En el caso de las pirámides, “faltó gobierno”

Dos de los ex ministros de Hacienda más prestigiosos del país contestan diez preguntas básicas sobre el desmoronamiento masivo de las mágicas escaleras de billetes denominadas pirámides. Critican la falta de acción oportuna de la administración Uribe y afirman que hubo  malicia o ingenuidad en la demora oficial para intervenir a las captadoras ilegales de los recursos económicos del pueblo.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
16 de noviembre de 2008 - 03:00 a. m.

Preguntas

1.- ¿Cuál es la explicación para que hayan crecido en esa magnitud los negocios parabancarios y parafinancieros conocidos como ‘pirámides’?

2.- ¿Cuál es el mecanismo que les permite a los grupos que arman las pirámides responderles durante un tiempo a sus clientes con devoluciones de dinero sobre el 100 o el 150% de lo que invirtieron?

3.- Además de la oferta de ganancias exorbitantes que ofrece ese esquema ilegal, ¿cuáles son a su juicio las falencias que el colombiano del común detecta en el sistema financiero y bancario para que prefiera correr el riesgo de entregarle sus ahorros a alguien que no le da garantías?

4.- ¿Le parece real la cifra de dos billones de pesos y dos millones de personas que dan las autoridades como que están ‘en vilo’ por la caída de las pirámides?

5.- En un titular de El Espectador se lee que “tiemblan las pirámides”. ¿Temblará también el esquema financiero y bancario del país? ¿Será necesario pensar en hacerle reformas profundas al sistema que permite que los grandes grupos tengan enormes ganancias, mientras que los ahorradores sólo ganan intereses mínimos?

6.- ¿Qué reflexiones deberían hacerse hoy los accionistas de los grupos financieros y bancarios?

7.- Usted ha sido Ministro de Hacienda y ha pertenecido a las juntas directivas de las entidades más importantes del sector económico. ¿Falló el Gobierno o qué otra explicación puede tener la demora en la intervención oficial? 

8.- ¿Cree que la Superintendencia Financiera no tiene suficientes herramientas para enfrentar a quienes delinquen, o que tiene las manos amarradas?

9.- A su juicio, ¿la responsabilidad política de lo sucedido  es del  renunciado Superintendente, del ministro de Hacienda, del Presidente, o de todos ellos?

10.- ¿Qué responsabilidad ética le cabe al Gobierno si la gente insiste en entrar a las pirámides aun sabiendo que corre muchos riesgos?

Ex ministro Rudolf Hommes:

“Estoy sorprendido de que (el Ejecutivo) no hubiera actuado”

1.- La codicia y la ignorancia de algunos segmentos del público explican el fenómeno. Los pobres compran lotería y seguros al mismo tiempo. Y resultan propicios a la seducción de las pirámides porque les prometen rendimientos que son de lotería, mientras que les permiten pretender que están ahorrando. También hay avivatos que participan en la pirámide al principio, y llevan otros clientes para que haya cómo recaudar su rendimiento y recuperar su inversión. Es usual que a los que se les ha asegurado que no pierden, actúen como ‘calanchines’.

2.- Las pirámides dependen de la continuación del crecimiento: con lo que recogen de los nuevos ahorradores que ingresan, les pagan a los que han llegado primero y éstos se retiran con sus ganancias. Esto hace que quienes ya están en el sistema, se conviertan voluntaria o involuntariamente en cómplices de los gestores y traten de atraer más clientes para que les puedan pagar. Cuando la pirámide deja de crecer, hace crisis y los gestores se vuelan con la plata. Es un sistema infernal que deja de funcionar y se derrumba, como le decía, cuando no sigue creciendo con rapidez, o una vez  que se descubre que no van a poder pagarles a todos.


3.- No se trata de falencias del sistema legal. Lo que pasa es que ningún intermediario financiero serio y responsable puede pagar rendimientos como los que prometen las pirámides y sobrevivir a esa oferta.

4.- No puedo juzgar si la suma es real, pero se sabe que hay mucha gente afectada o involucrada. Es inconcebible que las autoridades hayan esperado hasta ahora para intervenir, cuando se trataba de una muerte anunciada.

5.- No lo creo. El sistema financiero institucional que está supervisado, no tiene nada que ver con las pirámides. Si éstas han proliferado, es por fallas de regulación y de supervisión.

6.- Creo que no debieron haberse quedado quietos.  Han debido exigirle al Gobierno que interviniera a tiempo.

7.- Con ocasión de todo lo que ocurrió en días pasados, me preguntaba si durante mi gestión en el Ministerio de Hacienda yo hubiera tenido este problema, qué hubiera hecho. Llegué a la conclusión de que hubiera tratado de meter en cintura a los ‘piramidistas’ aunque fuera con el Ejército como lo hicieron en Ecuador, o invocando la emergencia económica o la conmoción interior, si estas medidas fueran legalmente viables. Aquí faltó gobierno. No intervino a tiempo y con valor para evitar esta catástrofe. No se entiende por qué hasta ahora hace presencia el Ministro de Hacienda cuando la estafa ya se ha consumado. Y el superintendente fue un convidado de piedra en el proceso, o tuvo sus manos amarradas sabiendo lo que iba a suceder.

8.-  Realmente estoy sorprendido de que no se haya actuado. Fuentes cercanas al ex Superintendente Financiero dicen que estaba muy molesto porque el Gobierno no apoyó una intervención oportuna y que tampoco obtuvo respaldo de la Fiscalía, pues ésta no se movió con la debida diligencia. Es posible que a título privado y personal, funcionarios de algunas instituciones del Estado sean clientes o usufructuarios de las pirámides. Los abogados que he consultado dicen que el Ejecutivo contaba con los instrumentos necesarios para intervenir. No lo hizo.


9.- Del Gobierno entero. Desde 1982 es ilegal captar dinero del público y por eso es una actividad penalizada. Ellos sabían que había pirámides y que allí se captaba dinero del público. Se pregunta uno por qué no intervinieron; por qué no enviaron a la cárcel a los responsables o por qué no mandaron a la Policía a cerrar las sucursales que existían en todo el país. Si tenían dudas, el Ministerio de Hacienda ha debido actuar para prevenir lo que sucedió, en vez de esperar a que todo el mundo se quedara en la ruina.

10.- Una de las responsabilidades del Gobierno es evitar que la gente actúe en contra de sus propios intereses y se haga daño. Las leyes laborales, por ejemplo, impiden que los trabajadores renuncien a sus derechos y los que hacen malos tratos, no pueden renunciar a la protección que les brinda la ley. Cuando el Ejecutivo detecta un problema como el que nos ocupa, debe intervenir para proteger a los incautos y para castigar a los criminales y a sus cómplices. El Presidente, que es un gran comunicador, no les comunicó efectivamente a las víctimas de las pirámides que los iban a desplumar irremediablemente. Trató de hacerlo pero no con la contundencia necesaria.

Ex ministro Juan Camilo Restrepo:

“La responsabilidad política es inexcusable”

1.- Creo que la razón de su florecimiento es una mezcla de: defectuoso y tardío control por parte del Estado; ánimo desmedido de utilidades fantasiosas por parte de ahorradores ingenuos; y avivatada de los captadores piratas que se aprovecharon de las dos causas anteriores. Algunos mencionan también el lavado de activos como una de las causas.

2.- A los primeros ahorradores que llegan  les pagan rendimientos astronómicos con la plata que depositan los segundos; a los segundos con los dineros de los terceros; y a éstos con los de los cuartos. Y así sucesivamente hasta que la cadena de la felicidad no puede seguir funcionando y se derrumba. Los ahorradores tumbados terminan siendo los de las últimas cohortes. Por eso, inclusive, vimos marchas de ahorradores apoyando a las pirámides. Como sucedió en Villavicencio. Eran los ahorradores que llegaron en primer lugar.

3.- Creo que más que falencias en el sistema bancario regulado, a los ingenuos ahorradores de las pirámides los mueve la ilusión infundada de que alguien (así no esté regulado y sea más inseguro) los saque de la noche a la mañana de la pobreza con el ofrecimiento de rendimientos imposibles.


4.- No lo sé. En un principio me sonaron muy altas estas cifras. Pero observando la catarata de pirámides que se están reventando en todo el país y el número insospechado de ahorradores defraudados que están apareciendo, a lo mejor no resulta exagerada.

5.- Creo lo contrario: el fracaso de las pirámides –como tenía que suceder–  reafirma la importancia y la seguridad del sistema financiero institucional.

6.- De nuevo: creo que el problema no es de los accionistas de las entidades financieras reguladas por el Estado. Es de los piratas de las captadoras irregulares.

7.- Creo que hubo tardanza injustificada por parte del Gobierno en tomar medidas preventivas. El problema de las pirámides venía advirtiéndose hace más de un año, o año y medio. Se debieron haber cerrado con rigor todas estas captadoras hace varios meses, y no dejarles tomar el vuelo que alcanzaron. La administración también se equivocó en haber creído que con un proyecto de ley que aún se tramita en el Congreso era como iba a solucionar el problema. La captación masiva y habitual de ahorros del público sin autorización oficial está prohibida en nuestra legislación desde hace un cuarto de siglo (decreto 2920 de 1982). Es una conducta que está tipificada como delito desde entonces. El Gobierno debió aplicar con rigor la legislación que estaba vigente, en vez de ponerse a proponer una nueva ley que, con cambios más bien marginales, no hace otra cosa que prohibir lo que ya estaba prohibido desde hace 25 años.

8.- La Superfinanciera no tiene las manos amarradas ni carece de herramientas administrativas para actuar. El ex superintendente tiene razón en lo que ha dicho: que no es una autoridad judicial con capacidad de sancionar la comisión de eventuales delitos. Esa autoridad es la Fiscalía. Pero sí tiene facultades y responsabilidades para actuar en el campo administrativo y preventivo. O sea, cerrando cualquier captador pirata de ahorros públicos que abra negocio sin autorización oficial. Y pidiendo el concurso de las autoridades policivas y municipales cuando ello sea necesario para hacer cumplir sus órdenes.

9-10.- La responsabilidad política del alto Gobierno es evidente e inexcusable. La propia Constitución (artículo 189-numeral 24) señala que le corresponde al Presidente ejercer “la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público”. Además de la responsabilidad política –concepto que se ha venido desdibujando últimamente  en la vida pública del país–, no puedo dejar de mencionar la ingenuidad con que el Gobierno, fuera de la tardanza con que actuó, ha manejado este asunto.

Por ejemplo: según el periódico Portafolio, pocos días antes de que estallara la dramática crisis de las pirámides, el presidente Uribe declaró: “A los inversionistas internacionales tenemos que decirles… cualquier dólar que haya logrado escapar de esa pirámide de Wall Street… tráiganlo para acá, que aquí les queda seguro”. El estrepitoso derrumbe de las pirámides en Colombia no sólo deja mal heridos a miles de ahorradores, sino a la tan cacareada “seguridad inversionista”, que es una de las muletillas preferidas del Gobierno.

Por Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar