“Renuncio a la prescripción y me someto a la investigación”

Pocos currículos tan brillantes como el de Jaime Córdoba Triviño. Apenas llega a los cincuenta años y ya casi cumple su período de ocho, en uno de los dos tribunales más prestigiosos del país: la Corte Constitucional. Cuando se retire, en marzo de 2009, este magistrado habrá llegado a la cima con la que sueñan la mayoría de los juristas, y todavía tendrá tiempo de ejercer su profesión durante mucho tiempo.

Su carrera ha estado marcada por una sucesión de éxitos, desde hace por lo menos dos décadas. En la de los 80, y pese a su juventud, logró cosechar su primer triunfo por su valiente gestión como procurador delegado para los Derechos Humanos, cargo en el que se dio muchas pelas para defender la democracia real, no la de papel. Su alta calificación en ese rol le abrió paso, a comienzos de los 90, a la posibilidad de que su nombre fuera considerado como el ideal para estrenar la más novedosa figura de la Constitución en materia de derechos: la de Defensor del Pueblo. 

La buena racha de resultados continuó. En el 97, apenas recién salido de la Defensoría, Córdoba fue seleccionado por Alfonso Gómez Méndez para que fuera su vicefiscal. Esta pareja judicial dio mucho de qué hablar. Desde la cumbre de la Fiscalía, enfrentaron procesos muy sensibles e investigaron a narcotraficantes, políticos del proceso 8.000, corruptos de cuello blanco, uniformados que se habían excedido y por primera vez, a los paramilitares intocables de entonces.

De repente apareció un ‘traqueto’ con una versión que fue acogida por algunos medios. Según el hombre, el vicefiscal colaboraba con la mafia. Casi simultáneamente, un influyente político del Partido Conservador, Álvaro Leyva Durán, quien para ese momento era indagado por la Fiscalía, acusó a su investigador de haber recibido un cheque de los Rodríguez Orejuela. Ambos casos fueron abordados oficialmente por la propia entidad a través de fiscales delegados ante la Corte; examinaron, realizaron las pruebas y cerraron a favor del magistrado los procesos por “inexistencia de los hechos”.

Eso fue hace casi diez años. Su buen nombre quedó intacto. Tanto que Córdoba Triviño fue presentado por la Corte Suprema como su candidato para integrar la Corte Constitucional. Desde allí ha dictado a partir de que lo seleccionaron, decenas de sentencias, de nuevo, en defensa de los derechos ciudadanos. Pero en octubre del año pasado la pesadilla volvió. En desarrollo de una diligencia judicial con el extraditado narco Víctor Patiño Fómeque, este hombre del cartel de Cali empezó a repetir las acusaciones del pasado contra el magistrado Córdoba. Enseguida reapareció también la vieja denuncia de Leyva.

Ahora el magistrado enfrenta a sus jueces de la Comisión de Acusación de la Cámara, que quieren interrogarlo, a pesar de los fallos de los noventa.  En diálogo con El Espectador, Córdoba Triviño se muestra prudente pero también expresa su decisión de defenderse contra quien quiera que sea su enemigo abierto u oculto. Sin embargo, y a pesar de su impresionante trayectoria profesional, el escenario judicial actual no le favorece: se trata de un tribunal político en el que es innegable que existen otros intereses que influyen en las decisiones, más allá de los que indica la ley.

Cecilia Orozco Tascón.-  Su nombre fue mencionado por Patiño Fómeque en una diligencia judicial programada para que él declarara sobre Vicente Blel. ¿Qué relación hay entre usted y Blel?

Magistrado Jaime Córdoba Triviño.-  No tengo ni he tenido ninguna relación con el señor Blel. Por eso resulta un tanto extraño que en una declaración ordenada por la Corte Suprema para investigar la conducta de ese político, el narcotraficante Patiño Fómeque resulte haciendo afirmaciones sobre mi conducta. Sin embargo, tales declaraciones no me causan mayor sorpresa porque se refieren a hechos (de 1999 y 2000), que en su oportunidad ya conoció la justicia en profundidad.

C.O.T.- ¿Por qué lo involucraron en esa época?

J.C.T.- Una persona vinculada a los carteles de la droga dijo –señalando que no le constaba sino que había escuchado la versión– que sabía que se le había dado una fuerte suma de dinero al entonces Vicefiscal para favorecer a algunos individuos vinculados con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. Ese individuo no mencionó mi nombre sino mi cargo.

C.O.T.- ¿Ese señalamiento se investigó?

J.C.T.- Hubo una rigurosa investigación que se abrió a solicitud mía y que adelantaron el Fiscal General y los fiscales delegados ante la Corte. Fue un asunto molesto en lo personal y en lo familiar, porque pedí que se investigara mi patrimonio y el de toda mi familia. Revisaron mis bienes, los de mi esposa, madre y hermanos. Hubo resolución definitiva de preclusión por inexistencia de los hechos.

C.O.T.- Como ya han pasado casi diez años, si los hechos de la investigación actual  prescribieron, ¿estaría dispuesto a renunciar a la prescripción?

J.C.T.- Es probable que algunas de las hipótesis delictivas ya hayan prescrito o que otras estén próximas a la prescripción. Pero yo le envié una comunicación a la Comisión de Acusación para expresarle que, en ejercicio de mis derechos, renunciaba a la prescripción de la acción penal y que me sometía a que la investigación continuara porque soy el primer interesado en saber exactamente cuál es el fondo de este asunto.

C.O.T.- Patiño Fómeque dice que es testigo de los hechos por los que lo involucra a usted.

J.C.T.-  Patiño señala que su fuente era su abogado. Éste representaba a varios capos de los carteles de la droga, sobre todo a los del Valle del Cauca. Curiosamente ahora que Patiño Fómeque cita a ese abogado, nos venimos a enterar que este fue asesinado hace varios años. Resulta bastante insólito que un delincuente diga que la fuente que le contó los hechos que él a su vez le imputa a un funcionario, es una persona que no puede responder porque está muerta.

C.O.T.- ¿Lo que Patiño le imputa a usted es exactamente igual a lo que ya se investigó o hay algo diferente?

J.C.T.- Por lo que he sabido de esa primera declaración,  Patiño Fómeque habla de los mismos hechos de 2000 y de dos adicionales: primero, asegura que su abogado le dijo que yo supuestamente intervine por dinero en el trámite de unos beneficios de rebaja de pena para el propio Patiño. Y segundo, afirma que su defensor le habría dicho que yo iba a ayudar a evitar su extradición.

C.O.T.- Pero Patiño fue extraditado y paga condena en Estados Unidos…

J.C.T.-  Sí, claro. Fue extraditado con el visto bueno de todas las instancias judiciales.

C.O.T.- Cuando él fue extraditado, ¿qué cargo desempeñaba usted?

J.C.-  Magistrado de la Corte Constitucional.

C.O.T.- Entonces usted tuvo que rendir concepto sobre esa extradición.

J.C.T.- Tengo una certificación oficial en la que consta que mi actuación fue precisamente contraria a los intereses del señor Patiño y en su oportunidad la presentaré ante la Comisión.

J.C.T.- Nunca. Es más: en su momento presentaré no una, sino varias certificaciones oficiales muy precisas en las que se demuestra de manera fehaciente que no intervine en los trámites a los que alude el señor Patiño. En otro contexto, sí me correspondió como Fiscal proferir resolución criminal contra uno de los Rodríguez; tuve que investigar funcionarios por corrupción relacionada con actos de narcotráfico y proferí órdenes de captura con fines de extradición contra muchas personas.

C.O.T.- No obstante, Patiño Fómeque sí obtuvo una rebaja de pena.

J.C.T.- No tuve ninguna intervención en el trámite que la Fiscalía realizó para establecer los beneficios de rebaja de pena para Patiño porque ése no era mi rol. Mis funciones como Vicefiscal estaban orientadas a actividades distintas y yo sólo conocía los casos que me asignaba directamente el Fiscal General. Pero además en las constancias oficiales se certifica que ese beneficio se le concedió a Patiño Fómeque cuando yo ya no trabajaba en la Fiscalía.

C.O.T.- Los representantes investigadores recibieron copia de la declaración de Patiño de 2007. ¿Sabe usted por qué viajaron a Estados Unidos a interrogarlo otra vez la semana pasada?

J.C.T.- No lo sé exactamente. Entiendo que existe una norma que rige los procesos en la Comisión de Acusación según la cual se exige la ratificación de la denuncia.

C.O.T.- ¿Y su abogado qué pudo sacar en claro de las acusaciones cuando contrainterrogó a Patiño Fómeque?

J.C.T.- Mi abogado no pudo contrainterrogarlo. Ni mi defensor ni yo estuvimos en la diligencia de la semana pasada, porque no fuimos informados oportunamente por la Comisión sobre la fecha, hora, ciudad y sitio adonde deberíamos ir para poder ejercer el derecho fundamental de repreguntarle al testigo de cargo. El viernes de esa semana, hacia el medio día, me enteré por la prensa que los representantes viajarían el domingo siguiente a Estados Unidos a adelantar la diligencia. Entonces fui a la sede de la Comisión y entregué una nota en donde dejaba constancia de que no había sido informado con anticipación. Hacia las cinco de la tarde de ese viernes, la Comisión envió un fax a la Corte Constitucional donde decían que se iba a desarrollar la diligencia pero no se especificaba el lugar de la reunión. También me decían que si quería, podía enviar un listado de preguntas. Se entiende que mandar un cuestionario es una situación distinta a la que genera el derecho de contrainterrogar in situ al testigo, en el tiempo y dinámica de su declaración.

C.O.T.- ¿Cree que hubo una falta al debido proceso?

J.C.T.-  Es un  punto que examinaremos en su momento con mi abogado.

C.O.T.- ¿Por qué no lo han llamado a usted a declarar en la Comisión si ya han pasado ocho meses?

J.C.T.- No lo sé, salvo que los representantes investigadores interpreten que la diligencia de ratificación y de ampliación del señor Patiño era un presupuesto indispensable para oír mi versión, y eso lo he respetado.

C.O.T.- Se sabe que la Comisión de Acusación no está compuesta por juristas sino por representantes, quienes, por su carácter político, agencian sus propios intereses y los de sus partidos,  ¿está tranquilo con sus investigadores?

J.C.T.-  En la Constitución está previsto que la Comisión de Acusación es el juez natural que tenemos los magistrados de las Cortes. Yo como abogado y como magistrado, soy respetuoso de las reglas del Estado de Derecho y por eso me someto con la tranquilidad que me dan mis actuaciones, a mis jueces.

C.O.T.- ¿Ha averiguado por los sesgos políticos que pudieran tener sus investigadores?

J.C.T.- Ese es un aspecto que por ahora no me interesa, a menos que llegara a encontrar una circunstancia muy concreta o específica que pueda generarme alguna inquietud.

C.O.T.- Según una versión de radio, uno de los investigadores pidió, para anexarlo al proceso, otro viejo caso. Se trata de una denuncia que hizo Álvaro Leyva contra usted cuando él era investigado por la Fiscalía y usted ejercía como Vicefiscal. ¿Existe alguna conexión entre el proceso de ahora y  la acusación que Leyva  le formuló?

J.C.T.- Pienso que no tienen ninguna relación. Esos presuntos  hechos a los que alude su pregunta se refieren a sucesos que supuestamente ocurrieron hace catorce años, es decir, tres años antes de mi ingreso a la Fiscalía, e igualmente fueron esclarecidos por la justicia. Incluso por esas falaces afirmaciones del doctor Leyva, yo formulé denuncia penal por calumnia contra él. La justicia concluyó que las imputaciones de él contra Jaime Córdoba no correspondían a la realidad y que los hechos que él mencionó nunca ocurrieron. También dijo que él no era responsable del delito de calumnia, pero porque había actuado sin dolo, y por eso precluyó a su favor.

“El país conoce quién soy yo”

C.O.T.- Siendo usted magistrado activo, ¿cómo lo afecta este proceso?

J.C.T.- He seguido desarrollando a plenitud y con absoluta independencia mis funciones de magistrado. Creo que por fortuna el país conoce con exactitud quién es Jaime Córdoba después de más de treinta años de trabajo honesto y firme en frentes muy complicados. Todos conocen cómo vivo, con quién vivo, cuál es mi entorno vital y familiar. De tal manera que me siento muy tranquilo.

C.O.T.- ¿Y el impacto personal?

J.C.T.- Este es un capítulo doloroso para mí y para mi familia, pero tengo la fortaleza y la tranquilidad que me otorga la conciencia de haber actuado bien, y el respaldo de los colegas de la Corte, de amigos, alumnos y profesores. Mi único patrimonio es el moral, que he construido con el trabajo honrado de toda una vida. Enfrentar este tipo de situaciones realmente aflige, lo devasta a uno. Tengo que sobreponerme, sin embargo, a todo ese dolor para cumplir mis funciones.

C.O.T.- ¿Interpondrá acciones penales contra quienes lo hayan lesionado?

J.C.T.- Ya formulé una denuncia penal en octubre del año pasado ante el Fiscal General contra las personas que hubieren podido utilizar criminalmente mi nombre. Cuando concluya esta investigación con la reiteración de mi inocencia, iniciaré las acciones orientadas al resarcimiento de los perjuicios tan grandes que se me han causado.

De “químico” a testigo estrella de EE.UU.

Víctor Julio Patiño Fómeque fue un narcotraficante del cartel de Cali que purgó seis años de prisión entre 1995 y 2001. Al año siguiente fue extraditado a los Estados Unidos y hoy es uno de los testigos estelares contra los carteles de la droga. Sus confesiones contra ex socios como Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, derivaron en una guerra a muerte contra su familia. Hasta hoy 35 de sus parientes han sido asesinados. Alias El Papi o El Químico fue protagonista del proceso 8.000. Según el condenado ex ministro Fernando Botero Zea, Patiño habría hecho importantes aportes económicos a la campaña Samper Presidente y participó en una cena, bajo el seudónimo de Julio Gómez, con Santiago Medina, el tesorero de la campaña, a escasas 72 horas de la segunda vuelta presidencial.

Patiño, un ex policía, tuvo su epicentro de operaciones en el Valle y negoció su entrega a la justicia el 24 de junio de 1995. Fue condenado a 12 años de prisión, pero gracias a rebajas procesales regresó a la libertad el 14 de agosto de 2001. Pero sólo duró ocho meses tranquilo, porque una corte federal lo pidió en extradición.