En una nación como Colombia, donde se cometen los delitos más despiadados y, pese a ello, se olvidan al otro día porque se presenta un hecho que produce mayor conmoción, es extraordinario que los televidentes del canal Citytv recuerden todavía el drama que presenciaron en directo hace ocho meses: un hombre que no podía con sus nervios, intentaba retener en la oficina de un fondo de pensiones a los empleados y clientes, bajo la amenaza de explotar una granada que tenía en la cintura, y cuya utilidad nunca se comprobó.

Pronto el drama se convirtió en algo similar a una comedia, tal como suele suceder también en esta tierra. Un joven reportero sin ninguna experiencia en el manejo de situaciones de seguridad pública, entró al sitio. Con la serenidad de quien sabe que domina la escena, entabló diálogo con el “secuestrador”. Le pidió que se calmara. Le solicitó que dejara ir a las embarazadas y a los más asustados; y simultáneamente le sugirió que permitiera el ingreso de otros periodistas, con cámaras, luces, acompañantes y demás. A esas peticiones, el sargento (r) Édgar Santander Paz Morales, cincuentón desempleado y lleno sólo de necesidades, respondía que sí, que bueno, que unos salieran y los otros entraran. A su vez, en un acto casi risible de no ser por la angustia que se veía en su rostro, el “delincuente” le decía al guardián de la puerta que en caso de que estuviera armado se retirara “por favor”. Pero, amable, le subrayaba que se quedara si no llevaba encima algo que disparara.

Mientras tanto, los “secuestrados” hablaban por celular; se paraban al baño, volvían a sentarse, entraban en un momento y desaparecían en el siguiente, del campo de visión del “antisocial” cuya única pretensión era la de que el glorioso Ejército Nacional le diera su pensión, después de haber sido su esclavo laboral durante dos décadas. Ahora estaba muriendo de hambre, adujo, junto con su madre agonizante y su hermano, enfermo mental. Sus patronos, el general Freddy Padilla de León entre ellos, tenían el deber de apoyarlo, no importa que lo hubieran empleado sin las cláusulas de la jubilación.

En ese ir y venir de gente sin control, llegaron los agentes encubiertos disfrazados de periodistas, a la usanza de la ‘Operación Jaque’, ya que en aquella ocasión el truco les proporcionó magníficos resultados. Lo redujeron tan fácil como en un juego de niños. Lo pusieron en una cárcel. Le iniciaron investigación y con una rapidez inusual, el juez Noveno Especializado de Bogotá, cumpliendo su papel de representante de un Estado supuestamente igualitario, condenó al “criminal” a 16 años 8 meses de prisión por secuestro extorsivo agravado: más del doble de lo que Mancuso, captor y genocida de poblaciones enteras, hubiera recibido del mismo Estado, el cual, a propósito, semanas antes había decidido premiar al gran secuestrador guerrillero, Isaza, con asilo en Francia y 400 mil dólares.

Ahora el sargento, que en lugar del delito que se le imputó, parecería haber incurrido en el pecado de divulgar en un comunicado inconfesables tareas de inteligencia militar, se encuentra pagando su condena en una celda hasta donde llegaron las amenazas, esas sí serias, de “unos extraños”. Pocos se conmovieron con el final de su historia. Ni siquiera la madre o el hermano del condenado. La primera murió en el curso del proceso; el segundo, no se da cuenta de la realidad. Esta entrevista se hizo con la única persona que se preocupa por los intríngulis del caso: el defensor de oficio del sargento, abogado Harvey Prada, de la Defensoría del Pueblo. Lo que él cuenta es, de nuevo, increíble por despiadado… de no ser porque estamos en Colombia.

Cecilia Orozco Tascón.– Conocida la condena tan alta que le impuso el juez a su defendido, ¿qué opina sobre ésta?

Abogado Harvey Prada.– Considero que la pena impuesta es contraria a Derecho porque según los elementos probatorios, en este caso no se tipifica la conducta de secuestro extorsivo agravado sino, a lo sumo, otra de menor gravedad.

C.O.T.– ¿Cuáles son los elementos probatorios que sustentan su posición?

A.H.P.– La defensa usó varias herramientas jurídicas y científicas: primero le pedimos a la Unidad de Investigación Criminal de la Defensoría del Pueblo que, entre otras cosas, estableciera cómo eran las condiciones de vida de Paz Morales. Así se supo que residía en una pieza con la madre, quien sufría de trombosis, y con un hermano, que padece de enfermedad mental. Después se recaudaron los videos del hecho; luego se realizaron entrevistas con algunos de los testigos. Y finalmente le solicitamos a la Unidad Especial de Comportamiento Criminal, creada por la Fiscalía, que analizara los actos del incriminado.

C.O.T.–  ¿Qué concluyó esta unidad?

A.H.P.– Que tal como sucedieron las cosas, Paz Morales no podía tener dominio del hecho que se le imputa, y que la retención de personas no era su objetivo principal.

C.O.T.– ¿Por qué el juez desestimó esas conclusiones, si provienen de fuente oficial?

A.H.P.– Argumentó que en el hecho de Porvenir hubo varios momentos y que los investigadores no tuvieron acceso a todos. Así, acogió la tesis de la Fiscalía, la cual sostuvo que el hecho estaba divido en tres actos: el primero, cuando Paz Morales contactó a la directora de la oficina. El segundo, cuando ella ordenó cerrar las puertas. Y el tercero,