“El Ministro del Interior se ‘despachó’ el presupuesto”

El senador Rodrigo Lara Restrepo responde sobre los motivos que podrían tener los sicarios que quieren atentar contra su vida y  la del presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
23 de agosto de 2009 - 02:00 a. m.

Lara habla también de la aprobación del texto de conciliación del referendo reeleccionista en el Senado y asegura que hubo repartición de “inversiones regionales” a cambio de votos.

Por triste coincidencia, la semana pasada, cuando se recordó la vida, la figura y las obras del líder liberal Luis Carlos Galán debido a que se cumplieron veinte años de su dramática desaparición,  un hijo de Rodrigo Lara Bonilla, el otro gran liberal asesinado en los años 80, fue amenazado de muerte. En un plan para ejecutar una serie de atentados figuraba, junto al nombre del joven senador Lara Restrepo, el del presidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez. Horas después, llegó al Palacio de Justicia un sobre dirigido al presidente de la Sala Penal de ese tribunal, Julio Enrique Socha. Contenía un sufragio en el que se invitaba a las exequias de uno de sus magistrados auxiliares. Días más tarde las autoridades descubrieron que otros hombres públicos estaban en la mira de los sicarios.

Todo esto ocurría en medio de una gran agitación política y judicial. De un lado, el Congreso le dedicó sus horas laborales al tema del referendo para la segunda reelección presidencial y  logró que el Senado votara a favor del texto de la conciliación, con lo que el proyecto de ley quedó a un paso de ser aprobado. Del otro lado, los parlamentarios que votaron la primera reelección se inquietaron por las investigaciones que se adelantan en la Corte, por las denuncias sobre la supuesta compra de sus votos por parte del Gobierno. En desarrollo de esas investigaciones, la residencia de un congresista fue allanada. En la plenaria del Senado se criticó la medida con el argumento de que los políticos estaban siendo perseguidos por la justicia. Pero los críticos tuvieron que callarse en cuanto se supo que se encontró una cantidad considerable de dinero en efectivo y documentos que implicarían la comisión de varios delitos. ¿Qué tienen que ver los acontecimientos políticos y judiciales con la ola de amenazas que está viviendo el país después de un periodo de relativa calma en ese campo? Rodrigo Lara Restrepo responde ésa y otras preguntas que parecieran hechas en la época  en que su padre y Luis Carlos Galán combatían las estructuras criminales que pretendían apoderarse del Estado.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué y quiénes podrían urdir un plan de asesinatos en el que una de las víctimas sería usted? ¿Tendría relación ese plan con las denuncias que usted hace?

Senador Rodrigo Lara Restrepo. – Supongo que sí. Desde hace algunos meses he señalado la infiltración del narcoparamilitarismo en entidades públicas, y la participación de sectores que fueron del extinto cartel de Medellín en la conformación de los grupos paramilitares. Además, he desarrollado una intensa actividad en Estados Unidos visitando a los paramilitares extraditados e invitándolos a que colaboren con el proceso de Justicia y Paz porque ellos se llevaron la verdad sobre el origen del paramilitarismo, sobre los grandes crímenes políticos de los últimos treinta años y sobre los delitos de lesa humanidad que se han cometido en el país.

C.O.T.- ¿Por qué usted y el presidente de la Corte aparecen mencionados en un mismo plan criminal? ¿No es, en principio, extraño dado que sus actividades no tienen relación directa?

R.L.R.- Es extraño pero este es un país de violencias cruzadas, y a veces acéfalas. En todo caso, en Colombia se están conociendo muchas verdades. Tal vez exista interés en que no se sepan.

C.O.T.- Usted ha dado unas declaraciones muy fuertes contra algunos miembros de la Comisión Nacional de Televisión y personajes cercanos a ella ¿Cree que esas denuncias le trajeron problemas de seguridad?

R.L.R.- No lo sé, pero no dejaré de decir aquello de lo que he podido enterarme: que unas estructuras del cartel de Medellín que participaron en la eliminación de Pablo Escobar, no como una labor patriótica sino como efecto de “depuración” en la mafia, terminaron conformando, después de 1993,  los grupos paramilitares que  azotaron al país. Quienes hacían parte de esas estructuras son los mismos que nos encontramos hoy  posando de empresarios y gozando de amistades en el  Gobierno.

C.O.T.- ¿Eso quiere decir que usted está convencido de que quienes dieron origen al paramilitarismo están en el poder y ocupan posiciones en la Administración?

R.L.R.- El general Martínez, jefe del bloque de búsqueda en ese momento, y el general Maza entre otros, señalaron que sectores afines al cartel de Medellín junto con el cartel del Norte del Valle, fueron los grandes patrocinadores del paramilitarismo. Y éstos terminaron siendo cercanos al poder. Mire el caso del señor José Obdulio Gaviria. La gente piensa  que tengo un asunto personal contra él. Nada que ver pues esto es objetivo. El tema puntual en su caso, es que Gaviria es muy amigo de varios de los ex miembros de esas estructuras del narcotráfico, algunas de ellas denominadas “los doce del patíbulo”. Gaviria es amigo del señor Guillo Ángel y de otras personas que han estado al margen de la ley. Me preocupa muchísimo que alguien tan cercano al Gobierno tenga esas amistades y colabore con ellos a la hora de poner sus fichas en la Comisión de Televisión, con todo lo que eso significa en materia de controles para los medios de comunicación.

C.O.T.- ¿Cree que hay otras personas en el Gobierno involucradas en relaciones de amistad con esos sectores?

R.L.R.- Cuando afirmo algo es porque tengo conocimiento de causa. Por ahora solo puedo hablar del señor Gaviria.

C.O.T.-  Tal como lo sugiere, usted fue a Estados Unidos con Piedad Córdoba y con otros colombianos a entrevistarse con los paramilitares extraditados ¿A qué fue?

R.L.R.- En el Congreso existe una comisión que sigue el desarrollo de la ley de Justicia y Paz. Por eso se programaron varias reuniones con los extraditados y con las autoridades de Estados Unidos, ante todo, para asegurar que los procesos pendientes no se mueran. Esta labor evidentemente levanta ampolla en muchos sectores, particularmente en aquellos que han logrado sostener su impunidad gracias a que se llevaron a esas personas.


C.O.T.- Entonces usted está entre quienes opinan que las extradiciones de los paramilitares tenían  mucho que ver con las presuntas revelaciones que iban a hacer.

R.L.R.-  Soy amigo de la extradición y me parece que es una herramienta determinante a la hora de combatir el crimen organizado. No obstante, reprocho que el gobierno le haya mentido al país al asegurar que, con las extradiciones, se había activado una herramienta de cooperación judicial con Estados Unidos. Lo cierto es que hoy no existe ningún mecanismo de colaboración y que el proceso de Justicia y Paz se está muriendo. Colombia le ha puesto atención a la parapolítica y se ha centrado en culpar a un grupo de congresistas por eso pero nada más. Mientras tanto, los patrocinadores de la parapolítica,  es decir los amigos de la mafia que reclutaron a Mancuso, a “Jorge 40” y a los demás paramilitares, gozan de impunidad. Los responsables de tales alianzas y del paramilitarismo, necesitaban la extradición de esos individuos. Y, según dicen muchos sectores, necesitan también de la reelección presidencial como una estrategia para mantenerse en la impunidad.

C.O.T.- ¿Cómo así? ¿Qué relación tiene la reelección con ese asunto tan escabroso?

R.L.R.- La reelección, que en su esencia en un fenómeno de concentración de poder, es indispensable para muchos sectores que aplaudieron las investigaciones de congresistas por la parapolítica como una forma de desviar la atención sobre la responsabilidad propia. Ellos  ven hoy con preocupación que la justicia sigue adelante con las indagaciones. Recuerde que los extraditados empezaron a dar declaraciones sobre el nivel de penetración que el paramilitarismo alcanzó en ciertos grupos económicos y políticos, cuya responsabilidad está en la génesis de ese fenómeno criminal. Entre tanto, unos cuantos congresistas se han convertido en los pararrayos de todo proceso.

C.O.T.-  Lo cierto es que la reelección es un asunto que le interesa tanto al Presidente como a los partidos del uribismo. ¿Cómo desvincularlos del fenómeno que usted denuncia, si sostiene que la reelección es necesaria para quienes quieren mantener la impunidad?

R.L.R.-  Démosle tiempo al tiempo.

C.O.T.-  Usted perteneció al Gobierno  y se retiró en forma abrupta. Además de lo que ya se sabe ¿Cuánto tuvo que ver su renuncia con sus diferencias con el ex asesor Gaviria?

R.L.R.- Me retiré porque me enteré de aspectos muy complejos que constan en el expediente del asesinato de mi papá, y de otros asuntos que hicieron imposible que continuara trabajando con el Gobierno. No hago ninguna acusación al respecto pero, en  lo personal, sí había un impedimento para seguir en el cargo. Por eso tomé la decisión de irme, aunque con mucho respeto y silencio. Era un asunto de coherencia interna y nada tiene que ver la disputa con ese pequeño personaje.

C.O.T.- Sinceramente cree que si los extraditados hablaran ¿Sus revelaciones cambiarían la historia política del país?

R.L.R.- Sin duda podrían contribuir al esclarecimiento de crímenes como el de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Guillermo Cano y también de otros, como los de Pedro Juan Moreno o César Villegas, para citarle unos pocos ejemplos.

C.O.T.- ¿Cree que hay una relación de continuidad en esos crímenes?

R.L.R.-  No quisiera parecer, ni remotamente, como el defensor del cartel de Cali, pero sí quiero decir que existe una relación de continuidad y una responsabilidad muy clara del cartel de Medellín, que no se reducía a Pablo Escobar, en esos asesinatos. Por ejemplo, a ese cartel pertenecían los hermanos Ochoa, tan afectos a ciertos sectores de poder hoy en día. Ellos no han pagado un solo día de cárcel por su participación  en ciertos magnicidios. A veces siento que se busca tapar la verdad o desviar la atención, como siempre se ha hecho, utilizando personas de buena fe para que  repitan que el cartel de Cali participó en los asesinatos. Tal vez esa organización esté involucrada pero, en todo caso, el responsable principal de lo que sucedió fue el cartel de Medellín y los grupos que se desprendieron de él.

C.O.T.- A propósito de reelección presidencial, muchos senadores se retiraron del recinto la semana pasada cuando se iba a votar la conciliación del referendo para la segunda reelección  ¿Usted  pudo expresar su posición? Se lo pregunto porque muchos se quejaron de que no los dejaron hablar.

R.L.R.- No pude hablar y eso que se trataba de la aprobación de una de las decisiones más transcendentales de la historia. Se nos censuró, y la presidencia del Senado acalló las voces que querían expresarse a favor de la Constitución del 91 y de sus valores y principios. Se argumentó suficiente ilustración cuando ni siquiera las bancadas se habían pronunciado. Ése es un vicio monumental  que espero que la Corte Constitucional tenga en cuenta cuando verifique la exequibilidad del proyecto de ley.

C.O.T.- ¿El presidente del Senado no es, pues, de su propio partido?

R.L.R.- El presidente del Congreso es miembro del partido pero se vio presionado por el ministro del Interior quien después de “despacharse” por la mañana el presupuesto nacional para chantajear a los congresistas sobre la base de la inversión regional, condicionada al voto por el referendo,  llegó por la tarde al recinto del Senado a sacar adelante la votación avasallando los principios democráticos y la deliberación propia de un parlamento.

C.O.T.- ¿Que significa la frase “despacharse el presupuesto nacional”?

R.L.R.- Significa que, con absoluta irresponsabilidad, un presupuesto sin financiación que tiene un déficit estructural del 4.5 % del PIB,  terminó siendo repartido en “inversiones regionales” en las zonas de los congresistas que voten por la reelección. 

C.O.T.- ¿Una especie de reedición de lo que sucedió con Yidis y  Teodolindo?

R.L.R.-  Sí, pero a gran escala. Son  exactamente los mismos procedimientos pero tratando de guardar las formas para no caer, de nuevo, en manos de la Corte Suprema. Aparentemente el doctor Fabio Valencia Cossio no sabe hacer nada diferente a‘despacharse’ la burocracia, el presupuesto y la manzanilla.

C.O.T.- Pero bueno… Esas afirmaciones suyas son fuertes ¿Hay forma de probarlas?

R.L.R.- ¿Desde cuándo hay que probar los hechos  notorios? No podemos caer en la lógica de que todo debe ser probado judicialmente. Si tuviera que ser así, no habría debate político, sino discusión sobre fallos judiciales.

C.O.T.- ¿Es decir, para usted es evidente que lo que era un referendo ‘muerto’, solo unos días después revivió, no por un milagro divino sino por milagro presupuestal?

R.L.R.-  Mire: si el Congreso fuera autónomo, no hubiera votado la reelección. Si los congresistas pudieran actuar en conciencia y no chantajeados por el Gobierno, el 70% de la bancada oficialista no votaría el referendo, pues una cosa dice en el recinto frente al ministro y otra, en privado. Cuando el ministro se le sienta al lado a un parlamentario y le condiciona la reelección propia, al apoyo a ese proyecto de referendo, al parlamentario le queda muy poco margen de acción. Y aquí hay que decir que siempre se estigmatiza  la conducta del congresista pero nadie se fija que quien ostenta el poder y tiene capacidad de extorsión o chantaje,  es el Ejecutivo. El congresista es la parte débil de un presunto cohecho pero el que lo puede determinar es el Gobierno que primero usa al parlamentario y después lo desprecia. Espere a que vayan a armar listas para Senado y Cámara y verá que  dirán que van a conformarlas con nombres de ‘excelencia’. Pondrá tres o cuatro figurines de opinión y despreciarán públicamente a quienes los ayudaron.

C.O.T.- ¿Quién tiene mayor culpa: el que peca por la paga o el que paga por pecar?

R.L.R.-  Quien posea la capacidad de forzar la voluntad del otro porque cuenta con contratos y puestos para repartir. Eso es como  la relación entre un hombre rico y una prostituta pobre. Desde luego que hay dos voluntades pero ¿Quién tiene la carga más despreciable? ¿La prostituta pobre o el hombre rico que tiene el poder de comprarla?

C.O.T.-  Debido a la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, se unieron las ganas de reelección del Presidente con las ganas de los congresistas de ser elegidos de nuevo a Senado o Cámara ¿Es así?

R.L.R.- El Gobierno concentró  el poder burocrático en la Casa de Nariño y en el ministro del Interior. Sobre esa base se consiguen los votos. El Gobierno sabe muy bien cuándo soltar y cuándo dar y lo ha venido haciendo de tal forma que doblegó al Congreso.


C.O.T.- Es evidente que tanto Congreso como Gobierno lanzan fuertes ataques contra la Corte Suprema para minar su credibilidad. Siendo usted congresista ¿Está de acuerdo con las críticas que se le hacen a ese tribunal?

R.L.R.- No. En primer lugar, no concibo la posibilidad de no acatar las decisiones judiciales. En segundo término, creo que están intentando cooptar a  la Corte como ya lo han hecho con ciertos organismos judiciales. El objetivo ahora es callarla y lograr que haya magistrados afines al Gobierno. La Corte Suprema es la única voz institucional firme que hay en defensa de la Constitución y los valores democráticos del país.

C.O.T.- ¿La Colombia de hoy es mejor, igual o peor que la de su padre y Galán?

R.L.R.-  No vamos a desconocer los méritos del gobierno de Uribe porque el país está mejor. Hoy tenemos un aparato estatal con capacidad para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, estamos siendo testigos de que lo que se  hizo con las manos, se está deshaciendo con los pies.

Cascada de amenazas

Cecilia Orozco T- La semana pasada se supo que hay un plan para atentar contra usted y otros hombres públicos. ¿En qué consiste ese plan?

Rodrigo Lara R.-  Hay una información muy seria que ha recibido la Corte Suprema ha recibido una información muy seria en el sentido de que hay un atentado en curso, cuyos objetivos somos el presidente de esa corporación, Augusto Ibáñez, y yo. Posteriormente también se supo que las amenazas incluyen a otras personas como Germán Vargas Lleras y el magistrado Julio Socha.

C.O.T.- ¿Qué tan creíble es fuente de información y qué tipo de investigaciones soportan esa versión?

R.L.R.-  Según la Corte Suprema y el director de la Policía, general Naranjo quien también está al tanto del tema, las fuentes  son de muy alta credibilidad y seriedad.

C.O.T.- ¿Cómo lo están protegiendo las autoridades? ¿Reforzaron su aparato de seguridad?

R.L.R.- Me reuní con el director de la Policía y ya está tomando nuevas medidas.

C.O.T.- ¿Ha pensado en la opción de retirarse del Congreso e irse del país?

R.L.R.- No hay las más mínima posibilidad de que suceda ninguna de las dos cosas. 

La extradición de paramilitares: ¿nudo del problema?

El senador Rodrigo Lara, cuyo nombre apareció la semana pasada en un plan de atentados contra personajes de la vida pública, no descarta que sus viajes a Estados Unidos para visitar, junto con otro grupo de colombianos, a los jefes paramilitares extraditados, hayan llamado la atención de los sicarios, tal vez por las consecuencias que tendrían sus revelaciones. Coincidencialmente la Corte Suprema, donde también amenazaron a dos de los más importantes magistrados de la Sala Penal, dio a conocer por estos días, una trascendental sentencia en la que niega la extradición de un paramilitar que se sometió a la ley de justicia y paz  porque debe privilegiarse el proceso en Colombia a la petición de extradición. En el fondo, se trata del mismo problema: la imposibilidad de que los extraditados confiesen quiénes fueron o son sus cómplices económicos y políticos, una vez que ingresan a una cárcel en Estados Unidos, debido a la ausencia de un convenio de cooperación judicial. La sentencia de la Corte es clara en que “la extradición de los paramilitares…ha constituido un golpe de gracia” a la ley. Y por eso concluye que como “(se) deben privilegiar los derechos frente al del Estado requirente  de investigar los delitos (de lesa humanidad) cometidos en (nuestro) territorio y sancionar a los responsables”, se debe “emitir concepto desfavorable a la extradición”.

Por Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

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