'Presentaremos un mapa de la guerra y las responsabilidades'

“Tenemos 21 informes sobre masacres y revisamos casos de mujeres utilizadas como botín de guerra”, dice Sánchez. / Gonzalo Sánchez

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Quiénes son los autores del Informe de Memoria Histórica que relatará los hechos de la violencia y la guerra en la Colombia contemporánea?

Gonzalo Sánchez Gómez.- Somos académicos y miembros de centros de investigación reconocidos como especialistas en el conflicto. Unos pertenecimos al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional y también hay investigadores de la Universidad de los Andes, del Cinep, de Dejusticia, etc. Es decir, hay una mezcla de ONG con centros de pensamiento, mundo académico y mundo universitario, especialmente.

C.O.T.- Además de usted —reconocido intelectual— mencione, por favor, a algunos de los investigadores del Centro de Memoria Histórica.

G.S.G.- Hay muchos, pero en principio le mencionaría a Iván Orozco Abad, Rodrigo Uprimny, Martha Nubia Bello, María Emma Wills, Fernán González, Andrés Suárez y León Valencia, entre otros valiosos investigadores.

C.O.T.- Le hago la pregunta porque el origen del Centro de Memoria Histórica es oficial y viene de un grupo creado por el gobierno anterior —que no se caracterizaba precisamente por el reconocimiento de los derechos de las víctimas—. Esta particularidad, ¿podría poner en entredicho la credibilidad de la entidad y del informe?

G.S.G.- El grupo de investigadores que le mencioné aceptó el compromiso de realizar esta tarea sobre la base de una consagración explícita de autonomía para la realización del mandato cuya función principal era “producir un informe sobre el origen y evolución de los grupos armados ilegales”, o sea, un documento sobre el conflicto contemporáneo.

Esa autonomía pasaba por tres condiciones sustantivas: 1) La independencia del director, es decir, de Gonzalo Sánchez, para conformar el equipo a la luz del reconocimiento del trabajo académico y del prestigio de cada uno. 2) Independencia para conversar, trabajar y producir en conjunto con organizaciones sociales, comunidades y actores del conflicto que, incluso, podrían ser calificados como antagónicos del Estado. 3) Independencia con respecto al producto que generara la investigación. Esos tres puntos se cumplieron estrictamente, y dan garantía del rigor académico del resultado.

C.O.T.- Otro punto polémico alrededor de la creación del Centro de Memoria, antes Grupo de Memoria de la Comisión Nacional de Reparación, es que el marco en que se creó fue el de la Ley de Justicia y Paz, muy controvertida por beneficiar a grupos paramilitares.

G.S.G.- No hay que desconocerlo: una lección muy importante de este trabajo fue que no nacimos con la legitimidad ganada. Para darle tranquilidad a la comunidad académica, al mundo de los derechos humanos y al político, tuvimos que iniciar un proceso de acercamiento a las víctimas planteándonos el desafío de convencerlas, con hechos, de que merecíamos su confianza. Hoy le corresponde al país decir si lo logramos, pero la sensación que tenemos es que las comunidades creyeron en nosotros. La demanda creciente de que las acompañáramos a ellas y a otras en la construcción de la memoria de sus pueblos indica que, efectivamente, pudimos romper las barreras.

C.O.T.- Efectivamente, llegar a una población golpeada por una masacre a hablarle de sus dramas no debe ser nada fácil. ¿Cómo fue esa experiencia?

G.S.G.- El primer caso que asumimos fue extremadamente complejo: la masacre de Trujillo. Decidimos retomar su estudio porque aún reclama justicia, a pesar de haber pasado por muchas instancias. Como decimos en el título, se trata de una masacre que aún no cesa , aunque había sido judicializada nacional e internacionalmente, los victimarios —que utilizaron motosierras para matar a sus víctimas— seguían libres. Cuando produjimos el documento hubo algunas acciones y la justicia se reactivó. La comunidad estaba acompañada por una organización de víctimas con un discurso antiestatal comprensible. Por eso fue una prueba de fuego en materia de confianza, pero creo que logramos superarla.

C.O.T.- ¿Qué período cubre el informe que le entregarán a la Casa de Nariño?

G.S.G.- Ese fue el primer debate que nos planteamos, y nos mostró que la pregunta de dónde empezar el análisis del conflicto era un tema político mayúsculo. Algunos dijeron que debía iniciarse en los años 60, porque el origen de los grupos armados ilegales coincidía con la aparición de las guerrillas contemporáneas. Otros afirmaron que comenzar en esa época equivalía a exculpar al Estado y a presentar a las guerrillas como las únicas responsables de lo sucedido. Unas más opinaron que sería muy injusto con las víctimas de la violencia de los años 50 que ésta quedara por fuera. Incluso las comunidades afros e indígenas manifestaron que los tiempos de los “blancos” no eran iguales, porque para ellos la violencia había surgido con la llegada de los esclavistas a América.

C.O.T.- ¿Cómo decidieron entonces los años de inicio del estudio?

G.S.G.- Escogimos el período posterior a la violencia de los años 50, no porque desconociéramos las deudas sociales que tiene el país con quienes la padecieron sino porque entendíamos que este tipo de investigaciones, en una guerra que se prolonga hasta el día de hoy, tenía sentido en la medida en que pudiéramos dedicarnos con mayor intensidad a los últimos 60 años, que son los que definen nuestro futuro.

C.O.T.- De todas maneras, parece ser una decisión arbitraria.

G.S.G.- Hay que aclarar que, como investigadores de memoria histórica, fuimos muy flexibles en el manejo de la temporalidad. Realmente, no nos casamos con una fecha fija porque cada caso estudiado nos imponía un período histórico. Por ejemplo, la masacre de Bojayá, de población afrodescendiente, nos impuso tratar el tema antes de los primeros años de este siglo, cuando sucedió, para poderlo conectar con las exclusiones ancestrales que nos remontaron hasta la esclavitud, como lo reclamaba la gente.

C.O.T.- ¿Cómo escogieron los casos que iban a integrar este gran informe?

G.S.G.- Los seleccionamos de acuerdo a las modalidades específicas de victimización, de violación de derechos humanos y del tipo de derechos violados. Doy ejemplos: en Trujillo queríamos resaltar la impunidad, que fue en efecto lo más notorio, lo más irritante, lo más visible, pese a la magnitud del horror que hubo allí. El rasgo más inquietante y ofensivo de un crimen de esa magnitud es que siga en la más completa impunidad. Otro caso: la masacre de El Salado, que fue escenificada en una placita del pueblo. A la gente se la fue llamando con lista en mano y la asesinaron frente a todos los demás. Es el horror vuelto espectáculo. Con lo ocurrido en El Salado queríamos mostrar a la población civil atrapada en mitad del conflicto. Si bien hoy es claro que allí hubo una masacre, en un comienzo esas víctimas fueron presentadas por los medios y las autoridades como muertos en combate. Sesenta muertos pueden ser vistos de distinta manera si se presentan como bajas de la guerra o si se entiende que fueron masacrados ancianos, mujeres y niños sin capacidades bélicas.

C.O.T.- ¿Hubo otras categorías?

G.S.G.- Sí. Primero miramos formas de victimización y rasgos generales del conflicto, pero también tratamos de atender casos con cierta diversidad regional que nos permitieran construir un mapa del conflicto en el país. Examinamos, además, el problema del despojo de tierras, que fue uno de los elementos característicos del dominio paramilitar de los años 80 y 90.

C.O.T.- ¿Cuántos casos revisaron en total?

G.S.G.- Tenemos 21 informes, algunos de ellos de masacres como las que ya le mencioné y de otras como La Rochela y El Placer, en Putumayo. También revisamos temas que responden a preguntas que atraviesan el conflicto de sur a norte y de oriente a occidente, como las mujeres utilizadas como botín de guerra y la disputa por la propiedad de las tierras que está presente en todo el país.

C.O.T.- En países en conflicto, los agentes del Estado suelen ser generadores de violencia. ¿Esa realidad estará reflejada en su informe?

G.S.G.- Obviamente. Sería un informe incompleto si no lo asumiera así. Las responsabilidades de los agentes del Estado son mayúsculas y se puede demostrar que contribuyeron a la reproducción de la violencia. Claramente, los deberes del Estado son mayores que los de cualquiera de los otros protagonistas porque se espera que quienes representan a una nación sean más limpios en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de la guerra.

C.O.T.- Específicamente, ¿qué van a presentar la semana entrante en la Casa de Nariño?

G.S.G.- Vamos a entregarle al país esos 21 informes reimpresos y reeditados que estaban agotados en librerías y muchos de los cuales ni siquiera estaban en las bibliotecas. Y le daremos al presidente de la República, en una ceremonia especial, el informe que podríamos llamar de culminación del mandato legal que teníamos. El presidente recibirá el documento, pero también estarán presentes, de manera muy notable, las víctimas que se harán partícipes de todo este proceso.

C.O.T.- Un informe sobre verdad histórica puede generar nuevos conflictos. Por ejemplo, sus cifras podrían entrar en contradicción con las reconocidas oficialmente. Las que ustedes reportarán, ¿van a escandalizar al país?

G.S.G.- Esas cifras van a conmover al país porque, en mi opinión, muestran que este conflicto ha ido mucho más allá de lo que tenemos en nuestra conciencia. Más que escandalizar, queremos invitar al país a reflexionar.

C.O.T.- ¿Sus cifras son muy diferentes de las que se han conocido?

G.S.G.- Son el resultado de combinar diversas fuentes. Hay que reconocer que ha habido diversas instituciones dedicadas a la generación de información, a diferencia de otros países. Es un punto muy importante para subrayar, porque aquí existe más institucionalidad de la que imaginamos, que ha trabajado con rigor en la producción de datos. El punto que se resalta en el informe se refiere más a los acumulados de distintos lugares y números que no estaban configurados en un todo y que ahora podrán ser leídos en su dimensión. Hemos tenido una visión extremadamente fragmentada del conflicto y eso nos ha conducido también a la fragmentación de las estadísticas. En otras palabras, no hemos visto el mapa general. Ahora, también hay cifras nuevas que han resultado de nuestro propio trabajo de investigación y verificación.

C.O.T.- Las estadísticas, en cierta forma, son frías. Pero cuando el conteo se refiere a seres humanos, la cosa cambia ¿Su informe va a concretarse en historias personales y familiares?

G.S.G.- Sí. El registro de las voces, de las visiones colectivas, de las formas participativas y organizativas de las distintas comunidades es esencial en el informe. Siempre nos planteamos la necesidad de servir de plataforma a través de la cual las víctimas pudieran expresarse. Obviamente es muy difícil lograrlo siempre en su totalidad, sobre todo porque el país todavía vive en el conflicto. Entonces se corre el riesgo de que no haya una sola memoria aceptada sino que haya múltiples memorias en juego.

C.O.T.- Igualmente importante es que el país pueda elaborar una guía gráfica, geográfica y estadística de la violencia, como usted sugiere. De su informe, ¿se va a desprender ese mapa?

G.S.G.- Habrá un mapa de la violencia, un mapa de la guerra, un mapa de las formas de victimización, un mapa de las víctimas y un mapa de responsabilidades.

Un examen a la violencia

El miércoles 24 de julio, el Centro de Memoria Histórica le entregará al presidente de la República el informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, un documento que ha sido elaborado durante más de cinco años por un grupo de intelectuales, liderado por el profesor Gonzalo Sánchez, y conformado, junto con él, por otros académicos de igual reconocimiento. El Centro heredó el encargo de investigar, analizar y reconstruir los sucesos ocurridos alrededor del conflicto armado colombiano de una agrupación creada por la Comisión de Reparación y Reconciliación del gobierno Uribe, cuando se inició el proceso de desmovilización de los paramilitares. En el marco de la Ley de Víctimas, el informe trata de visibilizar los horrores ocurridos en la guerra desde los años 60 hasta hoy. Como dice  Sánchez, el texto de lo que se le ordenaba a la institución de investigación, como su función principal, era: “Producir un documento sobre el origen y la evolución de los grupos armados ilegales, o sea, sobre el conflicto contemporáneo”. El que se entregará en ceremonia especial en la Casa de Nariño, es el resultado de ese mandato.

Daños que tardarán en repararse

Cecilia Orozco.- ¿Cómo se divide el documento de memoria histórica?

Gonzalo Sánchez.- Primero estudiamos las dimensiones del conflicto. Después analizamos las cifras. Luego escribimos un capítulo sobre los protagonistas del conflicto. Más adelante incluimos temas de impactos específicos. Además, hicimos una reflexión sobre el daño que el conflicto le ha causado a Colombia. Y, finalmente, formulamos recomendaciones al Estado.

C.O.- ¿En qué sentido?

 G.S.- “¡Basta ya!” es un informe que cuando comenzó a escribirse tenía un acento de diagnóstico sobre el pasado de nuestra violencia, y cuando termina, se encuentra con un país en plenas negociaciones de paz. Eso nos obligó a darle una nueva dirección. El documento es una invitación al Estado, a los grupos ilegales y a la sociedad a prepararse para la paz.

C.O.- ¿Sobre cuáles supuestos?

G.S.- Sobre la base de un triple reconocimiento: del Estado, de sus deudas sociales. De los grupos armados ilegales, de sus responsabilidades con la población inerme. Y de todos sobre el baño de sangre que deja miles de muertos, duelos y daños materiales, sociales y sicológicos a reparar.