designado el penalista Luis Eduardo Gacharná, pero el jurista no aceptó argumentando su condición de gaitanista. En su reemplazo fue nombrado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Jordán Jiménez, quien el 21 de abril de 1948 dispuso la práctica de numerosas pruebas y orientó la investigación hacia el sujeto César Bernal Cordobés, quien no sólo fue visto en compañía de Roa Sierra en los minutos previos al crimen, sino que días antes había acudido a la oficina de Gaitán a pedir una audiencia a nombre de Juan Roa.

De estas pesquisas no quedó nada valioso, César Bernal Cordobés fue declarado loco y terminó en el asilo de Sibaté.  Y mientras el magistrado Jordán Jiménez exploraba otras hipótesis, el canciller Eduardo Zuleta Ángel salió con la idea de contratar detectives del Scotland Yard de Inglaterra y, en junio de 1948, se sumaron al equipo de investigadores sir Norman Smith, Peter Beveridge y Albert Tamsill. Al magistrado Ricardo Jordán Jiménez no le gustó mucho el aporte británico, pero tampoco se opuso cuando un mes más tarde los detectives ingleses concluyeron que Juan Roa Sierra había obrado solo a la hora del magnicidio.