A finales del año pasado, Mery Luz Londoño, presidenta de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa), recibió una comunicación urgente. En la misiva, Adolfo Pazos Pérez, gerente de Intralot, compañía griega concesionaria del Ganagol, reconoció que en dos años de explotación del juego perdió US$25 millones.
En razón a esta situación, Pazos solicitó cambios de fondo en el contrato para salvar la apuesta. No obstante, los estimativos de Etesa señalan que aceptar los cambios implicaría una rebaja en los ingresos al sector salud cercana a los $50 mil millones. Hoy, el asunto es objeto de polémica y amenaza con convertirse en otro pleito millonario entre el Estado y la empresa privada.
Según Intralot, el desempeño en el mercado del juego Ganagol ha estado por fuera de las predicciones iniciales realizadas por la empresa griega y por la misma Etesa, generando cuantiosas pérdidas económicas y un desequilibrio económico del contrato.
Por eso, en las oficinas de Etesa reposa la solicitud prioritaria de replanteamiento del negocio con cuatro peticiones que, a juicio de los expertos y a la vista, resultan insólitas, afectan los ingresos del Estado y cambian radicalmente una concesión que va en la mitad de su ejecución.
En esencia, la compañía solicitó reducción de los pagos mínimos garantizados por año a que se comprometió con Etesa. La propuesta incluye además la introducción de un juego de apuestas de dividendos fijos y la reducción de los derechos de explotación.
Intralot también pide que el contrato que se pactó inicialmente a cinco años se extienda a siete años y medio. Una cuarta petición pretende que se eliminen los requisitos de inversión acordados y que las nuevas inversiones se condicionen al mejoramiento de las ventas.
A la fecha Intralot ha cumplido con los pagos a Etesa (cerca de $20.000 millones), pero las alarmas están prendidas porque la compañía reconoce que con el actual desempeño del mercado “es imposible continuar con el pago de las cantidades mínimas garantizadas, tal y como están pactadas”. Aún más, señala que si no se cambian al sistema de dividendos fijos, “Intralot jamás podrá alcanzar un punto de equilibrio económico, ni mucho menos podrá recuperar la inversión realizada en Colombia”. Y deja entrever que su continuidad en Colombia depende de que las ventas aumenten significativamente.
El naciente litigio ya surtió una primera etapa. Luego que Intralot enviara la comunicación a Etesa, su presidenta (e), Karen Hernández, le respondió que dada la complejidad del tema y el término perentorio de diez días que establece la ley para un arreglo directo, pasaron a una etapa de conciliación.
Recientemente las partes acudieron a la Procuraduría a efectuar dicha conciliación. Nuevamente están citados el lunes próximo. En la audiencia, Etesa solicitó seis meses para hacer los estudios correspondientes y tomar una decisión.
De no llegarse a un acuerdo, las partes pueden acudir a un tribunal de arbitramento y como última instancia, según el contrato, existe la figura del amigable componedor.
Lo cierto es que el tema se convirtió en una papa caliente para Londoño y aun para el ministro de Protección Social, Diego Palacio, quien no conoce los “intríngulis” de la inquietante petición que afecta los intereses del sector salud.
A este factor se suma el último informe del interventor del contrato del Ganagol, Araly Pelayo Ortiz, quien señala asuntos pendientes de respuesta como la homologación de terminales, la propuesta de dividendos, la aprobación de mínimos, modificación de los rollos, restablecimiento financiero y realización de comités operativos y mesas de trabajo.
La jugada
Intralot S.A. es una multinacional que desde 1992 incursionó en el negocio de los juegos de suerte y azar. El 22 de junio de 2004, luego de una polémica licitación, ganó la concesión para explotar el juego por cinco años y se comprometió a entregar transferencias a la salud en ese período por $80.000 millones.
Su propuesta fue calificada como perfecta, obtuvo 700 de 700 puntos posibles en la licitación. Uno de los secretos de la adjudicación fue que presentó un estudio con estimativos de ventas de $200.000 millones, mientras que sus competidores en el proceso registraron proyecciones inferiores. En concepto de Etesa, la propuesta permitía mayores ingresos a la salud de los pobres.
Pero sólo en el primer mes del juego se notó que dichos estudios diferían en exceso de la realidad. Por ejemplo, el primer mes del juego debían vender $5.131 millones, pero la meta estuvo muy lejos de ser alcanzada y sólo se registraron ingresos de $800 millones. Según las proyecciones de ventas conocidas por El Espectador, en ningún mes la compañía Intralot logró vender los boletos del juego proyectados. (Ver gráfico).
Esta no es la primera vez que la empresa hace una modificación del contrato. El 22 de octubre de 2004 ya le había solicitado a Etesa otra. En esa ocasión, Dimitri Karagounis, entonces apoderado de la sucursal de Intralot en Colombia, solicitó cambios.
La empresa argumentó razones legales y de mercado para modificar el sistema de juego. En esencia, el directivo solicitó pasar de acertar los marcadores de 10 partidos a 14 partidos de fútbol, lo que implicó de paso cambios en el reglamento de juego. El asunto fue aprobado en Etesa y no tuvo objeciones en el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, máxima autoridad en la materia.
En su momento, directivos de Intralot justificaron los cambios en la apuesta para aumentar las expectativas del jugador y para que el juego fuera más fácil de acertar. Pese a los cambios, las ventas no cumplieron con las proyecciones.
Algunos especialistas consultados por El Espectador señalaron que el juego no ha funcionado en Colombia porque tuvo fallas en el diseño, por ejemplo de partidos con equipos que no se conocían; también porque el monto de los premios resultó poco atractivo, por una deficiente gestión comercial y porque la empresa presentó estudios de mercado sobredimensionados que “lo único que le permitieron fue ganar la licitación”. Al respecto, este semanario quiso conocer la opinión de Adolfo Pazos, gerente de Intralot, quien no correspondió las comunicaciones.
Actualmente, la compañía tiene 410 empleados a nivel nacional y genera cerca de 1.600 empleos indirectos, con los operadores del juego en siete zonas del país.
Por ahora, el que se esperaba fuera un exitoso producto para obtener recursos para la salud de los colombianos más vulnerables, recorre la misma suerte de varios negocios con el Estado que no se cristalizan: el camino de un largo pleito que sólo lo resolverán los tribunales del país.
nquevedo@elespectador.com