El arquitecto Darío Vásquez Sánchez, de 51 años, manifestó en la recta final de los comicios regionales de octubre de 2007 que desde entonces soñaba con el epitafio de su tumba: “Aquí está el mejor gobernador del Meta”. Para lograrlo, dijo, había que luchar para que la contratación estatal no se convirtiera en el desagüe de la corrupción. “Ésta no es un problema de instituciones, sino de personas”, sostuvo con vehemencia en sus discursos de campaña, en los que reconoció de paso que cuando fue contratista del departamento recibió ‘insinuaciones’ para endosarles a los ‘paras’ un porcentaje considerable de sus contratos. “A lo cual siempre me negué”.
Esa frontal posición que esbozó para recuperar la gobernabilidad de un departamento en crisis le rindió réditos electorales: fue elegido el 28 de octubre pasado como nuevo mandatario de los metenses, con 128.565 votos. Durante 24 años, Vásquez Sánchez fue uno de los ‘caciques’ de la contratación regional y fue labrando un camino que hoy lo tiene como el administrador de un presupuesto anual cercano a medio billón de pesos. Su elección, sin embargo, estuvo rodeada de rumores sobre las personas que financiaron su campaña y sobre su presunta inhabilidad por haber sido contratista un año antes de los comicios regionales. De hecho, cursan dos demandas en el Tribunal Administrativo del Meta por estos hechos.
No obstante, el séptimo gobernador elegido por voto popular en el Meta ha sostenido que su actuación pública ha sido pulcra, pese a las dificultades que históricamente ha representado hacer política en una región en donde el paramilitarismo ha cooptado estratégicos cargos estatales (ver recuadro). Aún así, el nombre de Darío Vásquez Sánchez está hoy bajo la lupa de las autoridades. El asunto no es de poca monta. Se trata de su presunta relación con un narcotraficante pedido en extradición por una corte federal de Estados Unidos que habría colaborado en su campaña electoral.
Conexión ‘Villavo’
El 27 de enero el fiscal general, Mario Iguarán, ofreció una rueda de prensa en la que informó que, luego de 18 meses de paciente investigación, la Fiscalía logró desvertebrar una peligrosa red de ‘narcos’ que operaba en Bogotá y Villavicencio, que era liderada por el extraditable Carlos Aguirre Babativa, alias El Señor. Lo escandaloso del asunto resultó ser que de esta organización criminal hacían parte un ex director de inteligencia del Ejército, general (r) Pauselino Latorre, y su sobrino Leobardo, un curtido abogado que en tiempos del fiscal Luis Camilo Osorio hizo parte de la comisión redactora de la ley que dio vida al Sistema Penal Acusatorio.
Según trascendió entonces, la fiscal antimafia que adelantó el expediente recopiló más de tres mil interceptaciones telefónicas que comprometen a los dos ex funcionarios con esta organización, que habría logrado sacar del país cerca de 100 toneladas de droga. Pero, según parece, los tentáculos de Aguirre Babativa, natural de Villavicencio, no se contentaron con infiltrar el Ejército y la Fiscalía. En las grabaciones en poder de las autoridades también aparecen comprometedoras conversaciones entre Carlos Aguirre y el actual gobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez.
El Espectador conoció que en los archivos de los investigadores reposan varias conversaciones entre El Señor, sus subalternos y Vásquez Sánchez, en las que se habla, palabras más, palabras menos, de financiación de su campaña, de compra de votos y de contratos comprometidos. En una de éstas, previa a las elecciones, Aguirre le pregunta al candidato si puede hacer alianzas con algunos políticos de la región porque él tiene un amigo que es candidato a una alcaldía y quería ayudarlo. En otra conversación, precisamente el día de los comicios, el ‘narco’ le pregunta a Vásquez cómo ve las elecciones porque ha visto mucha gente votando por la candidata de la otra campaña.
“Yo he movilizado gente en camionetas y llamé a mi hermano para que recogiera gente”, le dice El Señor. “Yo creo que nos va a ir bien”, le responde Vásquez. Ese mismo día, en la noche, se felicitaron por el triunfo. Pero no es todo. Las autoridades tienen grabaciones entre Aguirre Babativa y sus hombres en las que el extraditable les dice que hay que conseguirle a Vásquez Sánchez un carro blindado y un helicóptero para que se movilice en la región durante su campaña. En otra llamada, el El Señor habla con una mujer no identificada que le reporta que habló con Darío Vásquez y que él se comprometió a darle varios contratos.
También hay filmaciones de un encuentro entre Aguirre y Vásquez en el aeropuerto Eldorado de Bogotá. En una llamada, Vásquez le cuenta al ‘narco’ que va para una cumbre de gobernadores en Pereira. Éste le dice que él tiene amigos allá, que si necesita algo, un carro, tal vez, pero Vásquez le responde que no es necesario porque es un evento “oficial”. Aún así le pide que se encuentren en el Puente Aéreo para conversar mientras espera la conexión con el avión en el que viajará a la capital risaraldense. Las llamadas y los encuentros son reveladores para los organismos de seguridad sobre la confianza que existía entre el político metense y el peligroso ‘narco’.
Las conversaciones sobre las bondades que traería para la organización la gobernación de Vásquez también involucran al general (r) Pauselino Latorre, quien hoy, junto con su sobrino, enfrenta un juicio por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. En una llamada el ex oficial le comenta a un hombre identificado como Felipe lo importante que fue la elección de Vásquez, sobre todo “porque ahora nos va a ir mejor en el negocio de Merecure”, un parque agroecológico ubicado a tres kilómetros de Villavicencio que es catalogado como el más ambicioso proyecto turístico de los Llanos Orientales.
Sin embargo, en el rastreo que ha hecho la Fiscalía sobre la Sociedad Merecure Parque Ecológico S.A., encargada del lugar, se han encontrado varias perlas. Una de ellas es que Hernán Vásquez Delgado, alias Nacho, hizo parte de esta sociedad y aportó cerca de tres mil millones al proyecto. Nacho también hacía parte de la organización liderada por Aguirre Babativa y ya se acogió a sentencia anticipada. Otras 11 personas de esa red criminal capturadas siguieron el mismo ejemplo. Según las autoridades, la empresa de vigilancia Perímetro Ltda., presuntamente manejada a la sombra por Carlos Aguirre, resultaría beneficiada en la contratación del gobernador del Meta.
El Espectador se comunicó con el gobernador Darío Vásquez Sánchez para conocer sus impresiones sobre el asunto, pero no quiso hacer pronunciamiento alguno. Sin duda, los largos brazos criminales del extraditable tocaron a muchas personas. Aguirre, un hombre con quinto de primaria, enfermo por las mujeres, deportista consumado, cercano a gente muy conocida de la farándula nacional, que empezó traficando con joyas en España y terminó como un verdadero capo de la mafia, ha estado en la mira de la justicia de E.U. desde hace varios años. Sin embargo, su solicitud de extradición se formalizó en septiembre de 2007. Mientras aguarda en la cárcel de Cómbita su ‘último viaje’ a E.U., las conversaciones que sostuvo con prominentes políticos y ex funcionarios públicos seguirá dando de qué hablar. Y llenará de preocupación a más de uno.
El Llano en llamas
El Meta y Villavicencio parecen estar condenados a vivir en crisis permanente. Un ex gobernador condenado en la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por confabularse con paramilitares, un ex alcalde que huye de la Fiscalía porque presuntamente también hizo lo mismo con Miguel Arroyave, y este nuevo escándalo que involucra al gobernador, así lo están evidenciando.
Durante los últimos cuatro años los habitantes y los entes de control han sido testigos de una cadena de hechos de corrupción y de supuestos vínculos de políticos con grupos al margen de la ley, que influyeron en el destino de medio billón de pesos anuales que manejan la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio.
Componendas que comenzaron a evidenciarse el 22 de febrero de 2004 con el asesinato del ex alcalde de la capital del Meta (2000-2003) Ómar López Robayo. Crimen que llevó a la Fiscalía a ordenar la captura, el 22 de junio de 2007, del ex alcalde de Villavicencio Franklyn Germán Chaparro Carrillo y su socio político Wílmar Rondón, quienes están prófugos de la justicia.
Pero el asombro de los metenses no terminó con estos hechos. El 8 de noviembre de 2007 la Corte Suprema de Justicia condenó —en calidad de determinador— al ex gobernador Edilberto Castro Rincón a 40 años de prisión por los asesinatos del ex candidato a la Gobernación Éusser Rondón, la diputada Nubia Sánchez y el ex gobernador Carlos Javier Sabogal, ultimados el 13 de septiembre de 2004 en zona rural de Tocancipá (Cundinamarca), adonde habían sido citados por el extinto jefe paramilitar Miguel Arroyave para hablar sobre las denuncias de corrupción que éstos habían hecho en contra del entonces gobernador Castro.
Asesinatos que llevaron a la Fiscalía a poner al descubierto la alianza entre una parte de la clase política del Meta y los jefes del Bloque Centauros, Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, y Miguel Arroyave, asesinado el 16 de septiembre de 2004 por una facción disidente al mando de Pedro Oliverio Guerrero, conocido como ‘Cuchillo’.
Crímenes que la Fiscalía está esclareciendo gracias a los testimonios del ex integrante del Bloque Centauros José Raúl Mira, que jugó un papel importante en la condena contra el ex gobernador Castro y la orden de captura contra Chaparro.