Cuando la semana pasada Amnistía Internacional presentó su informe de 2008 sobre la situación de los derechos humanos en el país, revelada después de una serie de investigaciones que se llevaron a cabo durante dos años, el Ejecutivo recibió con displicencia los resultados de ese documento y la mayoría de los medios, aunque dieron la noticia, desestimaron la importancia de lo que allí se consignaba. Si se mira hoy dicho informe con el velo descorrido, al menos en cuanto al escándalo surgido por el descubrimiento público de las centenares de ejecuciones extrajudiciales en las que habrían incurrido miembros de las Fuerzas Militares, es imposible no concluir que en el exterior tienen más conocimiento que aquí de lo que sucede en el país.

Lo más sorprendente es que el caso de Amnistía Internacional no es el único. Las organizaciones de Derechos Humanos más importantes del mundo desarrollado como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, y ONG de reconocido prestigio, le habían advertido al Estado colombiano lo que estaba sucediendo en esta materia. Pero los funcionarios nacionales no habían querido aceptar que tal situación pudiera ser cierta y más bien tomaban las recomendaciones como el efecto de una conjura de los grupos opositores contra el Gobierno, y cuyas infamias habrían tenido eco en instancias norteamericanas y europeas. Ahora se sabe, no sólo que todo era verdad sino que el panorama es peor de lo que nadie nunca se imaginó.

Marcelo Pollack es uno de los investigadores sobre Colombia del Secretariado de Amnistía y su oficina se encuentra en Londres. Sin embargo, viaja con frecuencia a Bogotá, y de la capital sale a recorrer las regiones más apartadas del territorio nacional (ver parte superior de la página).  Pollack habló con El Espectador sobre este tema y otros que trata el documento de análisis.

Cecilia Orozco Tascón.-La recomendación al mundo desarrollado para que le suspendan la ayuda militar a Colombia,  ¿no es muy drástica?

Investigador Marcelo Pollack.- Amnistía Internacional no se opone a la ayuda militar per se. Expresamos nuestra preocupación cuando creemos que esa ayuda puede usarse en la violación de Derechos Humanos. Con el incremento, en los últimos años, de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, hemos llegado a la conclusión de que no existen condiciones para garantizar que dicha contribución se va a emplear de manera sana y justa.

C.O.T.- Precisamente ahora se están descubriendo casos de ejecuciones extrajudiciales en masa, ¿alcanzaron ustedes a percibir que ese problema era tan hondo?

I.M.P.- Sí. Ese es uno de los temas que incluimos y discutimos a fondo en el informe 2008. Sin embargo, para Amnistía, las ejecuciones extrajudiciales no son un tema nuevo. Amnistía y otras organizaciones de derechos humanos en Colombia y en el exterior habíamos venido denunciándolas hace muchos años. Lo que sucede es que hasta ahora el Gobierno se había negado a aceptarlo. Por eso hemos declarado que el hecho de que haya reconocido la existencia de tal situación es un primer paso para buscar soluciones.

C.O.T.- El Gobierno también niega, como parte de su política de seguridad, la existencia de un conflicto armado. ¿Por qué ese punto se destaca en el informe de Amnistía?

I.M.P.- Organizaciones como Naciones Unidas, el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y Amnistía califican la situación de Colombia como la de un país con conflicto armado. En consecuencia, con esa calificación, se insta a los