"Si estuviera en la Corte me declararía impedido"

/ David Campuzano

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuánto hace que usted se retiró de la Corte Suprema?

Exmagistrado Jaime Arrubla Paucar.- Terminé mi período constitucional de 8 años el 26 de marzo de 2012.

C.O.T.- Los hechos que han seguido al intento fallido de la reforma a la justicia indican que la Corte Suprema de hoy es distinta de la que la precedió: acaba de elegir a dos colegas recién retirados como nuevos magistrados del Consejo de la Judicatura. Éstos, a su vez, habían elegido a quienes votaron por ellos. ¿Qué piensa de esta jugada?

J.A.P.- Como magistrado sostuve, y hoy sigo convencido, que los magistrados están inhabilitados para escoger a quienes los eligieron a ellos. El artículo 126 de la Constitución es muy claro: “…los servidores públicos no podrán designar a personas vinculadas por… lazos (familiares) con servidores públicos competentes para intervenir en su (propia) designación”. A este artículo se le ha querido dar la interpretación de que la imposibilidad de elegir al funcionario que participó en la elección propia no se refiere a él sino a sus parientes. Es absurdo: si usted no puede nombrar a la esposa, el primo o el hermano de quien lo eligió, menos aún puede hacerlo al mismo que votó por usted. Es un desafuero entenderlo así.

C.O.T.- ¿Esa interpretación no es más bien una disculpa para elegirse entre sí y agradecerse los favores mutuos?

J.A.P.- Durante el tiempo que estuve en la Corte siempre existieron ambos criterios, porque hay un principio en materia de inhabilidades que es el restrictivo, es decir, que la norma no puede hacerse extensiva a situaciones que no contempla expresamente. Para evitar esas interpretaciones es necesario hacer clara la inhabilidad mediante una reforma, aunque para mí es diáfana.

C.O.T.- Los elegidos a magistrados del Consejo de la Judicatura (salvo tres votos en blanco) son Francisco Ricaurte y Pedro Munar. Sin contar con los impedimentos de ley, ¿qué puede esperar la ciudadanía de una Corte que elige a sus amigos sin consideración al recato público?

J.A.P.- Primero quiero decirle que si hubiera estado en la Corte, me habría declarado impedido de votar por ellos. Segundo, no quiero hacer una calificación ética de la Corte, porque no me corresponde, pero sí puedo insistir en que una correcta reforma constitucional al funcionamiento de la rama impediría que se presentaran estas situaciones.

C.O.T.- En todo caso, Ricaurte y Munar ya están elegidos. Éstos a su vez, siendo aún miembros de la Suprema, lograron que se eligieran a varios de los magistrados actuales. Por ejemplo, acaba de llegar a ese tribunal Gustavo Malo, amigo cartagenero de Ricaurte. ¿No es este un esquema que irá pervirtiendo la Corte irremediablemente?

J.A.P.- En cualquier corporación, incluida la Corte Suprema, en donde haya un sistema mixto de elección de sus integrantes como en este caso, tanto las listas de candidatos como los votos en la Sala Plena deben estar inspirados por principios muy claros. No sería capaz de criticar a nadie en particular. Simplemente planteo lo ideal, lo que se debe esperar. Si las normas, tal cual están redactadas, dejan abierta la posibilidad de que lleguen los más amigos en lugar de los más capaces, hay que depurarlas. Este es un argumento más para pensar de nuevo en una reforma. Lo que sí no se puede permitir es que ocurra lo que usted afirma y no se haga nada.

C.O.T.- Una situación similar se presentó en la Suprema con su postulación de Alejandro Ordóñez al nuevo período de la Procuraduría. Varios magistrados presentaron sus impedimentos, pero no se los aceptó la Sala Plena a pesar de que ellos tienen familiares empleados por el postulado. Se dijo que el impedimento existe para juzgar a Ordóñez, pero no para elegirlo. ¿Qué opina de esta interpretación que se parece a la de votar por quienes votaron por uno?

J.A.P.- Cuando se nominó al anterior procurador, Edgardo Maya Villazón, se presentaron varios impedimentos de miembros de la Corte que se encontraban en idénticas circunstancias a las de los magistrados de hoy. En esa oportunidad la Corte les aceptó los impedimentos y el quórum quedó considerablemente disminuido, no obstante lo cual el doctor Maya logró la votación necesaria. En mi opinión, esos impedimentos presentados en el caso de Ordóñez han debido ser aceptados y quienes tenían o tienen parientes subalternos del procurador no debieron participar en su postulación.

C.O.T.- A su juicio, el hecho de que los magistrados impedidos hubieran votado, con lo cual se consiguió la mayoría requerida para que Ordóñez fuera el candidato de la Corte Suprema, ¿invalidó su postulación?

J.A.P.- Por lo menos da méritos para que se presente una discusión judicial al respecto. En mi opinión particular, sí se creó un vicio.

C.O.T.- En el momento de la elección de Ordóñez como candidato de la Suprema, organizaciones ciudadanas pidieron a la Corte que hubiera una convocatoria pública para escoger al aspirante. Tampoco se hizo. ¿Esta decisión contradice actitudes anteriores de la Corte o como se ha dicho o nunca se han hecho este tipo de procedimientos en la Suprema?

J.A.P.- Hace ya un tiempo que la Corte hizo esa apertura a pesar de que la Constitución no se la exige. La voluntad de la Sala Plena fue la de realizar convocatorias públicas para el caso concreto de la Procuraduría y de otros nombramientos. Esto no requiere mayor esfuerzo de verificación. No es sino revisar las actas.

C.O.T.- Como miembro activo de la Corte usted participó en parte de la discusión del fallido proyecto de reforma a la justicia. ¿Qué opinó respecto de la ampliación del período y la edad de jubilación para los magistrados?

J.A.P.- Como presidente de la Corte participé en la comisión de expertos que se instaló para contribuir con temas para el proyecto de reforma a la justicia. Allí dejé sentada mi posición en el sentido de que una modificación al período o a la edad de jubilación de los magistrados no debía cubrir a quienes formaban parte actual de las cortes. Así lo expresé también en la Sala Plena. Incluso pedí que la Corte Suprema, como tal, dijera que no aceptaba esas ampliaciones, pero por mayoría se decidió que era mejor guardar silencio.

C.O.T.- Guardar silencio, que fue lo que en efecto hizo la Corte, ¿no era una forma de estar de acuerdo con tales beneficios, pero sin desgastarse ante la opinión?

J.A.P.- Guardar silencio era una posición admisible para no añadirle ingredientes perturbadores al debate, pero lo que sí no podía admitirse era que se interviniera por parte de algunos en sentido contrario.

C.O.T.- ¿Quiénes fueron los que actuaron en sentido contrario?

J.A.P.- No me consta, pero leí y oí en los medios de comunicación afirmaciones que no han sido desmentidas.

C.O.T.- A propósito del tema, ¿por qué cree que es hora de replantear una reforma a la justicia a tan pocos meses de caída la primera por el escándalo?

J.A.P.- Hay varios puntos de la anterior reforma que estaban bien planteados. La propuesta se cayó por la interferencia de otros intereses. Hay que retomar lo positivo e incluir temas nuevos que hoy se ven como necesarios para iniciar otro proceso.

C.O.T.- Precisamente en una columna suya en El Nuevo Siglo afirma “que es necesario superar la fracasada reforma… (y) blindarla para que no puedan apropiársela intereses con bajos propósitos…” ¿A qué se refiere con la última frase?

J.A.P.- A que en la parte final del trámite de la reforma en el Congreso aparecieron los temas que indignaron a los colombianos. Pese a que durante casi toda la discusión había quedado claro que las ampliaciones serían válidas sólo para los próximos integrantes de las cortes, a la “hora de nona” se aceptó que cobijara también a los actuales. Simultáneamente se aprobó un cambio impresentable en el procedimiento de investigación y juzgamiento de los congresistas. Estas dos propuestas, además de que hundieron toda la reforma, crearon una especie de veda general como ya se sabe y lograron una movilización de la sociedad en su contra que no tiene antecedentes.

C.O.T.- Aparte de las obvias razones éticas, ¿había argumentos jurídicos o constitucionales que impedían esas dos propuestas?

J.A.P.- Claro que sí. En primer lugar, la reelección de los magistrados está prohibida claramente en la Constitución. Ampliarles el período equivalía a una reelección disfrazada. En segundo, el proceso conocido con el remoquete de la parapolítica, uno de los más grandes que se han visto en Colombia en su historia, aún estaba en curso. Era un despropósito, en mitad de su ejecución, cambiar al investigador, reformar el fuero de los congresistas y crear otras instancias. Eso equivalía a ponerle un palo en la rueda al carro de la justicia.

C.O.T.- El Congreso y las altas cortes eran distantes en escenarios y comportamientos. ¿En qué momento y por qué se amalgamaron los intereses de unos y otros?

J.A.P.- No lo sé. Por lo sucedido reitero que es evidente que entraron a jugar unos intereses que no eran los de la justicia. Si hubo conciertos para ajustar la reforma a esos intereses, ese escenario sería peor que el de la yidispolítica, porque uno no puede negociar en interés particular la Constitución. Ni más faltaba. Si eso ocurrió, debe investigarse.

C.O.T.- Uno no se explica cómo se ha divorciado tanto la Corte Suprema de la opinión pública, con la que estaba perfectamente conectada. ¿Cómo fue posible ese cambio? ¿Llegaron allí personas que no tienen el nivel jurídico ni la talla moral?

J.A.P.- Es un punto bien complejo de analizar. Todavía confío en que la Corte tenga personas de gran valor humano, ético y jurídico. Y en que, simplemente, haya desconcierto por el retiro de tanta gente en tan poco tiempo. En casi un año cambió la composición de la Corte en un 50% y en dos años, casi en un 75%. Obviamente uno ve tendencias que aún demorarán en perfilarse.

“Elegir a funcionarios sólo trajo líos y distorsiones”

Cecilia Orozco.- Usted propone pensar en una nueva reforma a la justicia. ¿Cuáles temas deberían ser los prioritarios?

Jaime Arrubla.- Hay varios: el gobierno de la rama, la forma de elección de los magistrados de las altas cortes, los requisitos para ocupar cargos en esas corporaciones, la reelección en la Procuraduría, qué hacer con el Consejo de la Judicatura, etc. 

C.O.- ¿Admite que hay apartes de la Constitución que quedaron mal diseñados?

J.A.P.- Indiscutiblemente. Es necesario defender la Constitución, pero hay que admitir que requiere retoques. Y en el campo de la justicia son muchos los que son indispensables.

C.O.- ¿Es de los que creen que la función de elegir funcionarios por parte de las cortes resultó una maldición para ellas?

J.A.P.- La función esencial de una Corte es administrar justicia y colaborarle al Estado en lo que le corresponda. Habrá excepciones en lo atinente a participar en elecciones, como la del fiscal general, quien, por sus funciones, está estrechamente vinculado a la rama. Pero lo demás, como está visto, sólo trae líos y distorsiones.

Fuertes críticas a la nueva Corte

En los últimos dos años la transformación en las posiciones de la Corte Suprema ha sido notable y la percepción de la opinión pública ante esta nueva corporación no parece favorable. De acuerdo con las respuestas de los líderes que contestaron encuestas a la empresa Cifras y Conceptos, el concepto “confianza” bajó 19 puntos en cuanto a la Corte: de 70 puntos sobre 100 en 2010, descendió a 60 en 2012. En sondeos de otras encuestadoras le va peor. Con ocasión de la elección por ellos mismos, de dos de sus exmagistrados al Consejo de la Judicatura, dos diarios —El Espectador y El Heraldo— publicaron fuertes editoriales contra el alto tribunal hace dos días. Este diario dijo: “Parece que, por arte de magia de unos pocos, volvimos a la época de la cooptación, consagrada en nuestra conservadora Constitución de 1886 —hecha hace dos siglos—. Al traste dimos, entonces, con un sistema democrático alejado del clientelismo”. Por su parte, El Heraldo aseguró: “La Corte Suprema ha llegado a un estado tal de cosas inmorales, que cada vez se parece más al Congreso de la República que en 1991 hizo necesaria la Constituyente y su revocatoria inmediata. Prebendas, negociaciones…, carruseles de favores, agencia de empleos para sus familiares, es parte, pero no todo, del despeñadero moral… de la que alguna vez fue el faro moral de la República”.