Científicos en la ilegalidad

Contra toda lógica, los investigadores están obligados a reportar los hallazgos antes de comenzar el trabajo de campo. /Archivo

Como si se tratara de una novela de Franz Kafka, los científicos colombianos que desarrollan proyectos de investigación sobre biodiversidad y recursos genéticos están viviendo una verdadera pesadilla burocrática: obtener los permisos exigidos por la ley tarda en promedio 3,5 años y varios dolores de cabeza.

Un análisis conducido desde la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia estableció que de los 565 proyectos sobre biodiversidad inscritos en Colciencias desde 1997 a la fecha, tan sólo 46 cumplieron con todos los requisitos exigidos por la legislación colombiana. Si se trata de ser estrictos, el 92% de los científicos que laboran en este campo han hecho su trabajo desde la ilegalidad.

Gonzalo Andrade, asesor de la vicerrectoría, biólogo y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, no se cansa de insistir en denunciar este exabrupto de la burocracia nacional: “Los datos de este análisis demuestran que básicamente el sistema no está funcionando”. Un lujo que no debería darse un país que cuenta con el 10% de la biodiversidad mundial y tiene en este tesoro uno de los motores de su desarrollo.

La pesadilla comienza con la obligación de demostrar ante el Ministerio del Interior que el lugar elegido para recolectar especies no corresponde a un territorio indígena o de comunidades afrocolombianas. En caso de ser así, los investigadores deben cumplir con el requisito de una consulta previa. El tiempo para obtener el permiso por parte de las autoridades locales es incierto. Según Andrade, puede ser de unos pocos días, semanas o meses.

Por si fuera poco, el costo de tal trámite recae en el científico. En promedio, una consulta previa puede rondar los $15 millones. Andrade cuenta que una de sus investigaciones sobre la variedad de mariposas en Colombia implicaba adelantar consultas previas con al menos 80 comunidades, un costo imposible de asumir para los estrechos presupuestos con que se hace ciencia en el país.

Superado este escollo, un tortuoso camino espera al investigador. De acuerdo con el decreto 309 de 2000, todos los investigadores requieren un permiso para recolectar organismos ejemplares en el medio silvestre. Y según la decisión 391 de 1996, conocida como Decisión Andina o Acuerdo de Cartagena, todas las personas que hacen investigación en biodiversidad y que requieran acceso a recursos genéticos deben firmar un contrato con el Estado. Trámites de los que se encarga el Ministerio de Medio Ambiente. Además, la ley exige que el grupo investigador contrate a una institución nacional de apoyo que vigile el proceso y presente un informe al Gobierno.

Andrade es categórico en su diagnóstico: “Es más fácil obtener un título minero en Colombia, que el país ofrece en 90 días, que desarrollar proyectos de investigación en biodiversidad”. Su queja recoge la voz de cientos de investigadores. Sólo en la Universidad Nacional, serían 1.200 los expertos afectados por la tramitomanía.

“Es cierto que los permisos están prácticamente bloqueados por la oficina jurídica del Ministerio de Medio Ambiente. Desde principios del año pasado, tanto Presidencia como la alta consejera Sandra Bessudo están haciendo lo inimaginable para desbloquear el tema, pero no ha habido voluntad jurídica para facilitar los trámites y entender que el acceso a recurso genéticos es una prioridad del país”, comenta Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Elena Stashenko, directora del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas Medicinales Tropicales, ha recorrido varias veces este tortuoso camino. En su opinión, este entramado jurídico “viola el espíritu de investigación”. Por ejemplo, la ley exige que se entreguen reportes de lo que se va a buscar en el trabajo de campo. “Cuando enviamos las plantas recolectadas para su identificación al laboratorio, resultan diferentes a las que esperábamos. Cuando reportamos esto al Ministerio, el abogado dice que no teníamos permiso. La investigación es ir a lo desconocido. Hay una contradicción lógica en esto”, señala la investigadora de origen ruso y profesora de la Universidad Industrial de Santander.

Tan absurda es la situación, que ya es común escuchar a los investigadores decir: “Es mejor pedir perdón que pedir permiso”. Desde la Universidad Nacional se han lanzado algunas propuestas para eliminar ciertos trámites engorrosos, pero a la fecha las cosas siguen igual.