La semana pasada hizo moñona con casos judiciales iniciados por él: la Corte Suprema abrió investigación preliminar contra el Procurador y la Fiscalía anunció audiencia de imputación contra los promotores del fallecido referendo reeleccionista.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuáles fueron sus argumentos en la queja que usted presentó ante la Corte Suprema contra el procurador Ordóñez por el fallo que él dictó a favor del ex ministro Sabas Pretelt y del ministro de Protección Social Diego Palacio en el caso de la yidispolítica?
Representante Germán Navas Talero.- Me basé en un borrador de fallo que se había proyectado en la Procuraduría de Edgardo Maya, en el cual se les imponían sanciones graves a esos dos altos funcionarios y a otros. Como se sabe, en lugar de sancionarlos, el doctor Ordóñez los absolvió alegando falta de pruebas. Le entregué a la Corte copia del primer documento elaborado en computador, y del segundo, idéntico al primero pero en el que fácilmente se observa que los párrafos en los que se sustentaba la sanción, fueron tachados y sustituidos por el texto en que se los absolvía. Le pedí a la Corte que examinara si el Procurador había ignorado pruebas y partes fundamentales del proceso.
C.O.T.- El Procurador fue llamado por la Corte la semana pasada. Pero haber llegado a una conclusión diferente a la de un borrador, no indica necesariamente que él hubiera incumplido sus obligaciones. ¿Por qué usted supuso que era así?
G.N.T.- Porque él alegó la inexistencia de pruebas para no sancionar. El problema es que sí había pruebas y que Ordóñez al parecer las ignoró. Casi nada: eran las que le sirvieron de sustento a la propia Corte para condenar a Yidis Medina. Significa que la Sala Penal de la Corte había examinado esos hechos, los comprobó y los encontró tan graves, que envió a la cárcel a Yidis. Me pregunté entonces cómo era posible que con esas pruebas condenaran a Medina, pero que no fueran útiles para sancionar a los ministros. Por eso presenté la queja.
C.O.T.- ¿En qué tipo de faltas pudo haber incurrido el Procurador, según usted?
G.N.T.- Podría haber incumplido algunos deberes que les impone el Código Único Disciplinario a los funcionarios. Por ejemplo, el de “cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión… que implique abuso indebido del cargo o función” (Art 34, numeral 2). Si lleváramos esa falta al campo penal, uno se podría encontrar con el delito de prevaricato. No me atrevo a afirmar que el Procurador lo cometió. Pero la Corte, que ha analizado toda la documentación, hizo su análisis y no sólo abrió una investigación preliminar contra el doctor Ordóñez sino que, según unos medios, le envió copias a la Fiscalía para que ésta examine, a su vez, si incurrió en falta penal.
C.O.T.- Aprovecho la mención de la Fiscalía para preguntarle por qué usted no formuló denuncia penal contra el Procurador a tiempo que lo hizo en la Corte.
G.N.T.- La hubiera presentado, pero me pareció prepotente de mi parte adelantarme al criterio de la Corte, que tiene el control disciplinario sobre el Procurador. Pensé que si ese alto tribunal encontraba motivos, le compulsaría copias a la Fiscalía. Y así fue. De otro lado, recordé que el fiscal Mario Iguarán tuvo en sus manos la investigación que se desprendía de la de Yidis y Teodolindo Avendaño sobre los mismos hechos y contra los mismos ministros, y que la congeló por completo.
C.O.T.- En la Fiscalía actual sí se está examinando ahora la presunta responsabilidad penal del ex ministro Pretelt y del ministro Palacio, pero como ese caso viene desde hace seis años, ¿cree que ha habido dilación intencional para evitar su trámite?
G.N.T.- Sí, ha habido dilación. Cuando en 2004 formulé mi denuncia contra Yidis, indiqué el papel que cumplieron unos funcionarios del Gobierno cuando estaban buscando tener la mayoría de votos para que pasara el proyecto que permitiría la primera reelección presidencial. Después, Yidis Medina confesó y contó lo que cada uno de ellos hizo. La Corte le creyó. Y viene de nuevo, entonces, una pregunta similar a la que me hice con respecto al Procurador y su fallo: ¿Por qué esas pruebas fueron válidas para castigar la conducta de Yidis y no han tenido ningún efecto en el caso de los ministros?
C.O.T.- He oído que en la Fiscalía actual sí se está moviendo la investigación, y mucho. Se supone que pronto habrá decisión.
G.N.T.- Tengo entendido que de esa investigación está encargado el actual Vicefiscal. Ahora, si usted me pregunta por el manejo de ese asunto en la Fiscalía anterior, tengo que decirle que a mí, Germán Navas Talero, no me gustó.
C.O.T.- Bueno, el ex ministro Pretelt es uno de los mejores amigos de Mario Iguarán y éste, precisamente, se declaró impedido en ese caso por ese motivo.
G.N.T.- Pero nunca, en su tiempo, él impulsó el caso o hubo la diligencia necesaria para darle trámite. Si no, explíqueme usted por qué todavía no se ha resuelto nada, después de tantos años.
C.O.T.- Sigo pensando en el Procurador: como usted lo ha dicho, él afirmó que no había pruebas para imponer sanciones. Y también alegó que Yidis Medina no quiso ratificar sus denuncias en la Procuraduría. ¿Esta última explicación es convincente para usted?
G.N.T.- Hoy está claro que las pruebas que reposaban en la Corte fueron trasladadas al proceso de la Procuraduría; y con ellas, se enviaron las declaraciones de Yidis ante la Sala Penal. Por tanto, ella no estaba obligada a repetir en la Procuraduría lo que ya había dicho bajo juramento ante los magistrados. El traslado de todo lo actuado en el proceso penal al proceso disciplinario era y es válido para los efectos judiciales.
C.O.T.- ¿Cuáles efectos jurídicos podrían derivarse de esta investigación contra el Procurador?
G.N.T.- No deseo especular sobre ese tema. Si la Corte abrió investigación preliminar, fue porque encontró razones para hacerlo.
C.O.T.- Las consecuencias jurídicas pueden ser unas y no es posible predecirlas. Pero los efectos políticos de que el Procurador tenga una investigación pendiente, son palpables. ¿Qué autoridad puede tener él, ahora, para sancionar a otros?
G.N.T.- No soy el indicado para pronosticar qué futuro le espera al Procurador y no quiero meterle política a este caso, pero sí deseo decirle al país que nunca lo he engañado. Cuando formulé la denuncia, muchos de mis enemigos dijeron que se trataba de payasadas y me ridiculizaron. Lo cierto es que gané en credibilidad porque jamás mentí.
C.O.T.- Otro caso denunciado por usted se movió en días pasados: la Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a los nueve promotores del referendo reeleccionista. Entre la investigación al Procurador y ésta, ¿hizo moñona?
G.N.T.- Lo que pasa es que antes de denunciar me asesoró bien e investigo. En el caso de los promotores del referendo, llevé el caso a la Fiscalía después de ahondar en la forma como se recogieron las firmas y se manejaron los dineros de la campaña para su recolección. Con varios amigos averiguamos cómo se había hecho la triangulación de dineros y encontramos que al Registrador le estaban escondiendo la verdad sobre el monto de los recursos usados y sobre el origen de los aportes. Entre otras cosas, nos impresionó mucho que sólo recibieran donaciones en efectivo.
C.O.T.- ¿No hubo cheques?
G.N.T.- No. Hasta el abogado de Luis Guillermo Giraldo, promotor principal del referendo que a su vez había sido apoderado de DMG, hizo un aporte en efectivo de cinco millones de pesos ¿Por qué descubrimos que sólo recibían billetes físicos? Porque si hubieran manejado en los bancos los dos mil millones de pesos que costó la campaña, habrían tenido que pagar por gastos financieros cerca de ocho millones de pesos. Y ellos, en su balance de la campaña, le habían imputado a ese renglón únicamente 700 mil. Yo estaba lleno de razones para pedir que se investigara a los promotores.
C.O.T.- ¿Por cuál delito?
G.N.T.- Por fraude procesal, porque se indujo a error a un servidor público para que produjera un acto jurídico contrario a Derecho.
C.O.T.- ¿A quién? ¿Al Registrador?
G.N.T.- Sí. Aunque el Registrador no se comió el cuento, ese delito no requiere que el funcionario caiga en el error. Basta con tratar de inducirlo. Presenté el hecho en la Cámara y después lo denuncié en la Fiscalía. Enseguida me fui de vacaciones al exterior. Cuando regresé, mes y medio después, me encontré con la sorpresa de que le habían quitado la investigación a la fiscal que había sido asignada en principio y que estaba a punto de citar a los promotores del referendo a audiencia de imputación de cargos. Esto ocurrió hace un año.
C.O.T.- ¿Sabe por qué la removieron de la investigación?
G.N.T.- El año pasado empecé a mandar derechos de petición para saber por qué diablos le habían quitado la investigación a esa fiscal, pero nadie me quiso contestar. Tuve que ponerle una tutela al doctor Iguarán para que me respondiera.
C.O.T.- ¿Qué le respondió?
G.N.T.- Nada. Palabras más palabras menos, me dijo que el Fiscal podía tomar ese tipo de decisiones y asignarles a los investigadores los casos que creyera adecuados. Después supe que habían encargado de la investigación a un fiscal delegado ante la Corte. Y más tarde descubrí que ese nuevo fiscal era un paisano del doctor Iguarán y que también son muy amigos.
C.O.T.- ¿Y por qué cree que ahora sí se está avanzando en ese caso?
G.N.T.- Cuando el doctor Guillermo Mendoza Diago asumió el cargo de Fiscal General encargado, el caso empezó a activarse. El mes pasado mandé un derecho de petición para preguntar por el proceso y me contestaron, para mi sorpresa, que la fiscal que había iniciado la investigación el año pasado y a la que se lo habían quitado, había sido reasignada al mismo.
C.O.T.- De su relato surge una duda: el doctor Iguarán removió a la fiscal que conoció inicialmente el caso cuando ella estaba lista a llamar a audiencia de imputación a los ministros; y le dio el proceso a un fiscal gran amigo suyo. ¿Por qué haría eso?
G.N.T.- Hay ciertos hechos que el periodista Daniel Coronell mostró en su noticiero y que me tienen inquieto, porque una de las promotoras del referendo fue a una asociación colombo-china y consiguió allí un viaje, entre otros, para los hijos del Fiscal General y a un costo bastante reducido.
C.O.T.- ¿Se refiere a una de las investigadas?
G.N.T.- Sí, y además también se dijo que era vecina del edificio del doctor Iguarán.
C.O.T.- En la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo se señala que haber violado los topes legales incidió en la declaración de inconstitucionalidad del proyecto. ¿Opina que esa parte podría generar consecuencias en la investigación que se adelanta contra los promotores?
G.N.T.- Claro, porque la Corte precisó que ese requisito existía, que era necesario cumplirlo y acatarlo. En su sentencia, la Constitucional encontró que los temas que objeté, eran realmente serios.
La situación jurídica del Procurador
Hace un año, el procurador Alejandro Ordóñez se abstuvo de sancionar al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, al ministro Diego Palacio y a otros tres altos funcionarios cercanos a la Casa de Nariño en el proceso que se adelantaba en la Procuraduría contra ellos porque habían ofrecido, presuntamente, cargos y otras prebendas a los congresistas en 2004, a cambio del voto por la primera reelección presidencial. Ignoraba el Procurador que su fallo de 2009 tendría un efecto bumerán: el representante del Polo, Germán Navas Talero, presentó una queja en su contra ante la Corte, su juez disciplinario, para que ésta investigara si él había absuelto a esos funcionarios ignorando la realidad procesal. Según el Procurador, había más “dudas razonables” que pruebas en el caso de la yidispolítica. Pero la Corte, el mismo tribunal que condenó a Yidis con las pruebas que Ordóñez juzgó incoherentes y contradictorias, no estuvo de acuerdo con él y decidió abrirle investigación preliminar e interrogarlo durante cuatro intensas horas, la semana pasada. También compulsó copias a la Fiscalía para que ésta examine su conducta en materia penal. La lógica indica que los magistrados han encontrado hechos dudosos en el comportamiento de Alejandro Ordóñez.
El denunciante solitario
C.O.T.- Usted también denunció a sus 85 compañeros de la Cámara de Representantes por haber votado el segundo intento de reelección, advertidos de que no tenían la facultad para hacerlo. ¿Avanza ese caso?
G.N.T.- Está siguiendo su curso. Me han llamado a práctica de pruebas en dos oportunidades.
C.O.T.- Usted denuncia a diestra y siniestra. ¿Por qué apunta tan bien?
G.N.T.- Porque nunca me precipito. Primero miro las pruebas, me convenzo de si existen o no motivos para hacer una denuncia y la presento.
C.O.T.- No es agradable estar denunciando a sus propios colegas. ¿Se siente mal por hacerlo?
G.N.T.- No, al contrario, porque estoy siendo fiel a mi conciencia. Aquí había un mito que consistía en que como el voto de los parlamentarios es inviolable, teníamos el derecho de hacer todo lo que nos diera la gana. Recuerdo que ese fue el argumento que me dieron cuando planteé el caso de Yidis. Me dijeron que por colegaje no la denunciara, que eso no se hacía. Contesté que para mí ese voto no era inviolable, porque allí había un delito. El tiempo me dio la razón. Es una obligación denunciar lo que consideramos ilegal. No hacerlo es un acto de cobardía.