"No creo que el procurador esté jugando ajedrez"

Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación.

Cecilia Orozco Tascón.- Un enfrentamiento de muy alto impacto político y judicial se ha iniciado en el país con la apertura de investigación en la Procuraduría a Germán Vargas Lleras por presuntos nexos con el paramilitarismo, y con las denuncias penales, derivadas de esa decisión, del ministro a la familia del expresidente Uribe ¿Qué hará usted, en mitad de ese lío?

Fiscal Eduardo Montealegre Lynett.- Hay que aclarar que la Fiscalía no tiene competencia para examinar la conducta del ministro porque se trata de hechos que sucedieron en la época en que él era congresista. Pero sí vamos a iniciar una investigación por las afirmaciones que él hizo ante un fiscal sobre la existencia de un complot de desprestigio en su contra, del que haría parte el hermano del expresidente Uribe.

C.O.T.- ¿Va a llamar a declarar al familiar del exmandatario?

E.M.L.- Si. La Fiscalía va a llamar inmediatamente al señor Santiago Uribe y también al testigo que el ministro dice que tiene la información.

C.O.T.- Las declaraciones de un condenado en las que supuestamente se está basando el procurador para iniciarle investigación al ministro Vargas, reposan en la Fiscalía hace más o menos seis años ¿Enviará esas declaraciones a la Corte Suprema y a la Procuraduría?

E.M.L.- En este momento la Fiscalía General no tienen ninguna evidencia creíble sobre supuestos vínculos del exsenador Vargas con grupos paramilitares. Sin embargo, vamos a reconstruir todos los elementos que haya en nuestros archivos para usarlos en la investigación que se iniciará a partir de la denuncia del ministro.

C.O.T.- En su opinión ¿es coincidencial que Ordóñez – en trance de reelección - tome la decisión de investigar al ministro de Vivienda en momentos en que la confrontación Santos – Uribe está en su punto más crítico?

E.M.L.- No creo que el procurador esté jugando una partida de ajedrez. Para mí es una casualidad que mientras se plantea la posibilidad de la reelección del procurador, se presenten las circunstancias que obligan a iniciar una investigación. No veo ningún cálculo en su decisión.

C.O.T.- ¿Y qué opina del segundo anuncio del procurador en menos de 24 horas, en el sentido de que iniciará otra investigación a Vargas Lleras y al exministro Juan Carlos Esguerra, además de a los congresistas que participaron en la discusión de reforma a la justicia?

E.M.L.- La garantía constitucional de la inviolabilidad del voto parlamentario y de las opiniones de los congresistas en el debate legislativo, no solo opera en materia penal. También en materia disciplinaria. Por esta razón, cualquier acción para establecer responsabilidad por los votos u opiniones de los congresistas durante el trámite de la reforma a la Justicia no tiene vocación de prosperar. En cuanto a la situación de los ministros, hay tener en cuenta que rige el principio de autorresponsabilidad. Significa que se responde por hechos propios y no por los ajenos. Si hubo algún exceso en el ejercicio de las competencias de la comisión de conciliación, estas no les son imputables a los ministros.

C.O.T.- Si eso es así de claro ¿por qué el procurador anuncia apertura de procesos?

E.M.L.- Es solo un formalismo porque no se trata de una apertura de investigación propiamente dicha sino de la utilización de un instrumento jurídico para determinar si tienen o no relevancia jurídica los comportamientos de los ministros y del Congreso. El procurador esta cumpliendo con el deber constitucional de darle trámite a denuncias o quejas formuladas. En ningún caso la iniciación de una indagación significa anticipar un juicio.

C.O.T.- Considerando el intenso grado de amistad de Alejandro Ordóñez con Fernando Londoño ¿Cree posible que el procurador esté, más bien, abandonando la idea de reelegirse en el cargo para empezar a posicionarse como candidato presidencial del uribismo?

E.M.L.- El procurador ha dicho que mientras esté en el ejercicio del cargo no va a pensar en aspiraciones políticas. Como dijo un importante dirigente conservador, a la gente hay que creerle y yo le creo.

C.O.T.- Precisamente la semana pasada se celebró una reunión en un club de Bogotá de un grupo político de oposición al gobierno Santos, liderado por el expresidente Uribe y el exministro Londoño ¿Ese movimiento será una fuente de preocupación para la Fiscalía puesto que anuncia un “frente contra el terrorismo”?

E.M.L.- No puedo alabar o descalificar las concepciones políticas del ex presidente Uribe y del exministro Londoño. Lo único que sí debe quedar claro es que la Fiscalía libra una batalla denodada contra el terrorismo, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, desde hace veinte años.

C.O.T.- Esta conmoción política se presenta inmediatamente después de la debacle que generó la fallecida reforma a la justicia. Usted jugó un papel importante en su defensa. Tanto, que se ganó muchas críticas ¿Traspasó los límites que le imponen sus funciones cuando se reunió, por ejemplo, con el directorio conservador?

E.M.L.- Creo que el fiscal no solo tiene la facultad sino también la obligación de opinar sobre los temas relevantes del país en momentos de grave crisis institucional. Me pareció que era mi deber contribuir con argumentación jurídica para superarla. Las propuestas que formulé en el proyecto de reforma a la justicia se enmarcan en el plano de la institucionalidad y de la Constitución. Acepté una invitación del partido conservador con el fin de explicarles a sus miembros, justamente, que los votos y opiniones de los parlamentarios son inviolables.

C.O.T.- ¿También les explicó que la inviolabilidad parlamentaria no incluye una supraprotección constitucional frente a los procesos penales derivados de la comisión de delitos, como pretendía la reforma?

E.M.L.- Sí señora. Les dije que cuando se presentan delitos o hechos que rompan el genuino debate parlamentario, la inviolabilidad no los ampara.

C.O.T.- ¿Es cierto que usted promovió ciertos artículos de la reforma en reuniones privadas con congresistas y magistrados?

E.M.L.- Siempre expresé públicamente mi opinión con respecto a todos los aspectos de la reforma a la Justicia. Hablé en los medios de comunicación y en el Congreso, por ejemplo, sobre la inconveniencia de reducir o restringir el fuero integral del Fiscal General, de los magistrados de las altas cortes y del Presidente de la República. Hice una o dos reuniones en mi casa para debatir temas de la reforma pero las posiciones que expuse allí ya habían sido comentadas en escenarios abiertos.

C.O.T.- ¿Es verdad que también apoyó en esas reuniones otros artículos de la reforma que no tenían que ver con la Fiscalía directamente?

E.M.L.- Sí. Apoyé y sigo apoyando muchas otras normas incluidas en la reforma como los mecanismos de seguridad jurídica, de descongestión, fortalecimiento presupuestal de la rama, rediseño del Consejo Superior de la Judicatura, etc. Esos aspectos eran recuperables y no implicaban atentados al Estado de derecho. Pero hubo desbordamiento en la comisión de conciliación. Por eso aceptamos las objeciones del presidente.

C.O.T.- ¿Quiénes asistieron a sus reuniones y cuándo las realizó?

E.M.L.- Hice esas reuniones de discusión pluralista en el mes de abril cuando caían sobre la reforma grandes críticas y cuando las cortes querían dejar de participar en el debate. Pensé que era importante que volvieran y que se diera la discusión. Invité a varios ministros, parlamentarios y magistrados.

C.O.T.- Déme por favor algunos nombres.

E.M.L.- Asistieron los magistrados de la Corte Suprema Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte; el presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez; el presidente de la Cámara Simón Gaviria; los ministros Germán Vargas y Juan Carlos Esguerra. Pero hubo otros más.

C.O.T.- En los círculos que lo critican también se ha dicho que usted exageró la importancia de una denuncia de la magistrada del Consejo de la Judicatura María Mercedes López sobre presuntas falsedades en actas de la Sala Disciplinaria, por salvar la reforma ¿En qué quedó esa queja?

E.M.L.- No exageré de ninguna manera y ya hay avances. La Fiscalía General formuló cargos contra la secretaria de la Sala Disciplinaria Yira Lucía Olarte por varios delitos de falsedad documental.

C.O.T.- Cuando usted fue elegido se suponía que quien llegara a la Fiscalía lo iba a hacer por año y medio pero usted ha dicho que puede quedarse los cuatro años del periodo ¿En qué se basa?

E.M.L.- No puedo dar por hecho que me quedo cuatro años. Mi interpretación de la Constitución y del acto en que se me nombró es esa. Pero quien tiene la palabra la última palabra es el Consejo de Estado. No obstante yo sí he proyectado mi gestión para cuatro años.

C.O.T.- ¿Condiciona tal expectativa sus opiniones y sus decisiones como fiscal?

E.M.L.- De ninguna manera.

C.O.T.- No es difícil suponer que su gestión y sus decisiones se afecten por temor a perder la posibilidad de que le concedan los cuatro años.

E.M.L.- Tengo la firme convicción de que el Consejo de Estado es independiente y que no hay ningún elemento extraño que lo pueda alcanzar.

C.O.T.- Esa reforma a la justicia que usted defendió, terminó en una feria de favores mutuos entre congresistas y magistrados ¿No cree que la credibilidad de todos quedó lesionada?

E.M.L.- No hubo concesiones mutuas entre el Congreso y las altas cortes. Creo que ése es un concepto equivocado. Las cortes no renunciaron absolutamente a ninguno de sus principios. El fuero y la doble instancia para las investigaciones de los congresistas se basan en un fallo de la Corte Constitucional que exige la separación entre la función de investigación y la de juzgamiento. Y si usted me pregunta, tengo que decir claramente que estoy de acuerdo con que los congresistas tengan derecho a las dos instancias.

C.O.T.- Eliminarle las facultades de investigación y decisión final a la Sala Penal que condenó a muchos congresistas, no se entiende en el contexto actual ¿No pensaron en la inconveniencia ética de tiempo?

E.M.L.- Hace diez años o más el país está hablando de la necesidad de una reforma constitucional y de ser más garantistas en el proceso penal de los congresistas. No se había podido adelantar, entre otras razones porque siempre se ha invocado el argumento de que la coyuntura política del país no lo permite. Con esa tesis, por respetable que sea, nunca podríamos hacer una gran transformación a la justicia. En la etapa de conciliación se presentaron unas fallas en el sentido de no haber incluido normas de transición que evitaran el caos de que habló el presidente. En ese sentido él tenía razón.

C.O.T.- Perdone usted pero fuera de las normas de transición, la reforma a la justicia no solucionaba sino las aspiraciones de las cúpulas legislativas y judiciales. Nunca oímos hablar de los problemas de la base, o sea de los despachos judiciales de primer y segundo nivel ni menos de los salarios de los jueces. En cambio supimos del escandaloso nivel de ingresos de los secretarios de Senado y Cámara.

E.M.L.- Estuve de acuerdo con los ejes centrales de la reforma pero también tuve divergencias en muchos puntos que el Congreso aprobó finalmente. No era mi función estar pendiente allá, vigilando cómo evolucionaban los temas y tampoco estuve de acuerdo, repito, con lo que se cambió en la conciliación.

C.O.T.- Varias decenas de congresistas que participaron en la discusión de la reforma y que la votaron, tenían conflicto de interés porque eran beneficiarios directos de las modificaciones que se impulsaban allí. Previamente los mismos parlamentarios se habían aprobado la eliminación del régimen de impedimentos para habilitarse para votar ¿No le parece cuestionable la aprobación de la reforma en esas circunstancias?

E.M.L.- Como usted dice, ya había sido aprobada una reforma para permitirles participar en proyectos de actos legislativos. No podían aducir impedimentos o conflicto de interés porque ya no los tenían. Y si no existiera esa norma, se paralizaría toda posibilidad de adelantar reformas a la Constitución porque si hay conflictos de interés o impedimentos de los parlamentarios ¿quién las aprobará?

C.O.T.- Los que no tengan procesos judiciales pendientes, que es lo sano. Entonces ¿usted estaba de acuerdo con que los congresistas que tenían abiertos procesos penales pudieran votar la reforma que modificaba su propio régimen de juzgamiento?

E.M.L.- Dada la indeterminación de las normas constitucionales, creo que no se pueden aducir impedimentos.

C.O.T.- El capital moral que había conquistado principalmente la Corte Suprema en los dos periodos de Uribe, se dilapidó por completo durante el tránsito de esta reforma porque los actuales magistrados aceptaron y promovieron para sí los beneficios de ampliación de periodo y edad de retiro ¿También estuvo de acuerdo con esta parte de la reforma?

E.M.L.- Sí. Estuve de acuerdo con las prórrogas.

C.O.T.- ¿Por qué?

E.M.L.- La ampliación del periodo de los actuales magistrados tiene el discurso de la estabilidad en la jurisprudencia y no era una concesión, un capricho o un juego de toma y dame, como lo presentaron. Creo en los periodos largos de los magistrados. Inclusive los miembros de muchas cortes supremas y constitucionales de otros países son vitalicios.

C.O.T.- Con una gran diferencia: los vitalicios fueron elegidos como tales. Los magistrados actuales llegaron a sus cargos elegidos para 8 años, una regla que iban a modificar para su propio beneficio.

E.M.L.- Es posible hacerlo desde el punto de vista constitucional. La Corte ha permitido la aplicación de reformas abstractas en materia de periodos a funcionarios que ya han sido elegidos.

C.O.T.- Déme un ejemplo, por favor.

E.M.L.- Al Registrador se le amplió el periodo una vez que se requería una transición institucional.

C.O.T.- No creo que sea el mismo caso pero además, las interpretaciones jurídicas no pueden aislarse por completo de las políticas de moral pública.

E.M.L.- La discusión entre el derecho y la moral se da hace dos mil años y aún no termina. Hasta ahora ha predominado el positivismo jurídico según el cual al momento de tomar decisiones hay que sustraer las posturas éticas ¿Qué tal que se cambiaran las formas jurídicas en los juicios para tomar decisiones conforme a la ética de cada quien?

C.O.T.- ¿Puedo interpretar que para usted es relevante exclusivamente el marco legal y que no le interesa tener en cuenta el factor de la moral colectiva?

E.M.L.- No. La Constitución acepta la conexión entre ética y derecho y no comparto el punto de vista de una separación tajante entre ambas disciplinas. Pero aunque son dos mundos que deben converger, las definiciones en ese campo son supremamente difíciles de seleccionar.

Entre Uribe y Santos

Cecilia Orozco.- Usted ha sido cercano tanto al expresidente Uribe como a Germán Vargas ¿Qué hará con las presiones que inevitablemente le llegarán cuando tenga que abordar la investigación por la denuncia del ministro contra el hermano del exmandatario?

Eduardo Montealegre.- La Fiscalía no se va a dejar presionar y tendrá que atender, únicamente, al Estado de derecho y a su Carta política.

C.O.- Se requerirá entonces un operador judicial con carácter fuerte e independiente. Usted tiene imagen de conciliador ¿Le tocará modificar su propio temperamento?

E.M.- No dude que seré firme cuando tome las decisiones que me correspondan.

C.O.- Debo insistirle: usted cuenta con grandes amigos en el sector uribista y tiene motivos de gratitud con ellos. Y, de otro lado, ha sido criticado porque se dedicó a ayudarle al presidente Santos en la crisis por la reforma a la justicia ¿Cómo creer que será autónomo?

E.M.- Rodrigo Uprimny recordaba la frase de un juez que decía que cuando a uno lo eligen, el primer deber que tiene es el de ingratitud. Recojo esa cita. El país debe tener la absoluta certeza de que ni los afectos ni las antipatías jugarán un papel cuando haya que tomar decisiones. Frente a su afirmación de que le “ayudé” al presidente Santos, quiero puntualizar que no se trató de un apoyo personal sino de una decisión institucional en una coyuntura difícil.

Fiscal no está impedido en caso Saludcoop: Corte Suprema

El nombramiento y la gestión de Eduardo Montealegre en la Fiscalía General, al frente de la cual solo lleva tres meses, no han estado exentos de polémica. La primera que surgió tuvo que ver con sus fuertes vínculos profesionales con Saludcoop, empresa que fue intervenida por el gobierno, según se dijo, por las graves irregularidades en que incurrió con el manejo de los recursos de la salud. Montealegre aceptó además, que es amigo cercano del presidente de esa organización, Carlos Gustavo Palacino, sobre quien hoy pesan varias investigaciones. El fiscal se declaró impedido de conocer los procesos que se adelantarán contra Saludcoop, de la que fue abogado en “temas constitucionales, administrativos, penales y fiscales”, tal como lo señaló en el escrito que le presentó a la Corte. En decisión de sala plena y con la firma de 20 magistrados, el alto tribunal acaba de declarar improcedente el impedimento. Se argumentó que Montealegre no es el funcionario competente para conocer los casos de la EPS. Una sola jurista salvó su voto: María del Rosario González indicó que no se podía garantizar imparcialidad de Montealegre aunque este no asumiera directamente los procesos contra Saludcoop porque él, como rector máximo de la Fiscalía, podía determinar las posiciones generales del ente de investigación.