El informe de la discordia

Algunas cifras del Ministerio de Defensa son tan confusas que no dejan ver cuáles son los verdaderos resultados de la Política de Seguridad Democrática.

Desconcertantes. Así son algunos de los resultados que el Gobierno Nacional publicó en su informe titulado “Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática”, actualizado el pasado mes de marzo y divulgado en la página web del Ministerio de Defensa. Uno de los números más polémicos es el de las capturas de miembros de organizaciones de narcotraficantes. Entre agosto de 2002 y marzo de 2008 han sido detenidas nada más y nada menos que 347.526 personas. Es como si todos los habitantes de Manizales estuvieran bajo arresto.

No es la primera vez que estas cifras generan serias dudas. Ya han sido difundidas anteriormente y actualizadas cada tres meses, pero, a pesar de las críticas, el debate continúa. Por ejemplo, según el documento oficial, tan sólo en los tres primeros meses de este año se han efectuado 12.801 capturas por delitos conexos con el tráfico de estupefacientes. Para poder recluir a tantas personas se necesitarían 10 prisiones con la capacidad de la cárcel de Cómbita. Una cifra que distintos expertos consultados por El Espectador  consideran un despropósito y que el Gobierno reconoce como confusa desde su concepción.

“La cifra no es de cuántos fueron capturados, y eso ya se presta para confusiones, porque a una sola persona la pueden detener cinco veces y en las estadísticas eso son cinco capturas diferentes”, explica Diana Quintero, directora de estudios sectoriales del Ministerio de Defensa, área encargada de la recopilación de este informe. Y agrega: “También hay que mejorar el criterio de ‘miembros de organizaciones narcotraficantes’. Porque ahí están incluidos tanto los grandes capos como los vendedores de la esquina. Yo soy la que más quisiera clasificar todos los datos. Estamos en un proceso de depuración”.

Es por eso que sostener que durante los últimos seis años se ha capturado a tal cantidad de narcotraficantes sería como dar por hecho que el negocio llegó a su fin. Sin embargo, como lo demuestra el mismo informe —y la realidad—, no es así. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, hasta 2006 en Colombia había 77.870 hectáreas de arbustos de coca. Mucho menos que seis años atrás, cuando la cifra llegó a su punto más alto con 163.289 hectáreas sembradas. Pero el tráfico de cocaína y de otros narcóticos sigue siendo el oficio de muchos.

El más grande talón de aquiles del informe es la falta de discriminación de este tipo de cifras y la ausencia de seguimientos a los procesos. El documento dice cuántas detenciones se realizaron, pero no cuántas personas fueron condenadas, que sería un criterio mucho más real a la hora de exponer resultados. Eso lo sabe y lo reconoce el Gobierno. Y la falencia no se presenta sólo en el tema del tráfico de estupefacientes. Los números de las desmovilizaciones y las capturas contra miembros de las guerrillas o de las autodefensas, contabilizadas entre agosto 2002 y marzo de 2008, tampoco cuadran.

De acuerdo con los datos que suministran el Comando General de las FF.MM. y la Policía Nacional, entre 2002 y 2008 se efectuaron 29.335 arrestos contra subversivos de las Farc, del Eln y de otros cuatro grupos de menor capacidad; y prácticamente en ese mismo lapso fueron arrestados 13.456 miembros de grupos de autodefensa. En total, según se desprende del informe, 42.791 personas estuvieron procesados por la justicia y, por supuesto, confinados en las distintas cárceles del país. Algo que sencillamente no puede ser. En los registros del Inpec la población carcelaria no supera las 65.000 personas. Y eso que la Procuraduría calcula un hacinamiento del 23%.

Entre quienes han refutado esta información están José Fernando Isaza (rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá) y Diógenes Campos Romero. Según un estudio que publicaron a finales de 2007, apoyado con datos del Comando General de las FF.MM., en 2002 los integrantes de las Farc y el Eln no pasaban de 20.000, y cinco años más tarde se habían reducido a 12.499. Por eso, los académicos observan con incredulidad los logros divulgados por el Gobierno. Eso significaría, sostienen, que “de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró reclutar 84 nuevos combatientes”.

Así las cosas, no se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, cuántas personas han recibido una sentencia de un juez por delitos


como rebelión, ni cuántos combatientes han abandonado la guerra desde 2002. Se sabe que la Alta Consejería para la Reintegración trabaja con 37.360 reinsertados de grupos armados al margen de la ley. El Ministerio de Defensa asegura que le han pedido las cifras de comparación entre detenidos y condenados a la Fiscalía, que sería la encargada de seguirle el rastro a dichas estadísticas, pero que por reservas de sumario y otras razones, el organismo no se las ha entregado. El Espectador solicitó esos mismos datos comparativos al ente investigador, pero tampoco obtuvo respuesta.

Armando Borrero, ex consejero de defensa y seguridad durante la administración de Ernesto Samper, considera que este tipo de información tiene que tomarse con beneficio de inventario: “Es ambigua, todos los eventos están mezclados y no se puede saber cuáles resultados son efectivos. En términos estadísticos, está contaminada”. Yilberto Lahuerta, coordinador del grupo de información y estadística del Ministerio de Defensa, también identifica los inconvenientes que causan estos números: “Muestran una gestión gubernamental, pero no se conoce el impacto real”.

Claro que esa ‘gestión’ también podría ser puesta en tela de juicio. El informe ‘revela’ que, tan sólo en 2004, un total de 79.247 personas fueron privadas de la libertad por delitos de narcotráfico y por su pertenencia a grupos armados ilegales. Una cifra que equivale casi a toda la población urbana de Yopal (Casanare) y que alcanzaría para llenar de espectadores el estadio Giuseppe Meazza, uno de los más grandes del mundo, casa de los equipos de fútbol italianos de Milán.

Otro de los resultados controversiales del documento cuantifica que 11.154 guerrilleros y 1.611 miembros de las autodefensas fueron abatidos en los últimos seis años por la Fuerza Pública. Lo que se traduciría en 12.165 combatientes por fuera del conflicto. “El Gobierno califica como exitosas las cifras grandes, pero lo que hacen es estimular la violación de derechos humanos. Hay mucha arbitrariedad”, expresa al respecto Camilo González Posso, director de Indepaz.

A los expertos no les cuadran estas cuentas. Funcionarios del Ministerio de Defensa reconocen, por lo menos, que son ambiguas. Los logros de la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe son notorios. En eso coinciden hasta sus detractores más vehementes. Pero, de ninguna manera son tan ‘elevados’ como los presentados en este informe oficial. ¿A quién creerle entonces?

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