El dolor de cabeza del Gobierno

No hay avances en las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares y, por el contrario, las estadísticas han aumentado; Ongs de derechos humanos han documentado en los últimos cinco años 955 homicidios en los que estarían involucrados agentes del Estado; La OEA tiene evidencia de por lo menos 150 incidentes más en los cuales campesinos fueron presentados después como insurgentes muertos en combate.

Esta es la conclusión de una carta que circula actualmente en el seno de los congresistas demócratas de Estados Unidos y que será enviada en los próximos días a la secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice. La misiva, firmada por los senadores Christopher Dodd y Rusell Feingold, busca recoger firmas entre los parlamentarios con el fin de que se bloquee la ayuda militar a Colombia hasta tanto no se adelanten investigaciones rigurosas para establecer si la Fuerza Pública ha cohonestado o no con organizaciones ilegales.

“Urgimos a que cualquier certificación o ayuda a las fuerzas militares esté sujeta al respeto de los derechos humanos, apropiadas a las legislaciones internacionales en materia de guerra hasta que se lleve a avances sustanciales en las investigaciones donde no se han dado avances”, dice un aparte de la carta. La misiva cita un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia: “El derecho a la vida está siendo afectado por los persistentes asesinatos con características de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de los actores armados, especialmente del Ejército”.

Según los congresistas Dodd y Feingold, tres elementos en común tienen todos los casos reportados como ejecuciones extrajudiciales: civiles muertos durante combates, alteración de la escena del crimen por parte del perpetrador y que la investigación es realizada por los mismos jueces del sistema penal militar, cuando, dicen, los procesos deberían ser asumidos por la Fiscalía. Y citan una estadística feroz: “Nosotros sólo nos hemos enterado de dos casos de estos (agentes de las Fuerzas Militares involucrados en asesinatos extrajudiciales) que han terminado en condenas”.

En octubre del año pasado una misión de expertos internacionales se entrevistó con miembros de las familias de 130 víctimas de ejecuciones y su conclusión es que muchas de esas personas fueron detenidas ilegalmente en sus casas o lugares de trabajo y llevados a otro lugar donde fueron ultimados. Y, como si fuera poco, fueron reportados como guerrilleros caídos en combate. “La mayoría de esos casos están en la impunidad”, dice la carta.

Por eso instaron al Congreso norteamericano a fijar reglas al Gobierno colombiano para garantizar la ayuda militar. En concreto solicitaron que todas estas investigaciones sean adelantadas por la Fiscalía, que el Ejecutivo “debe abstenerse de dar declaraciones que ponen en peligro a los grupos de derechos humanos que documentan estos casos”, y que sean suspendidos los militares que resulten procesados.