Los fantasmas de la guerra civil

Marcos Ana no recuerda todo sobre los 23 años que pasó en prisión durante la dictadura de Franco. Sin embargo, el poeta de 87 años recuerda los choques eléctricos y los azotes brutales que dejaron su cuerpo cubierto de ulceraciones; el hambre que lo llevó a comer retoños de pasto que crecían entre las piedras del patio de la prisión; a su madre envejecida colgada de las espinillas del guardia implorando misericordia para su hijo ensangrentado y apaleado.

Recuerda haber leído a la luz de la luna los versos de Pablo Neruda, el poeta chileno de izquierda, metidos de contrabando en páginas sueltas a su celda en solitario, y memorizado sus propias composiciones.

Cuarenta y seis años después de que Marcos Ana fuera liberado de la cárcel, dice que cree que este es el momento para que España conmemore y brinde justicia a los miles que padecieron durante la cruel Guerra Civil del país -1936-1939- y las cuatro décadas de dictadura derechista que le siguieron.

"No buscamos culpar a nadie, pero queremos que se nos reconozca", dijo Ana, quien el mes pasado publicó sus memorias: Decidme cómo es un árbol. (Memorias de la prisión y la vida), que relata la historia de cómo cuando era un líder de las Juventudes Socialistas a los 19 años fue detenido, torturado y posteriormente condenado a muerte. Ana, cuyo nombre verdadero es Fernando Macarro Castillo, obtuvo renombre internacional después de que le dispensaron dos sentencias de muerte y fue liberado de la prisión en 1961. "La amnistía es una cosa, pero la amnesia es otra", dijo.

Víctimas visibles

El deseo de Ana se hizo realidad esta semana cuando el Parlamento español aprobó una ley orientada a honrar a las víctimas de la guerra civil y del régimen represivo de Franco. La "Ley de Memoria Histórica" declaró ilegítimos los tribunales militares que condenaron a personas como Ana, y creó fondos estatales para financiar el proceso de exhumación de fosas comunes que contienen restos de miles de víctimas de ambas partes.

Esta Ley pretende reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, religiosas o ideológicas durante la Guerra Civil y el régimen militar. Además prohibió símbolos públicos que conmemoren a Franco y sus aliados, y convirtió el Valle de los Caídos, un mausoleo enorme donde está enterrado el ex dictador, en un monumento a todos los muertos durante la guerra. La ley también prohíbe actos de naturaleza política o de exaltación del franquismo en el Valle de los Caídos.

La ley es una insignia legislativa para el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo abuelo fue fusilado por tropas profranquistas. Sin embargo, resultó ser muy polémica en un país donde la gente sigue dividida respecto a si se debían remover los fantasmas del pasado.

Con frecuencia, se atribuye la transición hacia la democracia de España, al hecho de que -en medio del temor de un conflicto civil reciente- gente en ambos lados del espectro político estaba preparada para cerrar la puerta ante los horrores de la Guerra Civil y la dictadura que la siguió. No hubo comisiones de la verdad y la reconciliación ni tribunales de crímenes de guerra, y muchos de los aliados militares y políticos de Franco continuaron en posiciones de poder.

"Tuvimos la generosidad de decir: ‘Está bien, cerremos ese capítulo' ", dijo Ana. "Pero 40 años después, todavía caminamos por las ciudades que tienen calles con el nombre del caudillo", dijo refiriéndose a Franco.

Arde la polémica

Muchos conservadores y algunos liberales involucrados estrechamente en el diseño de la transición, dicen que la ley abre viejas heridas. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, conservador, de oposición, dijo que la ley traerá "problemas y divisiones sin ayudar a nadie". De hecho, el Partido Popular (PP) votó en contra, y acusó al gobierno socialista de reabrir viejas heridas y de dividir a la sociedad española. Sin embargo, sí votó a favor de algunos de los puntos de la Ley de Memoria Histórica, como la ayuda a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y la despolitización del Valle de los Caídos.

Por su parte, los partidarios de la ley dicen que su intención es honrar todas las víctimas de la Guerra Civil, incluidas las miles asesinadas por las milicias republicanas que combatían las fuerzas de Franco, y argumentan que quienes padecieron a manos de los combatientes republicanos tuvieron 40 años del régimen de Franco para enterrar sus muertos en forma apropiada y conmemorarlos con placas y estatuas.

Mientras que algunos miembros de la Iglesia Católica romana han argumentado en contra de la ley, el Vaticano beatificó el domingo pasado a 498 sacerdotes y monjas asesinados por las milicias republicanas. Las milicias republicanas y sus partidarios mataron miles de integrantes del clero, que en su mayoría apoyaron a Franco, en el inicio de la guerra.

Algunos critican la ley por no ir lo suficientemente lejos. Ana, quien fue condenado dos veces a muerte por los tribunales de Franco -en una ocasión, por "ayudar a la rebelión" en su papel de líder de las Juventudes Socialistas y otra, por ser una amenaza para el Estado debido a su activismo político en prisión-, dijo que la ley debería anular los juicios militares en lugar de simplemente declararlos ilegítimos.

Ana, cuyas sentencias a muerte fueron conmutadas, dijo que era "casi una humillación" después de todo lo que padeció durante tanto tiempo, que le dieran un pedazo de papel en el que se dice que su juicio fue ilegítimo. Con base en ese fallo, podría solicitar ante los tribunales una indemnización.