Foto: Oscar Pérez - El Espectador

El ex senador Jimmy Chamorro, principal responsable de la llegada al país de la Corte Penal Internacional.

El nombre de Jimmy Chamorro sonaba mucho hasta hace unos dos años, cuando intentó lanzarse por cuarta vez al Senado solo, sin el aval de los partidos, porque “no creía” en ninguno. Incluso, intentó unir fuerzas con otros rebeldes políticos: Peñalosa y Mockus, pero no fue posible llegar a ese meta, para pesar de la democracia, porque las voces de estos tres subversivos del intelecto hubieran enriquecido el debate en los tiempos aciagos que corren hoy.

Con el esfuerzo personal y el de la iglesia cristiana a la que pertenece, sacó más de 86 mil votos, es decir, la segunda o tercera cifra más alta del Congreso para la elección de 2006. Pese a ello, no alcanzó la credencial de congresista debido a las nuevas e intrincadas reglas del juego electoral vigente.

Ahora Chamorro vuelve a adquirir notoriedad por haber sido el autor e impulsor de la idea de que Colombia ingresara a la lista de naciones que apoyan el Estatuto de Roma y en consecuencia se someten a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Cuando ese poderoso instrumento de justicia supranacional apenas nacía, este líder cristiano de cara seria, que predica con razonamientos, en calma y sin prometer milagros a gritos en las plazas, ya estaba dando la batalla en el Capitolio para que se aprobara la reforma constitucional que se requería para poder adherir a la CPI. Consiguió su objetivo dos años más tarde, luego de dar muchas batallas que se zanjaron finalmente con un acuerdo entre el gobierno de entonces y los congresistas liderados por Chamorro.

El tratado fue aprobado después de un número de debates insólito para la legislación colombiana: doce. Con todo, la ratificación del Estado —acto necesario para que se completara el proceso de aprobación— se produjo sólo dos días antes de que terminara el mandato de Andrés Pastrana, o si se quiere mirar bajo otra óptica, dos días antes de que se iniciara la era Uribe.

Se trata de una curiosidad histórica que dará mucho de qué hablar si la CPI decide finalmente poner sus ojos y meter sus manos en dos procesos que han tenido honda repercusión nacional: el paramilitarismo y la sorpresiva extradición de catorce de sus jefes en momentos en que confesaban sus delitos más graves, por un lado; y por el otro, la parapolítica, enfermedad conexa con el mal anterior. Paradójicamente, Jimmy Chamorro había sido también el autor de las primeras denuncias, ante los órganos competentes, de irregularidades en las elecciones de 2002, a las que entonces llamó “la suplantación de electores” bajo la intimidación paramilitar en varias zonas del país. En ese momento pocos le pararon bolas. Hoy tenemos constancias de que estaba en lo cierto, tanto que hasta el fiscal Luis Moreno Ocampo, de la CPI, quien llega mañana a Bogotá, está revisando el tema con mucha atención.

Cecilia Orozco Tascón.- Una vez que Colombia aprobó su adhesión a la Corte Penal Internacional, ¿por qué hubo demoras en su ratificación, que sólo ocurrió días antes de que terminara el gobierno Pastrana?

Jimmy Chamorro.- El Estatuto de Roma y la adhesión de Colombia a la CPI se convirtieron en ley de la República, pero era necesario depositar el instrumento de ratificación ante el secretario general de Naciones Unidas, Koffi Anan. Para ser justos, quizás el gobierno no se demoró tanto pero estábamos muy nerviosos porque el tiempo se acababa. Finalmente, el 5 de agosto de 2002 se ratificó el instrumento.