“Uno ve con preocupación cómo los amigos se le retiran”

El senador magdalenense Luis Eduardo Vives Lacouture, uno de los primeros detenidos por el proceso de la parapolítica y quien lleva más de quince meses en la cárcel de La Picota, fue el centro de la atención pública esta semana por tres malas noticias que recibió en cuestión de horas. La primera le llegó a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando éste organismo le negó las medidas cautelares que había solicitado para que se le protegiera el debido proceso, porque presuntamente la Corte Suprema de Colombia no se lo garantizaba.

La segunda vino de la Sala Penal de este tribunal por la condena, a siete años de prisión, a su colega, compañero y amigo, el también senador Mauricio Pimiento. La tercera fue la más dura: a través de su delegado, la Procuraduría General les solicitó a los magistrados que lo condenaran por los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al sufragante y alteración de resultados electorales. Vives no resistió y ante las cámaras de televisión se le salieron las lágrimas. No era para menos. Tal como se ven las cosas hoy, podría correr la misma suerte de Pimiento, aunque, claro, cada proceso penal es único.

Por eso, y antes de ser vencido en juicio, este samario perteneciente a una de las familias más tradicionales de la política en esa región del país, se ha empleado a fondo en todas las batallas legales posibles, e incluso, ha echado mano de algunas armas efectistas para impresionar al jurado, como la de someterse a la prueba del polígrafo para demostrar que  tenía la verdad. Ahora, en la fase final de su caso, sabe que tendrá que enfrentar su destino, en libertad o en prisión. Probablemente porque sabe que la espada de la justicia pende sobre su cabeza, fue muy cauteloso, en particular cuando le pregunté por la imparcialidad de la Corte y por lo que piensan sus compañeros de celda sobre el Presidente.

Cecilia Orozco.-¿Qué piensa de la solicitud que la Procuraduría le hizo a la Corte para que profiriera sentencia condenatoria contra usted?

Senador Luis Eduardo Vives.- La respeto pero no la comparto. No le veo ni peso ni forma a las tesis del procurador delegado. Él incurrió en contradicciones y se basó en argumentos que no tienen validez.

C.O.-El delegado de la Procuraduría trazó un marco de referencia de la influencia paramilitar dominante en el Magdalena en 2002. Incluso recordó cuando ‘40’ aseguró que los grupos de él y de Hernán Giraldo reemplazaron el Estado en esa región en un “70 por ciento”. ¿Cómo pudo usted hacer política sin contar con ellos dos?

S.V.- Quien participa en política sabe cómo se manejan las coaliciones y los compromisos. En el Magdalena y en otras regiones, la gente se organiza a través de líderes y políticos de tradición, sobre todo en las poblaciones pequeñas, donde un gran porcentaje de los habitantes votan en la misma dirección. Si uno hace coaliciones con las personas que orientan al electorado en esos pueblos, se obtiene una votación alta y no es necesario aliarse con otros grupos.

C.O.-  Pero como los paramilitares no eran grupos de convivencia, ¿cómo hizo usted para sustraerse de ese predominio?

S.V.- Como se lo dije: haciendo alianzas con los líderes tradicionales. Ahora, si estas personas se reunían después con grupos al margen de la ley, aunque no lo creo, ya no es problema mío, sino de quienes lo hicieron.

C.O.-   ¿Cómo explicar que a usted, sin pactar con ellos, no le hubieran impedido actuar políticamente?

S.V.- Desde que estoy detenido en La Picota, no ha habido un solo testigo, ni un miembro de las autodefensas que haya dicho que conoce un acuerdo político entre Jorge 40 y Luis Eduardo Vives. Dije que me reuní con ‘40’ cuando estaba secuestrado mi hermano, pero con autorización del Gobierno Nacional.

C.O.- ¿Y una reunión que tuvo con Hernán Giraldo? 

S.V.- Giraldo dice que él estuvo en una reunión que se hizo con ocasión del tema de la erradicación de los cultivos de coca en la Sierra Nevada, en el año 2004.

C.O.-  Usted estuvo ahí, ¿niega haber sabido que él también estaba en ese sitio?

S.V.- Niego haberlo conocido o distinguido. A mi proceso se anexaron recortes de prensa con fotos de la reunión en la que estaban varios funcionarios del Gobierno. Algunos parlamentarios estábamos ahí, pero con autorización.

C.O.- En su proceso hay una testigo que asegura que ella fue presionada por el paramilitar Giraldo para votar por usted.

S.V.- Es imposible que esa señora hubiera sido presionada, porque, según lo pudimos demostrar, ella no se encontró con Giraldo antes de las elecciones del 10 de marzo sino en abril, cuando ya había pasado la jornada. Aparte de eso, ella en ningún momento dice que le consta que existió una reunión, que me vio a mí con Giraldo, o que ella supiera que ese señor y yo estábamos haciendo compromisos políticos.

C.O.- Una registradora de Salamina (Mag.), también rindió testimonio contra usted por constreñimiento electoral. Afirma que los paramilitares presionaban a la población para que votara por usted, ¿por qué esos grupos habrían de pedir que lo favorecieran si no había pactos con usted?

S.V.- En todo caso si las autodefensas hacían eso, yo no puedo responder por ellas. En una audiencia le pregunté al testigo Rafael García, por quien yo estoy detenido, si supo que yo hubiera hecho alguna reunión con grupos al margen de la ley o hubiera constreñido al electorado. Enfáticamente dijo que no. La registradora de Salamina, municipio en el que saqué muy pocos votos, había dicho durante las elecciones que todo había transcurrido normalmente ¿Por qué ahora sale a decir que hubo fraude? Sería interesante averiguar a qué grupo político pertenece ella.

 C.O.- De todas maneras no hay uno, sino varios testimonios contra usted, ¿no cree que la Corte tiene suficientes motivos para condenarlo?

S.V.- No, porque ninguna persona dice que le consta que hubo un compromiso mío con las autodefensas.

C.O.- ¿Quién fue su fórmula a la Cámara en las elecciones de 2002?

S.V.-  Alfonso Campo.

C.O.- Campo se acogió a sentencia anticipada, es decir, aceptó los cargos que se le hicieron en relación con la parapolítica.

S.V.- Sí, correcto.

C.O.- Usted en cambio aduce que no tuvo nada que ver. ¿Es creíble? 

S.V.- El doctor Campo manifestó que se sometía a sentencia anticipada porque había firmado el Pacto de Ralito. Él sabía que en vez de pasar mucho tiempo sin que se resolviera su situación, si se acogía a sentencia anticipada aceleraría el proceso y recibiría unos beneficios.

C.O.- ¿Campo nunca le comentó a usted sobre el Pacto de Ralito?

S.V.- No, nunca.

C.O.-  Pero se dice que de ese tema se hablaba hacía mucho rato en el Congreso.

S.V.- Cuando supe sobre ese pacto, se dijo que se había hecho con congresistas de Córdoba en su gran mayoría. Nunca pensé que pudiera existir un documento firmado por alguien en el Magdalena.

C.O.- En la sentencia contra el senador Pimiento, la Corte habla de la existencia de un documento firmado en Magdalena, similar al de Ralito. Se llama “Convenio político para el debate electoral del día 10 de marzo del año 2002”. ¿Supo algo sobre este tema?

S.V.-  Sólo me enteré de él cuando ya estaba recluido aquí en La Picota.

C.O.- ¿Cree que a usted lo perjudica el hecho que su compañero de fórmula se haya acogido a sentencia anticipada?

S.V.- No. Yo respondo por mis actos y no puedo hacerlo por los de los demás.

C.O.- Al escoger su fórmula, supongo que sabía quién era la persona que estaba eligiendo.

S.V.- El doctor Campo ha sido parlamentario y persona conocida en Santa Marta y en el Magdalena. Yo no podía saber todos los secretos.

C.O.- De cualquier manera, la Procuraduría piensa que hay suficientes pruebas contra usted por las votaciones atípicas que obtuvo en uno de los presuntos ‘distritos’ por presunta orden paramilitar, ¿cómo explica su éxito en determinadas zonas?

S.V.- Las votaciones no funcionan con una fórmula exacta. Si obtuve hoy cinco mil votos en un sitio, no está garantizado que obtenga los mismos cinco mil votos mañana. Si fuera así, entonces no existirían las elecciones. Además demostré que la familia Vives siempre ha mantenido una votación de entre 40 y 60 mil votos.

C.O.- ¿Cree que los magistrados de la Sala Penal y la Procuraduría no entienden cómo funciona la política en Colombia?

S.V.- He dicho que en las regiones la política no funciona lo mismo que en las capitales.

C.O.- ¿Qué piensa de la condena que le dieron a Pimiento?

S.V.- Es bastante preocupante. Con Pimiento creíamos que las cosas iban bien. Preocupa cuando se ve que a última hora sale una condena. Lo sentí mucho porque lo conocí bien después de estar aquí recluidos. No es fácil recibir la noticia de una condena.

C.O.- ¿Cómo interpretó el hecho de que la Comisión Interamericana le negara la adopción de medidas cautelares?

S.V.- Son trámites normales que tienen unas instancias que hay que ir evacuando. Básicamente lo que hemos estado buscando es la doble instancia, que no existe para los congresistas.

C.O.-¿Por qué  entonces no renunció al Senado?

S.V.- Porque tengo mi conciencia tranquila.

C.O.- Todo el mundo dice que los congresistas detenidos no creen en la imparcialidad de la Sala Penal. ¿Es verdad?

S.V.- Hay una gran preocupación de muchos, más que todo por la segunda instancia. Estos son procesos complicados por la sola investidura de congresista.

C.O.- Se ha oído de varios intentos de enlodar a la Corte, intentos que se entienden como una forma de quitarle la autoridad de juez de la parapolítica. ¿Qué opina de esos rumores?

S.V.- No creo que las cosas estén ocurriendo como usted las interpreta.

C.O.- Si la Corte, y en concreto la Sala Penal se desprestigian, ¿esa mala imagen favorecería a los congresistas detenidos?

S.V.-Los magistrados saben todo lo que tienen que hacer para que estos procesos sean claros ante el  país. Creo que es importante que la Corte sea imparcial a la hora de examinar las pruebas, de evaluar si tienen relación con la parapolítica, y de fallar.

C.O.- ¿Usted tiene alguna duda de que la Sala Penal es imparcial?

S.V.- Si yo no creyera en la Corte, habría renunciado hace rato. Los magistrados saben que tienen que obrar con imparcialidad.

C.O.-  Se dice que los congresistas detenidos en La Picota creen que el Presidente los ha abandonado. ¿Eso es cierto?

S.V.- Cuando uno se encuentra en una situación como ésta, ve con preocupación cómo los amigos se van retirando. Además hay presión de la prensa cuando una  persona viene a visitarlo a uno. Hay mucha gente que está más pendiente de eso, que de venir con sentido de solidaridad. Acá siempre ha habido expectativas sobre si el Presidente presenta alguna fórmula para resolver este problema, que no es culpa de los congresistas sino de una situación que vivió el país a raíz de las dificultades de muchos años en el orden público y debido al surgimiento de grupos al margen de la ley  que, en ese entonces, garantizaron una seguridad entre comillas, pero que después se convirtieron en una enfermedad peor que el remedio que se pretendía aplicar.

C.O.-  ¿Han percibido ustedes que la Casa de Nariño trata de marcar fronteras con la parapolítica?

S.V.- El Presidente ha dicho que la parapolítica es producto de la seguridad democrática. Con esa frase dijo todo y puede significar lo que uno quiera interpretar.

C.O.- ¿Usted y sus colegas detenidos siguen siendo uribistas?

S.V.- Bueno… (silencio).

C.O.- ¿Está de acuerdo con una ley de punto final para la parapolítica?

S.V.-  Prefiero no hablar de ese tema.

C.O.- ¿Está de acuerdo con quienes dicen que la extradición de 14 jefes paramilitares favorece a los congresistas que se involucraron con ellos?

S.V.- No tiene por qué afectar en ningún sentido. La demostración de que eso es así, es la audiencia que se realizó la semana pasada en mi caso. Uno de los testigos que fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y por paramilitarismo, participó y dio su testimonio vía satélite.

C.O.- Se ha discutido mucho en la prensa en las últimas semanas sobre si el Congreso tiene legitimidad después de tantas detenciones. ¿Cuál es su opinión al respecto?

S.V.- Cuando la gente ha votado, no espera que le revoquen a su senador. Además, cuando eso ha sucedido, vuelven quienes saben hacer política.

C.O.- En otras palabras, ¿no está de acuerdo con un adelanto de elecciones?

S.V.- No estoy de acuerdo.

El caso de Mauricio Pimiento

1 En la sentencia de condena contra Mauricio Pimiento, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema hizo una comparación entre la votación de Álvaro Araújo Castro y el propio Pimiento, en dos grupos de poblaciones del César. Así estableció que la relación de aparentes preferencias de los votantes para cada uno de ellos en su respectiva zona, es casi exacta. Mientras en el “distrito” de Araújo, éste consiguió un total de 19.766 votos y Pimiento logró 3.002, en la región asignada por los paramilitares a Pimiento, éste sacó 21.012 y Araújo obtuvo 2.260.

2 Respecto del fenómeno anterior, la Corte dijo que: “la calculada parcelación o zonificación de los municipios mencionados entre los candidatos Araújo Castro y Pimiento Barrera, contó con la participación de la agrupación armada ilegal al mando de ‘Jorge 40’.”

3 Aunque no ha sido tan difundido como el pacto de Ralito, en el Magdalena también se constató la existencia de un documento firmado por varios senadores, representantes, alcaldes y diputados de ese departamento con Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’. Se firmó el 22 de noviembre de 2001 en Santa Marta y lleva como título el de “Convenio político para el debate electoral del día 10 de marzo del año 2002”.

La versión de la familia

La familia Vives Lacouture publicó el comunicado titulado “Se aclara el caso del senador Luis Eduardo Vives”: En él informó que “los testigos Hernán Giraldo, Magali Patricia Ortiz, Saúl Severini, Héctor Ignacio Rodríguez, Miguel Antonio Carrero, Sandra Rubiano y Rafael Enrique García Torres (el testigo estrella de la parapolítica), entre otros, han sido coincidentes en afirmar ante la Corte, que el senador Vives Lacouture nunca realizó ningún pacto o acuerdo con las autodefensas para beneficiarse electoralmente en las elecciones parlamentarias del año 2002, ni en ningún otro año”. Sin embargo, en el mensaje admite que: “Al parecer, los únicos contactos que tuvo con miembros de las autodefensas, se dieron varios años después de las elecciones del año 2002 (que es por lo que se le procesa) y siempre en el margen de la legalidad. El primero de ellos, en el año 2004, a propósito de una reunión organizada por el Gobierno Nacional para el tema de la erradicación de cultivos ilícitos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cual, al parecer, hizo presencia el señor Hernán Giraldo Serna. Valga mencionar que a esta reunión también comparecieron múltiples autoridades locales, departamentales y nacionales, además de la fuerza pública. El segundo, en el mes de diciembre de 2005, en donde se reunió con Jorge 40 con autorización del Gobierno Nacional, para averiguar por el secuestro de su hermano Mauricio Vives (q.e.p.d.)”.