Se agota el tiempo

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La novedosa propuesta del Gobierno de excarcelar guerrilleros procesados por delitos de lesa humanidad a cambio de que las Farc liberen a los secuestrados políticos, tiene tantos peros en principio que pocos creen factible que la guerrilla la acepte. Penalistas dicen que la Corte Penal Internacional verá con malos ojos la iniciativa.

“Durante mucho tiempo hemos sido como los leprosos que afean el baile, los secuestrados no somos un tema ‘políticamente correcto’, suena mejor decir que hay que ser fuertes frente a la guerrilla aun sin sacrificar algunas vidas humanas. Ante eso, el silencio. Sólo el tiempo puede abrir las conciencias y elevar los espíritus”, le escribió Íngrid Betancourt a su mamá en una desgarradora carta el pasado 24 de octubre que, sumada a una silente imagen de ella, cabizbaja, casi resignada, contenida en un video que le dio la vuelta al mundo, sacudió el letargo general de los colombianos, rectificó la parálisis de las conciencias sobre el atroz delito del secuestro y generó una cruzada sin fronteras por la liberación de los plagiados en poder de las Farc, que el jueves pasado tuvo un inédito capítulo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Tras los continuos y espeluznantes relatos que van y vienen sobre el precario estado de salud de la ex candidata presidencial en los últimos días —quizá la frase más escalofriante la lanzó el Defensor del Pueblo: “Alguien me dijo que sus características físicas no distan mucho de la de los niños de Somalia”—, el Gobierno Nacional, invocando el interés superior de la paz, expidió el 27 de marzo el Decreto 880, que busca acelerar un acuerdo humanitario con las Farc bajo dos premisas fundamentales: si esa guerrilla libera a los rehenes políticos que tiene en su poder, el Ejecutivo, amparado en un artículo de la Ley de Justicia y Paz, suspendería las condenas vigentes contra subversivos detenidos, incluso aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y les otorgaría la libertad con la obligación de que no vuelvan a delinquir.

La novedosa propuesta del Gobierno, explicada en detalle por el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, franqueó uno de los inamovibles del Ejecutivo: la liberación de guerrilleros presos involucrados en masacres, secuestros, lavado de activos o terrorismo. A mediados del año pasado, y por solicitud del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, Álvaro Uribe ‘indultó’ a cerca de 200 subversivos, entre ellos Rodrigo Granda, procesados sólo por el delito de rebelión. El gesto fue recibido con desdén por las Farc. Sin embargo, se supo después que la maniobra política del gobierno francés urgía acercar los contactos con la guerrilla para la liberación de Íngrid Betancourt.

Por eso, esta nueva oferta del Gobierno colombiano, más allá de si es aceptada por el secretariado de las Farc, constituye un avance significativo dentro del pulso infecundo que han sostenido la guerrilla y el Gobierno durante los 67 meses que lleva el presidente Uribe despachando desde la Casa de Nariño. “Tenemos afán de acabar con el terrorismo”, dijo ayer Uribe Vélez, y agregó: “Y tenemos afán de que los secuestrados vuelvan a sus hogares”. Y explicó seguidamente que la política de recompensas para los subversivos que entreguen información sigue dando resultados, que existe un fondo de US$100 millones para los subversivos que liberen secuestrados y que se logró resquebrajar la confianza entre las filas guerrilleras. Y, como era obvio, terminó invitando a las Farc para que acojan esta iniciativa.

Y aunque el anuncio gubernamental reavivó las esperanzas de los familiares de los secuestrados, reputados penalistas consultados por El Espectador ya empezaron a encontrarle peros jurídicos a este decreto. El abogado Yesid Reyes Alvarado sostuvo, por ejemplo, que la propuesta de beneficiar a guerrilleros procesados por delitos de lesa humanidad es contraria a las normas del derecho internacional. Y va más lejos al advertir que, de concretarse esta iniciativa, una Corte Penal Internacional no dejará pasar por alto el asunto. En ese mismo sentido se pronunció el penalista Iván Cancino, quien, aunque consideró loable esta propuesta, “que ya estaba demorada”, concluyó que ni siquiera el Gobierno podría garantizar la eventual libertad a los guerrilleros presos, porque tribunales internacionales seguramente le pedirán cuentas al país.

Pero volviendo al plano político, muchos analistas dudan que las Farc acepten esta propuesta, entre otras cosas porque sigue siendo ambigua: el decreto dice que una vez la guerrilla libere a alguno o varios de los denominados ‘canjeables’, el Gobierno pedirá la excarcelación de subversivos. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Cómo se seleccionarán? ¿En cuánto tiempo saldrán de la cárcel? La propuesta, que aún transita caminos cenagosos, será desechada por las Farc, aseguran expertos, entre otras razones por un elemental inamovible que siempre ha esbozado la guerrilla para concretar un canje humanitario: el despeje de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca. Ese continúa siendo el pero mayúsculo que enfrenta este pulso entre las partes.

El ex asesor de paz Lázaro Viveros calificó la propuesta de Uribe como una cortina de humo “inviable desde todo punto de vista”, porque es la guerrilla la que tendría que actuar primero liberando rehenes, y desde esta perspectiva la propuesta “es más siquiátrica que política y no se logra el acuerdo humanitario”. Y puso en discusión la dificultad del Gobierno para generar confianza en la guerrilla tras la caída de Raúl Reyes en un operativo que juzgó como “un error garrafal político” que en nada remedia el nebuloso panorama de los secuestrados. La tesis del ex ministro Rafael Pardo es que urge incluir a Venezuela —es decir, al presidente Chávez y a Piedad Córdoba— en el concierto de esta propuesta; pero, además, apura la necesidad de restablecer algún contacto con las Farc. ¿Lo tiene hoy por hoy el Gobierno?

Para el ex comisionado de Paz Camilo Gómez, la iniciativa es menos útil de lo que parece, pues ninguno de los siete artículos contenidos en el decreto define claramente el desarrollo de un acuerdo para una negociación —“a no ser que ya haya un acuerdo que no conozcamos”—, y añadió sin ambages que en este contexto la propuesta del Ejecutivo se quedará sencilla y llanamente, como dice el refranero popular, como eso: una propuesta más en el ya concurrido estanque de las ofertas desechadas por las Farc. La Iglesia parece tener bloqueados los caminos con la guerrilla y sus peticiones de humanizar el conflicto son desoídas; el gobierno Uribe cede sin ceder mucho, pero avanza de cualquier manera; la clase política en general apoya la iniciativa con algunos recelos; los juristas ponen peros y puntos sobre las íes; y los secuestrados siguen secuestrados.

El Gobierno confesó su preocupación por el deteriorado estado de Íngrid Betancourt. La propuesta se aceleró esta semana luego de que se intensificaran los rumores sobre su paso por un rudimentario puesto de salud ubicado en la vereda El Capricho (Guaviare). Mucho más tras la escalofriante sentencia del defensor Vólmar Pérez de compararla con la condición de los famélicos niños en Somalia. “Sólo el tiempo puede abrir las conciencias y elevar los espíritus”, escribió Íngrid a propósito de un intercambio humanitario que nunca llega. Ella sigue esperando. Y 38 canjeables más.

Reacciones

Lázaro Viveros / Periodista y ex consejero de paz

“Me parece que es una cortina de humo inviable. Es extraño que ahora el Gobierno acceda a la liberación de personas con crímenes de lesa humanidad, lo cual era casi un inamovible. Es una propuesta más siquiátrica que política, con la cual no se logra el acuerdo humanitario. La muerte de Raúl Reyes no fue un triunfo, sino un garrafal error político, porque él manejaba las comunicaciones nacionales e internacionales”.

Yesid Reyes / Abogado penalista

“La propuesta de excarcelar guerrilleros presos por delitos de lesa humanidad contraría la justicia penal internacional, ya que ésta no tiene previstos ni indultos, perdones, amnistías o prescripciones para quienes hayan cometido este tipo de violaciones a la ley”.

Jorge Enrique Botero / Periodista experto en el conflicto colombiano

“No le auguro mucha acogida por parte de las Farc a esta propuesta. El Gobierno se ha vuelto un experto vendedor de ilusiones que no son viables y con las que encuentran un pretexto para acusar a la contraparte de no querer colaborar”.

Rafael Pardo / Ex consejero de paz

“Me parece que la propuesta tiene el respaldo de Francia, España y Suiza, pero pienso que es necesario buscar nuevamente a Venezuela para que sea viable. Eso para empezar, porque lo importante en primer lugar es el contacto”.

Iván Cancino / Abogado penalista

“Es loable esta propuesta. El Gobierno ya estaba demorado. Sin embargo, creo que no se pueden desconocer unos principios básicos liberando guerrilleros presos por delitos de lesa humanidad, que son crímenes mundiales, entre otras cosas, porque no se les podría garantizar a estas personas su libertad. Bastaría que cualquier ciudadano, que no esté de acuerdo, acuda a la Corte Penal Internacional para que ésta revise el caso y eventualmente reverse la decisión”.

Camilo Gómez / Ex comisionado de paz

“Si esto es fruto de un acuerdo que no conocemos sería útil. Si no es así, es un instrumento que va a quedar ahí por si de pronto a las Farc se les ocurre un gesto de humanidad. La pregunta es si el Gobierno puede hacer liberaciones por encima de tratados internacionales que tienen reglas claras en lo que se refiere a crímenes de lesa humanidad. La liberación por ambos lados sin acuerdo no la creo viable políticamente. Antes del asesinato de Raúl Reyes ellos habían manifestado que no harían más liberaciones unilaterales”.

Ernesto Samper / Ex presidente de Colombia

“Este decreto evidencia lo que viene pasando desde hace cinco años. El Gobierno Uribe quiere negociar sin negociar. Las decisiones unilaterales que toma con respecto a las Farc así lo comprueban. El Presidente insiste en hacer concesiones sin consultar a su contraparte. Además, creo que la liberación de guerrilleros presos por delitos de lesa humanidad tendría una lectura complicada a nivel internacional. Íngrid y todos los secuestrados están todavía en condiciones de ser salvados, pero pienso que esta no sería la vía más rápida”.

Ana Teresa Bernal / Directora de Redepaz

Estamos haciendo una convocatoria para el 4 de abril con el fin de realizar una marcha nacional para exigir la liberación de todos los secuestrados. No podemos esperar a que Íngrid se muera.