La entrevista de Cecilia Orozco 19 Jul 2008 - 2:11 am

Operativo de rescate perdió aureola de impecable

La revelación de la cadena norteamericana CNN y la aceptación del presidente Uribe de que el emblema de la Cruz Roja había sido violado por parte de un militar colombiano durante la liberación de los 15 secuestrados, le arrebató a esa operación el carácter de “perfecta” que Íngrid Betancourt y el mundo entero le dieron.

Por: CeciliaOrozco Tascón/ Especial paraEl Espectador
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Foto: Federico Rios - El Espectador

Aunque la admiración del país por las Fuerzas Armadas no disminuyó un ápice, sí descendió entre los organismos y naciones que vigilan el cumplimiento de todas y cada una de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, no habrá consecuencias diferentes a las de un llamado de atención y la desconfianza silenciosa de la entidad de socorro. Dos expertos explican por qué una falla que se juzga “pequeña” internamente es, de cualquier manera, importante para la imagen externa del Gobierno.

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 Internacionalista Enrique Gaviria Liévano

“No se puede justificar el uso de todos los medios”

Enrique Gaviria Liévano posee una de las más vastas experiencias en el campo de la diplomacia y del Derecho Internacional. Ha sido jefe de la oficina de Tratados y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador formal en países europeos por lo menos en cuatro ocasiones y muchas veces delegado de Colombia para misiones especiales ante diferentes organismos de Naciones Unidas, varios de ellos de derechos humanos y de justicia.

Ha sido catedrático de Derecho Constitucional e Internacional Público en las cinco universidades más importantes del país y cuenta con decenas de publicaciones sobre el Archipiélago de San Andrés, los diferendos limítrofes con Nicaragua y Venezuela, la historia de Panamá y su separación de Colombia, entre otras. Uno de sus libros, prologado en sus últimos días por el presidente Alfonso López Michelsen, saldrá dentro de algunas semanas.

En resumen, el abogado Gaviria Liévano es un verdadero especialista en las materias que ocuparon la atención de los colombianos la semana pasada, a raíz de la revelación de que un oficial de inteligencia militar usó indebidamente el distintivo de la Cruz Roja Internacional.

Cecilia Orozco Tascón.- El presidente Uribe reconoció que un militar colombiano utilizó un peto de la Cruz Roja Internacional. ¿Hubo violación del Derecho Internacional Humanitario, aun tratándose de un operativo para rescatar a civiles retenidos ilegalmente?

Enrique Gaviria Liévano.- El primer hecho que debe examinarse es si la actitud del oficial estuvo o no de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Jefe de Estado. Si el militar contrarió las órdenes de su superior, como se ha dicho, la violación puede ser menor, aunque hay que admitir que de todas maneras hizo algo indebido cuando utilizó el símbolo de la Cruz Roja.

C.O.T.- La decisión del mandatario de no sancionar al oficial y de no revelar su identidad ‘para protegerlo’, ¿surte efectos internacionales o queda pendiente la sanción a esa persona?

E.G.L.- Creo que ese asunto se dilucidará internamente, en el marco del mismo Ejército. Está por averiguar cuál es la responsabilidad del oficial involucrado, por la desobediencia a las órdenes impartidas y porque llevaba el emblema de la Cruz Roja en el bolsillo, cosa que me parece algo inusitada. En el plano internacional, fuera de una sanción moral para Colombia o de una llamada de atención de algún organismo internacional, no irán más allá.

C.O.T.- El hecho de que el operativo haya sido incruento, ¿no disminuye la gravedad de la violación de la norma?

E.G.L.- No es lo mismo una situación de confrontación armada que una como la que se dio en la ‘Operación Jaque’, que fue exitosa, y eso se debe aceptar. Ahora, lo que es absolutamente cierto y hay que repetirlo todas las veces, es que las convenciones internacionales prohíben de manera expresa la utilización de los símbolos de los organismos de socorro. El sentido de tales emblemas es el de la neutralidad en los conflictos armados y es en función de esa neutralidad que pueden realizar las operaciones que prevén los pactos internacionales de protección de la población civil. Por su lado, los miembros de la Cruz Roja también pueden temer que haya represalias contra ellos.

C.O.T.- Si alguien le preguntara por qué un Estado tiene que tener límites en sus métodos y decisiones estratégicas, mientras que grupos irregulares como las guerrillas no reconocen ningún reglamento ni se acogen a los pactos entre naciones, ¿qué respondería?

E.G.L.- Que el DIH está concebido para que todos los combatientes lo respeten y que es una obligación tanto para el Estado como para los alzados en armas. Ninguna de las partes puede argumentar que porque su contraparte no respeta esos preceptos, ella tampoco lo hará. Lo que sucede es que los Estados firman y ratifican las convenciones y en esa condición se espera que sean rigurosos y estrictos en el cumplimiento de lo pactado.


C.O.T.- Ante esas limitaciones, ¿los gobiernos no deberían de desistir de realizar operativos con estrategias similares a ésta que empleó Colombia?

E.G.L.- El Estado no puede abandonar sus obligaciones, sobre todo cuando hay rehenes. Lo importante es que en el planeamiento de sus operativos no se separe del cumplimiento de las normas.

C.O.T.- Usted dice que no cree que habrá más que un llamado de atención para el país. ¿Piensa que el Gobierno tendrá más bien un problema de imagen internacional?

E.G.L.- Sí, su imagen internacional podría deteriorarse, sobre todo en los organismos que vigilan el cumplimiento del DIH.

C.O.T.- Le repito lo que mucha gente piensa aquí, pese a que la imagen internacional del país sufra: en este caso el fin justificó los medios. Con esa premisa se podría decir que la utilización del emblema de la Cruz Roja y de la identidad de la ONG de España, Global Humanitaria, aunque ésta también haya protestado, fueron positivas. ¿Qué opina?

 E.G.L.- Que no se puede justificar el uso de todos los medios. Las limitaciones en situaciones de guerra o de conflicto armado se crearon para evitar los excesos y para proteger a los civiles y a quienes estén por fuera de combate, como por ejemplo los enfermos o los heridos. Por más que se le dé vueltas, el cumplimiento de las convenciones es ineludible, en especial entre los Estados de Derecho.

Constitucionalista Alejandro Martínez Caballero

“Con independencia del resultado, hubo un comportamiento irregular”.

A Martínez Caballero se le recuerda sobre todo por su investidura de magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Y más recientemente porque decidió, después de haber llegado a la cúpula de su carrera, pasarse al campo de la política. Pese a que había ostentado el rango judicial mayor, no tuvo problema en lanzarse a conseguir votos para llegar al Concejo de Bogotá y lo logró, apoyado en su partido. Allí trabajó hasta hace poco, cuando se retiró para dedicarse a cuidar su salud. Dirigente del Polo Democrático, Alejandro Martínez no ha dejado perder, sin embargo, la buena imagen que obtuvo en su época de miembro de la Corte. Es meticuloso en sus respuestas y estudioso de los temas internacionales. Aun cuando el Polo genera resistencias en el país ultraconservador de hoy, nadie puede decir que este profesor de Derecho Público de las universidades Nacional, Andes, Externado, Libre y Rosario, es un extremista. Por el contrario, en esta entrevista se nota el equilibrio que puede llegar a tener, sin alejarse del norte que le indica su ideología.

Cecilia Orozco Tascón.- El Presidente reconoció la falta que cometió un militar colombiano con respecto a la Cruz Roja Internacional. Para usted ¿Hubo violación del DIH pese a que el Gobierno iba a rescatar a 15 civiles?

Alejandro Martínez Caballero.- El Protocolo II de Ginebra prohíbe el uso de los emblemas de la Cruz Roja. Si se incumple la prohibición, hay violación a las normas del DIH. Del otro lado, que un grupo insurgente retenga a unos civiles en forma ilegal, también contraría el Protocolo. Tanto los Estados como los grupos irregulares que intervienen en un conflicto tienen que cumplir de “buena fe” los pactos internacionales. En concreto, la conducta del agente oficial del Estado colombiano fue violatoria de las reglas jurídicas del DIH.

C.O.T.- El Presidente dijo que el oficial que violó el emblema no será sancionado y aseguró que tampoco se revelará su identidad. ¿La decisión presidencial tiene efectos jurídicos internacionales?

A.M.C.- El problema es que, si aplicaran cualquier sanción internacional, el artículo 93 de la Constitución prescribe que los tratados de Derechos Humanos y del DIH priman sobre las normas nacionales, en virtud de que Colombia se incorporó a Naciones Unidas en la década del 40.

C.O.T.- El delito de perfidia está definido en el Código Penal colombiano y dice que será sancionado con prisión de entre 3 y 8 años. ¿Es aplicable ese delito al oficial en cuestión?

A.M.C.- En el plano interno, teóricamente los miembros de las Fuerzas Armadas tienen un estatuto especial que regulan los delitos cometidos por estos en el Código Penal Militar. Por lo tanto, me abstengo de hacer comentarios al respecto.


C.O.T.- Para el análisis de este caso, ¿es pertinente tener en cuenta que no se disparó ni un tiro durante el operativo?

A.M.C.- En mi opinión no se puede aislar la operación militar de inteligencia del uso no autorizado del símbolo humanitario, porque en el desarrollo de la misma se presentó la violación a las reglas que deben cumplir las partes en conflictos armados.

C.O.T.- Pero, ¿no es posible graduar la gravedad del incidente, es decir, disminuir la responsabilidad del país o del oficial, según haya sido el resultado de la operación, en este caso que todos salieron con vida?

A.M.C.- Sí, pero con independencia del resultado, hubo un comportamiento irregular porque se desconoció el Protocolo II que ya le mencioné, y que en su artículo 12 dice que “bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la Cruz Roja, o del León y Sol Rojo sobre fondos blancos, será ostentado tanto por el personal sanitario o religioso como por las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dichos signos deberán respetarse en toda circunstancia. No deberán ser utilizados indebidamente”.

C.O.T.- A un ciudadano que le pregunte por qué un Estado no puede permitirse ciertas libertades contra la guerrilla si ésta a su vez no respeta ninguna reglamentación, ¿qué le responde?

A.M.C.- Le respondería que los derechos humanos deben ser protegidos, aunque la otra parte no cumpla con los tratados internacionales. El comportamiento de los Estados está reglado en el DIH y en consecuencia es obligatorio para todo el mundo.

C.O.T.- Ante las limitaciones jurídicas, ¿debería el Gobierno suspender los operativos de rescate de los secuestrados?

A.M.C.- El problema no es el rescate de los secuestrados, sino el uso indebido y sin autorización de los símbolos humanitarios. Es ésa la actitud que se debe suspender.

C.O.T.- ¿Qué implica este hecho para Colombia en términos internacionales pese a que voceros de la Cruz Roja Internacional han sido muy discretos en los reclamos?

A.M.C.- Le corresponde a Naciones Unidas a través de su Comité de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia estudiar la queja, si se presenta; creo que la sanción será un llamado de atención para el Estado colombiano. Pero conductas como ésta, si se repiten, pueden poner en riesgo al país de sanciones mayores por usurpar señales protectoras.

C.O.T.- ¿Le cabría algún tipo de sanción internacional al país o al Presidente como comandante de las Fuerzas Militares en caso de que se agravara la situación?

A.M.C.- Si se llegara a la conclusión de que cabe una sanción, lógicamente habría responsabilidad del Estado y la del Presidente como jefe supremo de las Fuerzas Militares.

C.O.T.- Global Humanitaria, la ONG con sede en Barcelona, España, también ha protestado porque, según dijo, sus registros internacionales de identidad fueron usados en el operativo. A su juicio, ¿este hecho complica las cosas?

A.M.C.- Podrían complicarse en el sentido de que hay diferentes grados de sanciones, dependiendo del tipo de infracción de que se trate.

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