El señor X perdió otra vez

En un asunto problemático y verdadero lío de alto gobierno se convirtió el trámite de un fallo internacional que le ordenó al Estado colombiano revisar el caso de un homosexual que le reclamó al Fondo de Previsión Social del Congreso la pensión de su compañero permanente, fallecido en 1993. Ministerios enfrentados, conceptos legales de aquí y allá, discusiones radicales y elevadas y hasta la intervención del vicepresidente Francisco Santos fueron desatados por cuenta de este peliaguda circunstancia.

El expediente es conocido como “el caso X contra Colombia”. La historia es esta: el 27 de julio de 1993, tras 22 años de relación y siete de convivencia, falleció el señor Y, funcionario del Congreso de la República. Catorce meses después, el señor X se dirigió al Fondo de Previsión Social del Legislativo para solicitar la pensión de su pareja. Y empezó el karma. En abril de 1995 el Fondo negó las pretensiones, alegando que la ley no le permitía otorgar la sustitución pensional entre personas del mismo sexo. El señor X comenzó una batalla jurídica y fue vencido una y otra y otra vez.

Interpuso una tutela en el Juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá, argumentando que estaba siendo discriminado por razones de su orientación sexual. Perdió. Apeló la decisión en mayo de 1995 y luego en septiembre y luego en octubre. Perdió siempre. Su tutela no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.

El señor X le pidió al Defensor del Pueblo que le solicitara al alto tribunal que revisara su caso. Su ilusión se esfumó el 26 de febrero de 1996. “Los homosexuales, por ausencia de normatividad legal, no pueden ejercer derechos reconocidos a los heterosexuales”, le contestó la Defensoría.

El señor X siguió insistiendo, tercamente para algunos. Puso su caso en conocimiento del Tribunal de Cundinamarca en junio de 2000. Perdió. El mismo argumento con distinta lógica: “no hay reconocimiento constitucional para las uniones homosexuales como núcleo integrador de la familia”. Apeló y volvió a perder en el Consejo de Estado.

Aunque también ganó. Fue una victoria pírrica, pero al fin y al cabo una victoria. La entonces magistrada Ana Margarita Olaya Forero fue derrotada por la Sala, pero salvó su voto. El 20 de septiembre de 2000 consignó su posición sobre el caso. En su criterio, las pretensiones del señor X sí eran válidas y se le estaba negando su derecho a la justicia por cuenta del gusto que siempre tuvo por los hombres.

Agotado, pero no vencido, el señor X recurrió el 13 de enero de 2001 al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tribunal encargado de revisar casos en los cuales se impide una justicia efectiva en materia de derechos civiles. El Estado aceptó hace tres décadas la competencia del Pacto y se comprometió a acatar sus decisiones.

Precisamente, el 30 de marzo de este año, el dictamen del Pacto determinó que el señor X fue discriminado por la justicia colombiana por ser homosexual y le ordenó al Estado que revisara su solicitud pensional sin tener en cuenta su condición sexual. Además, “el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para impedir que se cometan violaciones análogas del Pacto en el futuro”. La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU suscitó reacciones encontradas en el Gobierno y, de paso, abrió la puerta para que otras parejas homosexuales puedan instaurar reclamos similares.

El primero de agosto pasado fue elaborado el proyecto de resolución 003 de 2007, en el cual los ministros de Interior y de Justicia, de Defensa y de Relaciones Exteriores emitían concepto favorable para dar aplicación a la recomendación formulada por el tribunal internacional. Es decir, el Estado se comprometía a revisar el caso del señor X. Sin embargo, el proyecto de resolución se quedó en eso: un proyecto. El alboroto fue mayúsculo en el Gobierno y comenzaron los enfrentamientos.

El 22 de agosto la directora de Seguridad Económica y Pensiones del Ministerio de Protección Social, Diana Arenas Pedraza, y la directora de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, Mónica Uribe Botero, emitieron un concepto desfavorable para acatar el dictamen internacional. Según el documento, el señor X no puede alegar discriminación alguna en su caso, ya que no existen leyes que amparen su petición.

“Las parejas conformadas por personas del mismo sexo no se encuentran comprendidas dentro de la definición de familia”, sostiene el concepto enviado a Jesús Alberto Ramos, jefe de la división de prestaciones del Fondo de Previsión Social del Congreso. Y recordó el documento que el Gobierno ha impulsado en el Congreso una ley para que las parejas del mismo sexo puedan acceder a beneficios prestacionales que, sin embargo, se ha hundido en varias ocasiones. Pero que no por ello puede hablarse de discriminación en estos casos.

El pulso se agigantó. Por los pasillos de la Casa de Nariño el asunto causó un revuelo inesperado y terminó por enfrentar a los ministerios de Hacienda y Protección Social con los de Defensa, Mininterior y la Cancillería. El vicepresidente Santos intervino en últimas e inclinó la balanza: no acatar el fallo internacional. La razón: de hacerlo se abriría un boquete jurídico que redundaría en una lluvia de demandas y reclamaciones del mismo tipo, con el costo económico para el Estado que esto supone.

En consecuencia, el señor X estuvo a punto de ganar esta vez, pero perdió nuevamente. Ganó internacionalmente, pero en Colombia el Estado se rehúsa a acatar el fallo. ¿Cuáles serán las consecuencias para el Gobierno colombiano por no aceptar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Por ahora sería difícil predecirlo, “pero es un pésimo antecedente”, sostuvo el abogado del señor Y. “Qué raro, cuando condenan al Estado por masacres nadie sale a cuestionar los fallos internacionales. Esta vez sí... ¿por qué será?”, agregó.

Entre tanto, el señor X seguirá insistiendo en su reclamación con una consigna común: quiere dejar de seguir perdiendo.