Más allá de lo que haya ganado Colombia o perdido Nicaragua con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), lo que sigue es lo que tiene que importar. Al no tener límites marítimos definidos hay que ir con pies de plomo porque la decisión tiene varias implicaciones:
En primer lugar, da tranquilidad a Colombia por cuanto ha sido aceptada por unanimidad de los jueces del Máximo Tribunal mundial la plena validez del Tratado limítrofe Esguerra-Bárcenas, de 1928, con lo cual la pretensión Nicaragüense por las tres islas más importantes del archipiélago se declara sin fundamento.
En segundo lugar, y no es broma, Nicaragua puede estar tranquila porque al considerarse sin discusión el Tratado, Colombia no podría reivindicar soberanía sobre la Costa Oriental Nicaragüense, a la cual hubiera tenido derecho si la situación hubiera regresado a antes de 1928.
En tercer lugar, Nicaragua logró que de momento (pues no se trata de un fallo sobre el fondo, sino sólo sobre un tema preliminar de competencia), queda clara, también de manera unánime, la posibilidad de que la Corte conozca sobre la pertenencia de los cayos Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, es decir, sobre el arco Norte y Este de San Andrés.
En cuarto lugar, la Corte, también por unanimidad, se declaró competente para conocer sobre el tema del límite marítimo entre los dos países. Nicaragua sostenía que dicho límite debía fijarse a medio camino entre Cartagena y Bluefields. Colombia mantenía la posición de que el meridiano 82 era el límite. La Corte rechazó los dos puntos de vista. El meridiano 82, hoy por hoy, no es el límite, tal como lo entreveía con razón López Michelsen. ¿Qué sigue?.
Las consecuencias
La Corte no ha dicho que el meridiano 82 no pueda llegar a ser un posible límite marítimo entre Colombia y Nicaragua. Pero es dudoso que el último país lo acepte como tal. Lo que la Corte ha dicho es que el Tratado de 1928, adicionado con la Nota nicaragüense de 1930, no estableció el límite entre los dos países, sino tan sólo el limite occidental del Archipiélago.
Ahora bien, como está el asunto, Colombia deberá mantener su posición tradicional y consensuada a nivel interno, y mediante tratados con Estados Unidos, de que Quitasueño, Serrana, Serranilla, Roncador y Bajo Nuevo (todo el Nor-Noreste de San Andrés) le pertenecen, así como sus aguas. En ese sentido, y como el meridiano 82 ya no puede estar sobre la mesa, Colombia preferiría una línea media entre la costa nicaragüense y el Archipiélago en su totalidad; sería una línea muy semejante al 82, sólo que oblicua, ligeramente desplazada al Occidente en el límite con Costa Rica, y hacia el Oriente en límites con Honduras.
En cuanto a Nicaragua, como pretende que los cayos mencionados le pertenecen, así como sus aguas, podría aceptar una línea media hasta el Norte de Providencia y Santa Catalina, pero luego una línea hacia el Este. Intentaría ganar así un gran espacio marítimo.
Por esa razón, sin que la Corte se haya pronunciado de fondo sobre Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, no existe en la práctica la posibilidad de que Colombia y Nicaragua entren a una negociación sobre el límite marítimo en su totalidad. Una negociación parcial hasta donde puede haber un acuerdo, podría ser una solución. Pero los congresos de los dos países podrían debatir si ello es lo más conveniente.
El problema serio
La zona es aparentemente muy rica en yacimientos petroleros, así como en pesca y en otros recursos minerales fácilmente extraíbles en las inmediaciones de los cayos, por la poca profundidad. Ninguna o casi ninguna compañía petrolera va a entrar en licitaciones en la región, sean hechas por Nicaragua o por Colombia, mientras no se haya fijado el límite, por los riesgos económicos que ello implica. Así que éste no es un problema explosivo inmediato.
Pero, hay pesqueros colombianos y nicaragüenses en la zona; y hay barcos pesqueros de otras nacionalidades que ejercen su labor allí, con licencia otorgada, sea por Colombia o Nicaragua. Esta podría ser la mayor fuente de incidentes potenciales, que seguramente se darán en los próximos meses, de no acordarse un modus operandi claro entre los dos países.
Como cada país, en ejercicio de su buena fe, va a continuar patrullando y va a comenzar a patrullar zonas marítimas que los dos pretenden, y como va a querer defender sus pescadores de los patrullajes del vecino, podrían presentarse incidentes muy diversos, al estilo de los de mediados de los años noventa. Este es un tema de muchísima importancia y gravedad, si consideramos que el problema no se restringiría sólo a una confrontación local con los medios de que disponen los dos países.
Dado el desbalance de fuerzas, es posible que Nicaragua, en caso de incidentes, tenga la tentación de llamar en su apoyo a naves de guerra de algún país amigo, con lo cual el problema deja de ser local para convertirse en un tema de enorme trascedencia y gravedad.
Por ello, y por el bien de las relaciones con los vecinos, urge que Colombia y Nicaragua acuerden un modus operandi explícito y claro, a la mayor brevedad posible, mientras la Corte se pronuncia de fondo sobre el tema de los cayos Nor-Noreste de San Andrés y sus aguas. Ello no implica que ninguno renuncie a lo que considera sus derechos legítimos en la zona en disputa.
Por lo que hace a Colombia, el caso no está cerrado ni mucho menos; no es cierto que la Corte haya acogido íntegramente los puntos de vista del país. Jurídicamente, lo que sigue es la defensa de los cayos y el arco marítimo Nor-Noreste de San Andrés. Y en cuanto a Nicaragua, se debe tener conciencia de que no puede hacerse más demagogia con la pertenencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, porque es claro que son y siempre han sido colombianos.
* Ex Vicecanciller de Colombia. PhD en Relaciones Internacionales.