La encrucijada del general

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos adoptará esta semana una decisión trascendental para esclarecer la expansión del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio en los años 80 y los nexos que esta organización armada tuvo con integrantes de la Fuerza Pública. El general (r) Farouk Yanine Díaz, mediante diligencia de indagatoria, formalmente será vinculado a una investigación que nuevamente pretende clarificar cómo y por qué el 18 de enero de 1989, en La Rochela (Santander), fueron masacrados 11 integrantes de una comisión judicial que precisamente investigaba los crímenes de los grupos de autodefensa.

Según conoció El Espectador, el ex oficial será llamado a la Fiscalía por el cargo de concierto para delinquir por acción, en concurso de homicidios agravados por omisión. Se tratan de establecer las actuaciones que para finales de los años 80 pudo tener el general (r) Farouk Yanine Díaz en calidad de comandante de la Segunda División del Ejército y qué tanto permitió la proyección de los grupos paramilitares en la región, que con el paso del tiempo derivaron en sucesivos hechos de violencia tales como la desaparición de los 19 comerciantes en octubre de 1987 y la referenciada masacre de La Rochela, ocurrida en enero de 1989.

La inminente vinculación del general Yanine a la investigación tiene además otros soportes jurídicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la decisión que condenó al Estado colombiano por la masacre de La Rochela en mayo de 2007, referenció que a pesar de los testimonios que relacionaban al oficial con la masacre, nunca fue formalmente vinculado al proceso penal. Además, por tratarse de graves infracciones a los Derechos Humanos, existe jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de que no procede la prescripción. Por eso, desde enero de 2007, la Fiscalía ha determinado vincular, acusar y hasta pedir condenas en este expediente judicial.

En respuesta a los continuos requerimientos de la parte civil en el caso de La Rochela y las sugerencias para que el ex oficial sea vinculado, que también fueron expresadas por la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia de revisión del expediente por la desaparición de 19 comerciantes en 1987, la Fiscalía ordenará que el general Yanine Díaz sea escuchado

La conexión

Aunque los casos de la desaparición de los 19 comerciantes, en octubre de 1987, y la masacre de La Rochela, en 1989, corresponden a hechos distintos y momentos diferentes, con el paso de los años la justicia estableció que tienen nexos comunes. El primer episodio ocurrió en octubre de 1987 en Cimitarra (Santander), cuando 19 personas que se dedicaban a comerciar mercancía de contrabando fueron torturadas y desaparecidas. Pese a que la justicia ordinaria condenó a varios paramilitares, en la Justicia Penal Militar los oficiales que fueron vinculados a la misma investigación resultaron absueltos. Uno de ellos era, precisamente, el general en retiro Farouk Yanine.

En razón a que varios testigos acusaron a Yanine y a otros militares de haber participado en el asesinato de los 19 comerciantes, en octubre de 1996 la Fiscalía vinculó al general Yanine en este caso. Meses después, y particularmente por las confesiones del jefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, según las cuales el ex oficial asistió a varias reuniones con la cúpula de las Autodefensas del Magdalena Medio, el ente investigador acusó al general (r) de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio múltiple y conformación de grupos de justicia privada. Casi de inmediato la Justicia Penal Militar entabló una colisión de competencias.

En noviembre de 1996 el Consejo de la Judicatura le entregó el caso a la Justicia Penal Militar, que se tomó siete meses para concluir que el general Yanine Díaz no tuvo responsabilidad en el caso de los 19 comerciantes. En esencia, la preclusión a su favor obedeció a varios argumentos: en primer término, que para la época de los hechos Yanine estaba al frente de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y no estaba en Santander. Además, que hubo aparentemente en la Fiscalía clonación de testigos secretos para poder procesarlo y utilización de otros declarantes que no formaron parte de la escolta del oficial cuando estuvo en Bucaramanga o en otros municipios de Santander.

No obstante, la conexión entre el episodio de los 19 comerciantes y la masacre de La Rochela obedece a que la comisión judicial que fue masacrada el 18 de enero de 1989 tenía como propósito aclarar el caso de los comerciantes. Y el promotor de dicha masacre fue ni más ni menos que Vladimir, el principal acusador del general Yanine. De hecho, en una de sus declaraciones ante la Fiscalía, Vladimir denunció que un abogado al servicio del entonces jefe paramilitar Carlos Castaño lo había visitado varias veces en la cárcel para que se retractara de sus declaraciones y que Castaño le mandaba a decir que tenía que ayudar al general Yanine porque ellos ya tenían una copia de todo lo que él había declarado.

En el caso de la masacre de La Rochela también predominaron las preclusiones y los asesinatos de testigos e incluso de uno de los agentes investigadores del CTI. Ante la impunidad que rodeó este expediente, los representantes de las víctimas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la

Dos décadas después

Según fuentes consultadas por El Espectador, la inminente vinculación del general Yanine al caso de la masacre de La Rochela constituye una oportunidad para ayudar en el esclarecimiento de los orígenes del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio en los años 80, y los nexos que pudo tener esta organización armada con oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Cabe recordar que en agosto de 2007, en diligencia de versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, el más representativo jefe de las autodefensas en esa zona, Ramón Isaza, declaró que el propio general Yanine le sugirió que se armara y se defendiera con su gente del asedio de la guerrilla, porque los militares no podían ayudarlo más.

En aquella época la justicia alcanzó a señalar a la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) como la organización de fachada desde la cual se estructuró el proyecto paramilitar con sede en Puerto Boyacá. Además de las pesquisas del DAS y los jueces de instrucción criminal, fue determinante la confesión del médico de las autodefensas y ex concejal de ese municipio Diego Viáfara, quien en febrero de 1989 le contó a El Espectador, y después a las distintas instancias del Poder Judicial, de qué manera operaba el paramilitarismo, quiénes eran sus principales colaboradores y, especialmente, cómo en 1988 habían sido entrenados por mercenarios ingleses e israelíes.

Uno de ellos, el coronel (r) del Ejército de Israel Yair Klein —hoy detenido en Rusia y pendiente de ser extraditado a Colombia para pagar una condena proferida por la justicia—, fue mencionado en repetidas declaraciones por Vladimir como el principal adiestrador de los nacientes grupos de autodefensa en el Magdalena Medio. Según dejó consignado en su libro Mi confesión el extinto jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, dichas sesiones de entrenamiento fueron financiadas por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, pero se abrieron cupos para la gente de Fidel Castaño. Allí estuvieron, entre otros, Carlos Castaño, Vladimir y Jaime Rueda Rocha, el asesino material del dirigente liberal Luis Carlos Galán.

En conclusión, y según los estudiosos del conflicto armado, de lograrse la extradición de Yair Klein a Colombia y de concretarse avances respecto a determinar la presunta responsabilidad del general Yanine Díaz en la conformación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio en la década de los 80, sumados a las verdades que tendrán que aportar los desmovilizados jefes de las autodefensas hoy recluidos en Itagüí, se allanaría el camino para desatar el nudo gordiano que explica históricamente cómo surgió el fenómeno paramilitar en Colombia y de qué manera se fue expandiendo por el territorio nacional con el auspicio del narcotráfico.

Sin embargo, está claro que el general Yanine, a pesar de las presiones de los organismos de derechos humanos, es un oficial que ha sorteado con éxito todos los señalamientos en su contra a lo largo de dos décadas, acusando siempre a quienes lo sindican como promotores de una gran farsa. Para la muestra el comentario de Yanine el día que la Justicia Penal Militar lo absolvió de los cargos por el caso de los 19 comerciantes, en junio de 1997, cuando en una concurrida rueda de prensa, y mostrando las pruebas que dejaron sin piso los testimonios que lo salpicaban, expresó en tono airado: “Nunca podrán con el general Farouk Yanine Díaz”.