Cuando la semana pasada Amnistía Internacional presentó su informe de 2008 sobre la situación de los derechos humanos en el país, revelada después de una serie de investigaciones que se llevaron a cabo durante dos años, el Ejecutivo recibió con displicencia los resultados de ese documento y la mayoría de los medios, aunque dieron la noticia, desestimaron la importancia de lo que allí se consignaba. Si se mira hoy dicho informe con el velo descorrido, al menos en cuanto al escándalo surgido por el descubrimiento público de las centenares de ejecuciones extrajudiciales en las que habrían incurrido miembros de las Fuerzas Militares, es imposible no concluir que en el exterior tienen más conocimiento que aquí de lo que sucede en el país.
Lo más sorprendente es que el caso de Amnistía Internacional no es el único. Las organizaciones de Derechos Humanos más importantes del mundo desarrollado como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, y ONG de reconocido prestigio, le habían advertido al Estado colombiano lo que estaba sucediendo en esta materia. Pero los funcionarios nacionales no habían querido aceptar que tal situación pudiera ser cierta y más bien tomaban las recomendaciones como el efecto de una conjura de los grupos opositores contra el Gobierno, y cuyas infamias habrían tenido eco en instancias norteamericanas y europeas. Ahora se sabe, no sólo que todo era verdad sino que el panorama es peor de lo que nadie nunca se imaginó.
Marcelo Pollack es uno de los investigadores sobre Colombia del Secretariado de Amnistía y su oficina se encuentra en Londres. Sin embargo, viaja con frecuencia a Bogotá, y de la capital sale a recorrer las regiones más apartadas del territorio nacional (ver parte superior de la página). Pollack habló con El Espectador sobre este tema y otros que trata el documento de análisis.
Cecilia Orozco Tascón.-La recomendación al mundo desarrollado para que le suspendan la ayuda militar a Colombia, ¿no es muy drástica?
Investigador Marcelo Pollack.- Amnistía Internacional no se opone a la ayuda militar per se. Expresamos nuestra preocupación cuando creemos que esa ayuda puede usarse en la violación de Derechos Humanos. Con el incremento, en los últimos años, de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, hemos llegado a la conclusión de que no existen condiciones para garantizar que dicha contribución se va a emplear de manera sana y justa.
C.O.T.- Precisamente ahora se están descubriendo casos de ejecuciones extrajudiciales en masa, ¿alcanzaron ustedes a percibir que ese problema era tan hondo?
I.M.P.- Sí. Ese es uno de los temas que incluimos y discutimos a fondo en el informe 2008. Sin embargo, para Amnistía, las ejecuciones extrajudiciales no son un tema nuevo. Amnistía y otras organizaciones de derechos humanos en Colombia y en el exterior habíamos venido denunciándolas hace muchos años. Lo que sucede es que hasta ahora el Gobierno se había negado a aceptarlo. Por eso hemos declarado que el hecho de que haya reconocido la existencia de tal situación es un primer paso para buscar soluciones.
C.O.T.- El Gobierno también niega, como parte de su política de seguridad, la existencia de un conflicto armado. ¿Por qué ese punto se destaca en el informe de Amnistía?
I.M.P.- Organizaciones como Naciones Unidas, el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y Amnistía califican la situación de Colombia como la de un país con conflicto armado. En consecuencia, con esa calificación, se insta a los
nacionales a que cumplan con las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las cuales deben ser respetadas tanto por las Fuerzas Armadas como por la guerrilla. Si el Gobierno niega la existencia del conflicto, por lo menos retóricamente está diciendo que no es aplicable el DHI y le envía un mensaje confuso a la fuerza pública en el sentido de que no hay que tenerlo en cuenta. Si en cambio lo reconoce, le da un respaldo simbólico al DIH.
C.O.T.- ¿Cree que esa “confusión de mensajes” como usted la llama, puede haber incentivado el fenómeno de los falsos positivos y de las ejecuciones extrajudiciales?
I.M.P.- Las razones tras las ejecuciones extrajudiciales son variadas y bastante complejas. Desde hace un año, o año y medio, se ha hablado mucho del tema de la presión del presidente Uribe hacia la Fuerza Pública para que muestre resultados y éstos se estaban midiendo, aparentemente, por el número de muertos. Creo que esa situación ha tenido un impacto bastante significativo en la actuación de la Fuerza Pública porque, además, se tenían en cuenta los “positivos” para aumentar los días de vacaciones de los soldados y para seleccionar a los recomendados para los ascensos. También ha existido una estrategia para eliminar activistas civiles, sindicalistas y hasta campesinos que han sido falsamente acusados de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla.
C.O.T.- ¿Por qué habla de “estrategia”? Suena a conspiraciones de grupos oficiales.
I.M.P.- Es claro que en muchos casos, dentro de los presupuestos de la estrategia contrainsurgente que adoptó la Fuerza Pública, la población civil, especialmente la que habitaba en las zonas rurales de influencia guerrillera, era vista como un enemigo y no como una víctima del conflicto. Muchos campesinos y líderes comunitarios fueron tildados falsamente de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla. Los asesinatos de ellos bajo el rótulo de “muertos en combate”, deben ser entendidos en este contexto. Hay que recordar también que los grupos paramilitares jugaron un papel clave en dicha estrategia contrainsurgente. Entonces no hay que sorprenderse si esos grupos ilegales aparecen vinculados a las ejecuciones.
C.O.T.- Al comienzo se hablaba de ejecuciones extrajudiciales en los once casos de Soacha. Pero cada día crece más la cifra y el procedimiento asesino aparece en diversas regiones. ¿Usted diría que hay un patrón sistematizado?
I.M.P.- El patrón de las ejecuciones extrajudiciales es sistemático y generalizado. De nuevo le insisto en que las organizaciones de Derechos Humanos han estado denunciando este procedimiento criminal durante varios años. Estamos hablando de miles de personas asesinadas y desaparecidas en décadas.
C.O.T.- Si a Amnistía no le sorprende lo que se ha revelado sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, ¿tampoco los asombró la reacción del presidente Uribe de destituir a 25 altos oficiales?
I.M.P.- Como ya lo dije, el hecho de que el Gobierno haya reconocido la existencia del problema, es un paso, pero también decimos que relevar a unos cuantos generales no es la solución completa. Se necesita mucho más. El Gobierno debe impulsar las investigaciones de todos los casos que han denunciado las organizaciones de Derechos Humanos sobre ejecuciones y también tiene que comprometerse a que sea la justicia ordinaria y no la penal militar la que asumirá los procesos. Ya no es aceptable que las cortes marciales sigan investigando y cerrando casos.
C.O.T.- Según lo que Amnistía ha examinado en Colombia, ¿hay condiciones para que la justicia opere efectiva y autónomamente?
I.M.P.- Hay sectores del Poder Judicial que han intentado adelantar investigaciones exhaustivas, imparciales y serias. Nosotros calificamos muy bien la labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, la de la Corte Suprema; el trabajo de apoyo a los derechos humanos por parte de la Corte Constitucional y gran parte de lo que ha hecho la
Procuraduría. En conclusión, sí hay un Poder Judicial que tiene la capacidad de investigar, pero necesita el respaldo político para hacerlo. Eso no quiere decir que la comunidad internacional, en particular la Corte Penal Internacional (CPI), no tenga un rol por cumplir en los casos de investigaciones por los abusos y violaciones al DIH.
C.O.T.- ¿Cree, según lo que ha analizado aquí, que existen condiciones para que entre a operar en Colombia la CPI?
I.M.P.- Es una decisión que debe tomar la propia Corte Penal. Todavía no hay mucha certeza sobre si va a adoptar el caso de Colombia. Entendemos que está estudiando la posibilidad de investigar algunos casos pero no sabemos cuándo lo hará. En el informe recordamos que Colombia aplicó el artículo 124 del Estatuto de Roma, según el cual, la Corte no puede investigar crímenes de guerra cometidos en el país en siete años. Ese lapso ya se está terminando, pero aunque ahora se elimine la restricción, la CPI nunca va a poder investigar los crímenes que se hayan cometido en ese período.
C.O.T.- Para Amnistía, ¿cuál es la evaluación en materia de derechos humanos y violaciones a los mismos, durante las dos administraciones de Álvaro Uribe?
I.M.P.- La situación de derechos humanos en Colombia es compleja y los resultados son funestos. Es claro que hay ciertos indicadores de que las cosas han mejorado en estos años, particularmente en el tema del secuestro. Se han visto descensos significativos en las cifras sobre plagios y también en los asesinatos relacionados con el conflicto armado, aunque todavía hay muchísimos. Es positiva la seguridad generalizada en las ciudades más grandes del país y en las principales carreteras y ese es el mensaje que el Gobierno colombiano ha promovido a nivel internacional. Esa parte es cierta y real. Pero al mismo tiempo, nosotros reconocemos la existencia de la otra Colombia, del otro lado de la moneda que el Gobierno no quiere admitir. Estamos hablando del notable incremento en las ejecuciones extrajudiciales, en las desapariciones forzadas y en los ataques a los defensores de derechos humanos y sindicalistas. Lo que hacemos es balancear la posición del Gobierno colombiano frente a la comunidad internacional.
C.O.T.- ¿Quiere decir que antes había una guerra más abierta y generalizada y que ahora continúa la guerra pero en forma soterrada y segmentada?
I.M.P.- Como a Amnistía le interesa el tema de los derechos humanos, lo que podemos afirmar es que hay dos Colombias y que mientras en el pasado todo el país estaba afectado por el conflicto, ahora ese conflicto es un poco más invisible. Pero no significa que las víctimas hayan disminuido, aunque no tengan una voz que hable por ellas. Cuando nosotros les preguntamos ¿cómo está hoy su situación comparada con la de hace cuatro o cinco años?, casi no entienden porque para ellas nada ha cambiado.
C.O.T.-En materia de ataques a sindicalistas y defensores de derechos humanos, ¿Colombia tiende a mejorar o empeora, según lo que ustedes vieron en el terreno?
I.M.P.- En cierto sentido, hasta el año pasado se venía notando un mejoramiento en la situación de seguridad de unos y otros. La cifra de ataques bajó, si se compara con lo que sucedía en los años 80 y 90. Desafortunadamente este año, en particular después de la marcha del 6 de marzo (en contra de los grupos paramilitares), hubo un incremento notable de amenazas y ataques. En los primeros ocho meses de 2008 hubo más sindicalistas asesinados que en todo 2007. También continuaron los ataques verbales de altos funcionarios en contra de los defensores de derechos y los trabajadores. El Gobierno no ha hecho un pronunciamiento claro para defender la legitimidad del trabajo de estos grupos, lo que tiene un impacto sobre el clima general.
C.O.T.- ¿Cree que las grandes manifestaciones cívicas que se vieron en el país contra el secuestro y los grupos armados tuvieron un efecto negativo entre los grupos ilegales y por eso quisieron vengarse?
I.M.P.- A estos grupos no les importa mucho la opinión pública, y su desprecio hacia la población civil y el dolor que muchos están viviendo es casi total. Pero las manifestaciones han sido importantes para Colombia, por el mensaje de rechazo social que conllevan. Aunque si hubo un incremento en asesinatos especialmente de sindicalistas, justo
antes y después de la marcha de marzo; y muchas de las amenazas que estos activistas recibieron tenían una conexión clara con la manifestación, es difícil afirmar con certeza que el aumento general en los ataques está directamente ligado con las manifestaciones cívicas.
C.O.T.- El presidente Uribe dijo que él no iba a comentar el informe de Amnistía, ¿como toma esa reacción frente al documento de ustedes?
I.M.P.- A nosotros nos interesa tener un diálogo constructivo para ayudar a resolver la crisis de derechos humanos en el país. Hemos mantenido conversaciones fluidas con los sucesivos gobiernos colombianos y esperamos que continúen siendo buenas.
Metodología de los informes de Amnistía sobre Colombia
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cómo se realizan las investigaciones de Amnistía?
Marcelo Pollack.- Hay que resaltar que siempre trabajamos sobre el terreno. En el caso concreto del equipo de Colombia, los investigadores viajamos a su país con mucha frecuencia: tres, cuatro o cinco veces al año recorremos, a lo largo y ancho, el territorio. Hablamos con todos los sectores sociales y mantenemos un diálogo muy fluido con el Gobierno, en particular con la oficina del Vicepresidente de la República. También tenemos contactos regulares con la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría y con las ONG. Esto, en el nivel nacional. En las regiones siempre intentamos reunirnos con la Fuerza Pública, las autoridades civiles locales, bien sea con la alcaldía o la gobernación, y con las ONG del lugar. Por supuesto, dialogamos con los testigos, víctimas y habitantes en general. Para este informe que acabamos de presentar adelantamos una investigación durante dos años y en este tiempo visitamos varios departamentos, en particular Arauca, Chocó, Antioquia, Guaviare, Meta, Cesar y Putumayo.
C.O.T.- ¿Cuánto tiempo están en el país cada vez que vienen?
M.P.- Entre dos y tres semanas, y a veces un poco más.
C.O.T.- ¿Cuántas personas vienen?
M.P.- Normalmente vamos dos investigadores.
Amnistía sabía la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales
Como si Amnistía Internacional supiera el escándalo mundial que se armaría días después de la presentación de su informe sobre Colombia, con el descubrimiento masivo de “falsos positivos” de militares que presentaban como bajas de guerrilleros en combate, lo que en realidad eran asesinatos de civiles, esta importante ONG británica incluyó en su documento el siguiente párrafo: “En un discurso pronunciado en julio de 2007, el presidente Uribe afirmó: ‘Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada vez que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial’” (pág. 28). Amnistía también recordó el caso de tres sindicalistas de Saravena, Arauca, que fueron asesinados en 2004, pero cuyos cadáveres se exhibieron a la prensa como de guerrilleros caídos en combate. Y como si fuera poco, en las páginas 38 a 40 relata dos impresionantes casos de ese mismo tipo de crímenes a manos de soldados y afirma: “…especialmente a partir del proceso de desmovilización de los paramilitares en 2003 han aumentado los informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo directamente por las fuerzas de seguridad. En 2007 se tuvo noticia de alrededor de 330 ejecuciones (a manos de militares), frente a unas 220 anuales en el período 2004–2006, 130 en 2003 y alrededor de 100 en 2002”. En conclusión, en el exterior se sabía lo que Colombia ignoraba o minimizaba.