Cierto malestar ronda en los pasillos de la Procuraduría General de la Nación. Hace un par de semanas les fue enviado a todos los procuradores un folleto de la Asociación Hogar Rompiendo Cadenas, una fundación sin ánimo de lucro creada en Bogotá en 1995, que lucha por el bienestar de decenas de menores desprotegidos que viven en la calle. En él se les pide a los funcionarios que colaboren voluntariamente con una donación para adquirir una granja para mejorar las condiciones de vida de los niños.
"Quienes trabajamos en la Procuraduría General de la Nación somos unos privilegiados y por eso les invitamos a compartir ese privilegio con quienes lo necesitan. Contamos con que entre septiembre y diciembre próximo obtendremos un aporte fijo mensual del grupo directivo de nuestra entidad: procuradores delegados, $300 mil; procuradores judiciales, $200 mil; jefes de oficinas grados 24 y 25, $150 mil", se lee en uno de los párrafos del folleto, que además incluye un CD ilustrativo en el que se muestran las bondades de la fundación.
La carta que acompaña el folleto tiene en la parte final una curiosa consigna: "Para tal efecto (donar el dinero) se abrió una cuenta de ahorros en Davivienda, a nombre de Martha Lucía Zamora o Gloria Inés Segovia". La primera es procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La segunda es procuradora delegada para las Fuerzas Militares. En otras palabras, las dos personas que están promoviendo este apoyo hacen parte de la cúpula de la Procuraduría. Y algo más: el viceprocurador, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, apadrinó un niño en ese lugar.
Por estas razones, algunos procuradores se han sentido ‘presionados' a colaborar con esta iniciativa. Y aunque no hay duda de la loable tarea que a diario realiza la entidad para la que se solicita la colaboración, lo cierto es que para muchos, hay "una presión vedada" que los pone, por lo menos, en una incómoda situación. Otro funcionario fue más allá: "Además, no entiendo por qué se abrió una cuenta a nombre de dos altas empleadas del Ministerio Público y no a nombre de la fundación".
Uno más agregó: "Lo que me molesta es que todos tenemos obligaciones y gastos propios. Uno verá si apoya esta causa o no. El problema es que nos quieren meter este asunto haciéndolo pasar como algo ‘voluntario', cuando todos sabemos que es una fundación que tiene todo el respaldo de la cúpula de la Procuraduría. En otras palabras, es mejor dar esa plata para curarse en salud". Un último procurador aseguró: "La verdad, me va a tocar dar ese dinero porque mi puesto acá está como en veremos y es mejor no dar papaya".
Curiosamente, dentro del folleto que les llegó a los procuradores fueron insertadas dos hojas en las cuales había un formulario con el rótulo "Mi contribución a la Fundación Rompiendo Cadenas", el cual debía llenarse para que se les descontara por nómina a los funcionarios el aporte que quisieran hacer a esta ONG. El Espectador consultó a varios procuradores, y aunque todos fueron enfáticos en realzar la bondadosa labor de la fundación, también coincidieron en que les disgustó la forma en que se diligenció el asunto y, sobre todo, la incómoda posición en la que están.
La Fundación
La Asociación Hogar Rompiendo Cadenas es el resultado de una iniciativa liderada por Martha y Eduardo Betancurt Acevedo, dos hermanos que se reinsertaron a la sociedad luego de pasar por difíciles etapas de sus vidas inmersos en el oscuro mundo de la prostitución y las drogas. Eduardo, antiguo habitante de la Calle del Cartucho en Bogotá, preocupado por las escasas oportunidades para los habitantes de la calle, creó una entidad para ayudar a estas personas y sus hijos en programas de rehabilitación.
Actualmente, esta fundación tiene dos sedes en la Localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad, donde conviven medio centenar de menores, hijos de indigentes o prostitutas. La labor desinteresada de los hermanos Betancurt se concentra en brindarles herramientas a los niños para que reciban educación y se alimenten en medio de un sano ambiente de esparcimiento. Desde hace algún tiempo, funcionarios de la Procuraduría empezaron a colaborar con esta noble causa.
De hecho, en el CD de presentación que les llegó a los procuradores en los últimos días aparece el jefe del Ministerio Público, Edgardo Maya Villazón, haciendo entrega de regalos a los niños de la fundación en una jornada que se llevó a cabo el año pasado. Sin duda, toda una labor humanitaria que ha llevado a que muchos niños desprotegidos puedan acceder a un futuro mejor, con unas condiciones de vida respetables.
El Espectador consultó a las gestoras de esta iniciativa, Gloria Inés Segovia y Martha Lucía Zamora, dos de las más respetadas penalistas de la Procuraduría, sobre el malestar latente que existe dentro de ese organismo de control. Ambas señalaron enfáticamente que no ha existido ni existirá presión alguna para que los procuradores ayuden con esta fundación, y que esta labor no es institucional. "Es una obra social en la que voluntariamente la gente da dinero para unos regalos en diciembre que les damos a los niños", aseguró la procuradora Segovia.
Por su parte, Martha Lucía Zamora explicó que no entiende el malestar, que desde 2001 dentro de la Procuraduría se ha recogido dinero en diciembre "con la mejor buena fe", que muchos procuradores apadrinan un niño y que es una obra social que se hace con cariño. "Me duele en el corazón que esto suceda. Nunca hemos hecho nada que no sea con la voluntad de los funcionarios. Me da dolor que dos o tres personas con esa actitud ensombrezcan la obra que hacemos", dijo.
También advirtió que los dineros que en el folleto se les piden voluntariamente a los procuradores es "apenas una referencia, pero no una obligación". Y aclaró por qué se decidió abrir una cuenta de ahorros a nombre de ellas y no a nombre de la fundación: "Si nosotros les giramos el dinero a ellos, se dispondría de éste antes de tiempo. La fundación tiene muchas necesidades y lo más seguro es que echen mano de esa plata, y la idea es recoger un dinero significativo y entregarlo todo en diciembre. Tengo toda la documentación que muestra lo que hemos hecho".
Por último, la procuradora Zamora contó que hace dos años, con la plata que se recogió en la Procuraduría, se compró una casa para los niños de la fundación "y este año la idea es continuar con la obra, dotar las casas con muebles y mejorarles las condiciones". El compromiso de algunos funcionarios del Ministerio Público con la obra es evidente y plausible. Sin embargo, para muchos otros, cada vez que se acerca diciembre se les convierte en un ‘karma' el asunto. No sólo porque se sienten "medio forzados" a colaborar, sino porque también tienen sus obligaciones.
"Es que en años anteriores la cuota era mucho más económica y asequible. Si alguien en mi unidad da la plata, tácitamente eso nos compromete a los demás. No estoy en desacuerdo con la fundación. El lío es la incómoda posición en que nos tiene el bendito folleto ese", concluyó un procurador que pidió el anonimato.