"Una pensión de $18 millones es obscena"

Néstor Correa advierte que se ha reactivado una retaliación política contra los “magistrados serios” de las altas cortes. / Luis Benavides

Cecilia Orozco Tascón.- En el caso concreto de los nueve magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que son investigados y que fueron embargados por la Contraloría, ésta emitió un informe preliminar con los nombramientos de unos colegas presuntamente hechos por ellos, que concluyeron con el incremento de sus pensiones de, por ejemplo, $2,5 millones a $14 millones o de $3 a $16 o $18 millones. Aunque usted pertenece a otra Sala, ¿cree que ese procedimiento ventajoso sí tuvo lugar?

Magistrado Néstor Raúl Correa.- No podría responderle si sí o si no. Llegué a la Sala Administrativa cuando ya se hablaba en la prensa de esos fenómenos y no creo que desde entonces se haya reiterado esa conducta. De manera general podría opinar que no está éticamente bien que con el concurso de uno acontezca que, de manera repetida, personas que se iban a pensionar con $4 millones pasen a recibir $13 millones mensuales. Más allá de lo jurídico, hay un tema ético insuperable.

C.O.T.- Al margen de este caso hay indignación entre los colombianos por las inmerecidas pensiones de esos magistrados, a pesar de que existe un marco legal que permite el procedimiento. El punto es si ese esquema es legítimo y ético o si hay que repensarlo en vista de la situación de los otros pensionados del país.

N.R.C.- Estoy de acuerdo con su segunda alternativa: debe ser repensado. Si bien alguien podría decir que jurídicamente no se ha violado ninguna norma, en un país con tanta discriminación no es aceptable que existan esos privilegios. Es indignante que unas personas se pensionen con sumas tan altas, mientras que otras lo hagan con cifras tan bajas, a pesar de tener el mismo período trabajado. Una pensión de $18 millones en este país es obscena: de cada cien adultos mayores, sólo 25 reciben pensión. Y entre éstos un porcentaje mayoritario recibe el equivalente a un salario mínimo.

C.O.T.- Pero alguien podría decir que uno tiene derecho a recibir el equivalente de lo que ha ahorrado.

N.R.C.- Sí, es cierto. La pensión es una especie de ahorro voluntario y tácito que se hace a lo largo de su vida laboral. Es razonable que quien ahorre más tenga una pensión más alta. Pero a todo hay que ponerle un tope por equilibrio social. Tengo entendido que en la Corte Constitucional hace tránsito una acción sobre este tema. Veremos qué opinan allá.

C.O.T.- Entre los investigados por la Contraloría, y de acuerdo con su propio informe preliminar, hay unos cuyos antecedentes parecen limpios. ¿Es lícito que la Contraloría continúe mencionándolos?

N.R.C.- Coincido con usted en la idea de que entre los investigados por la Contraloría hay personas cuyo comportamiento es claro. Pero deben ser casos aislados y accidentales. No veo al ente de investigación fiscal tratando de hacerle daño a nadie intencionalmente. Iniciar investigaciones es legítimo y hay que esperar a que el proceso, donde hay derecho de defensa, siga su curso natural. La situación se le resolverá de manera favorable a quien no tenga nada que ver con el asunto investigado.

C.O.T.- ¿Quiénes son los magistrados en cuya transparencia cree?

N.R.C.- No tengo inconveniente en decir que creo firmemente en la rectitud de los doctores José Antonio Castillo y María Mercedes López. Me atrevo a asegurarlo porque son personas a quienes se les conoce desde mucho tiempo atrás, su carácter y una conducta ética sólida. El pasado de cada quien habla por sí mismo. El magistrado Castillo tiene alrededor de 70 años, de los cuales ha estado 40 en la Rama Judicial sin una sola tacha. A la doctora María Mercedes López, aunque es muy joven, el país le conoce sus batallas, incluso dentro de la Sala Disciplinaria y frente a sus compañeros.

C.O.T.- Cuando la Contraloría General anunció la apertura del proceso contra los nueve magistrados de la Sala Disciplinaria, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclamó el proceso. ¿La contralora Morelli ha debido esperar a que se definiera si la competente para investigar a los togados era ella o si lo era la Comisión?

N.R.C.- A mi juicio, la Contraloría podría iniciar el proceso porque es el ente al que la Constitución le asigna las investigaciones fiscales, entendidas como el control del manejo del erario. Esas pensiones provienen de los dineros públicos. En consecuencia, es el área de investigación de ese órgano. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por su parte, debe investigar delitos y faltas disciplinarias de los aforados, temas bien diferentes al fiscal.

C.O.T.- Usted es un experto jurista. ¿No hay lugar a dudas, entonces, sobre la competencia de la Contraloría?

N.R.C.- Suele suceder que quien comete un hecho violatorio de un ordenamiento viole otros. Por ejemplo, si alguien se embriaga, estrella un vehículo oficial y mata a una persona comete un delito de homicidio, incurre en una falta disciplinaria y malgasta el erario. Las tres investigaciones son compatibles. No obstante, en el caso al que nos referimos no veo cuáles son los fundamentos de derecho para que la Comisión de Acusación alegue competencia.

C.O.T.- El fuero es una protección judicial que se les da a ciertos funcionarios del Estado. Si la contralora es competente para investigar a los magistrados, ¿no significaría eso que el fuero para los miembros de la Rama Judicial resulta parcial y no total?

N.R.C.- Hay que distinguir entre unas situaciones y otras. Si un magistrado se pasa un semáforo en rojo, las autoridades de tránsito pueden sancionarlo. Ahí no lo cubre el fuero. Este es sólo para protegerlo de actos y decisiones relacionados directamente con su ejercicio como juez.

C.O.T.- ¿Algo similar a los juicios civiles para los militares cuando éstos incurren en actos que no tienen que ver con las funciones del servicio?

N.R.C.- Exactamente. El fuero es una figura que viene de la Edad Media y la tendencia, con los tiempos modernos, es a que se restrinja, no a que se amplíe.

C.O.T.- Se sabe que la Comisión de Acusación no es un tribunal judicial sino político. ¿No es extraño el excesivo interés que ha mostrado en asumir esta investigación?

N.R.C.- Sí, es extraño, pero más raro es que días después anuncie que va a iniciar otras investigaciones contra unos 200 magistrados de las altas cortes por el mismo tema. El mensaje es que las altas cortes están involucradas en el aprovechamiento de un régimen especial de pensiones. No quisiera creer que se pretende enlodar a todo el mundo para desacreditar a los tribunales o para quitarle gravedad o notoriedad al proceso de la Contraloría.

C.O.T.- ¿Opina entonces que se trata de una estrategia política?

N.R.C.- Podría tratarse de una estrategia deliberada para diluir las presuntas responsabilidades individuales sobre unos hechos. Si eso fuera así, no es aceptable. La Corte Constitucional, la Suprema y el Consejo de Estado están integrados por magistrados serios y no se puede estar lanzando sospechas sin ningún fundamento.

C.O.T.- ¿No será que una investigación (la de los nueve magistrados en la Contraloría) y la otra (la de 200 togados en la Comisión de Acusación) resultaron al tiempo por pura coincidencia?

N.R.C.- Es tan exótico que no parece coincidencia ni azar. No deja de llamar la atención que cuando sale la uno, salga la otra. Si hubo en las cortes presuntos carruseles de pensiones en el pasado, ¿por qué solo ahora se inician las investigaciones sobre esos hechos y, si me permite decirlo en lenguaje coloquial, por qué “disparan con regadera” contra los altos tribunales en forma indeterminada? Hay también una intención de trivializar las investigaciones de la Contraloría en la medida en que se quiere hacer creer que todos están “untados”.

C.O.T.- Circulan por ahí largas listas de magistrados a los que se les endilgan prácticas inmorales con respecto al manejo de las pensiones propias y las de sus colegas. ¿Este escándalo podría ser un nuevo capítulo del ataque político que ha sufrido la Rama Judicial por las investigaciones y condenas que los magistrados han dictado contra algunos congresistas?

N.R.C.- - Sí, lo creo. De otro lado, no olvide que también en las próximas semanas se reiniciará la segunda vuelta del proyecto de reforma a la justicia, en el que la clase política cree que medirá fuerzas con las cortes. En ambos asuntos, investigaciones y reforma, se le pueden terminar cobrando sus valientes decisiones sobre parapolítica a la Sala Penal de la Corte Suprema y las pérdidas de investidura al Consejo de Estado.

C.O.T.- La contralora advirtió la semana pasada que los representantes que integran la Comisión de Acusación podrían incurrir en conflicto de intereses si con su voto ayudaron a elegir a los magistrados que ahora investigarían. ¿Le parece sólida jurídicamente esa posición?

N.R.C.- Es interesante. Habría que ahondar en el tema porque, evidentemente, podría haber algunos impedidos. Si un representante investigador participó en la elección de un magistrado al que ahora pretende investigar, claramente no cuenta con la independencia que debe acreditar a un juzgador. Una causal de pérdida de investidura es, justamente, la de incurrir en conflictos de intereses.

C.O.T.- Se podría decir que usted es parte de la generación sana del Consejo Superior de la Judicatura y se le conoce por las batallas internas que ha dado a costa de muchos dolores de cabeza. ¿La investigación de la Contraloría caldeó el ambiente interno otra vez?

N.R.C.- En la Sala Administrativa hay ahora una gran armonía, pero en la Disciplinaria, donde están los investigados, hay inconformidad conmigo.

C.O.T.- ¿Por cuál motivo?

N.R.C.- Por las declaraciones que he dado a la prensa. Y porque en diciembre y enero se decretó la creación de unos cargos en la Sala Disciplinaria que nosotros, como Sala Administrativa, derogamos.

C.O.T.- ¿La situación de tensión interna le ha creado problemas en su trabajo diario?

N.R.C.- El Consejo Superior de la Judicatura existe formalmente, pero es un nombre que agrupa a dos salas diferentes que se reúnen, y no siempre, una vez al mes para tratar temas comunes. Pero son independientes. Para contestar la pregunta, como magistrado de la Administrativa mi trabajo diario no se afecta en nada. Pero cuando hay que ir a sala plena, padezco o sufro las consecuencias (risa)… y se siente uno…

C.O.T.- …¿cómo se siente?

N.R.C.- La única reunión de sala plena que ha habido este año duró dos horas. De ellas, alrededor de hora y media transcurrió en medio de las críticas de algunos miembros de la Sala Disciplinaria contra mí. Soporté el ‘varillazo’ y el mundo siguió rodando. No pasó nada.

C.O.T.- ¿Qué le criticaban?

N.R.C.- No quisiera ser más específico. Afirmo que se me criticó muy duro y punto.

C.O.T.- A su llegada usted tuvo que enfrentar a un magistrado muy mal recibido por la opinión de prensa, pero muy fuerte hacia dentro: José Alfredo Escobar Araújo. Ya retirado él y después de que usted fue nombrado presidente de su sala, ¿cree que ha valido la pena la batalla?

N.R.C.- Claro que sí. Uno debe hacer en la vida lo que hay que hacer. Y toca soportar las consecuencias que acarreen los actos que uno ejecute.

C.O.T.- ¿Cómo fue posible que la sala que hace un tiempo lo repudió, hoy lo elija?

N.R.C.- La decisión tomó cinco minutos porque se respetó la larga tradición de que el magistrado que lleve más tiempo en la sala y que no haya sido presidente, se nombra. Me correspondía a mí porque los otros ya habían estado en el cargo o su ingreso había sido posterior al mío. Fue una decisión fácil, rápida, amistosa y tranquila.

C.O.T.- …¡Las vueltas que da la vida! ¿Cierto, magistrado?

N.R.C.- Sí. Las vueltas que da la vida (risas).

Comisión de Acusación: ¿investiga o ejecuta una venganza?

La Contraloría General anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado carrusel de las pensiones, un método que consistía en nombrar a unos funcionarios para que éstos incrementaran sus pensiones entre 400 y 550%. La contralora Sandra Morelli decretó también el embargo de los bienes de los investigados mientras se les comprueba la culpa o se les exime. Los procesados son el exmagistrado Temístocles Ortega, hoy gobernador del Cauca; y los magistrados Henry Villarraga, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea, Álvaro Rojas Marroquín, José Antonio Castilla y María Mercedes López. En cuanto se hizo público el caso, la Comisión de Acusación de la Cámara, que como se sabe es un órgano integrado por políticos, reclamó para sí la competencia del asunto de estos togados, unos de los pocos de la rama que tienen estrechos nexos con los parlamentarios. La Comisión filtró, además, la lista de 200 magistrados de las otras cortes que habrían incurrido en una conducta igual. Por eso, su actitud se interpretó, de un lado, como la defensa de sus amigos de la Disciplinaria y del otro, como la continuación del ataque a la justicia que viene del gobierno pasado.

No más pensiones especiales, dirá la Corte Constitucional

De acuerdo con las pruebas de la Contraloría, la magistrada María Emma Garzón nombró a cuatro auxiliares por períodos de no más de tres meses. La pensión de dos de ellos, después de seis semanas de trabajo, pasó de $2,5 millones a $11,5 millones. Y la pensión de los otros dos, de $4,2 millones a $12,8 millones. Otro investigado es Henry Villarraga, quien tuvo a tres funcionarios cuyas jubilaciones brincaron de $3,9 millones a $12,9 millones. Como se recuerda, los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura son elegidos por el Congreso en pleno, de ternas que entrega el presidente. Por eso, varios de los elegidos, más que tradición jurídica, tienen buenas relaciones políticas. En coincidencia con estas investigaciones, la Corte Constitucional está a punto de pronunciarse sobre la validez de una ley que aprobaron, para su beneficio, los senadores y representantes. Según la ley demandada, los parlamentarios tienen un régimen especial de pensiones: su monto será igual al de su salario durante el último año trabajado (el más alto) y no al promedio de lo devengado en los 10 últimos años, como ocurre con los ciudadanos corrientes. Según se ha filtrado, la Constitucional derogará la norma por violación al derecho a la igualdad. Por afinidad, el sistema especial de los togados también caerá.