Tulio Elí Chinchilla 27 Ene 2011 - 10:00 pm

Derecho de petición ante particulares

Tulio Elí Chinchilla

LA LEY 1437 DE 2011, SANCIONADA EL pasado 18 de enero, adoptó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

Por: Tulio Elí Chinchilla
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Una importante innovación en esta legislación es la regulación general del derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, con lo cual se llena un vacío normativo que, extrañamente, perduró por diecinueve años.

Aunque el artículo 23 de la Constitución aplazó el ejercicio de esta modalidad de peticiones hasta que la ley lo reglamentara, la Corte Constitucional había venido dando aplicación inmediata a tal derecho frente a particulares encargados de servicios públicos domiciliarios, de educación y salud. Sin embargo, ante organizaciones privadas tales como entidades financieras, fondos de pensiones, empresas de transporte, cooperativas, cajas de compensación familiar, compañías de seguros, empresas de seguridad, concesionarios de obras públicas, etc., las personas estaban en situación de indefensión cuando de obtener pronta y adecuada respuesta a sus solicitudes se trataba. Se sabe que la desatención despótica —otra forma de arbitrariedad— reina por igual en el mundo oficial y en el privado, con el agravante de que éste se muestra aún más impenetrable y arcano.

Gracias a la nueva norma (artículos 32 y 33) las peticiones pueden ahora dirigirse a “organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, organizaciones financieras o clubes”. También procede “ante personas naturales en caso de organizaciones privadas frente a las cuales las personas se encuentren en estado de indefensión y subordinación y ante aquellas que ejerzan posición dominante”, es decir, cuando ciertos individuos despliegan verdadero poder social. Por imperativo constitucional, el peticionario tiene la carga de afirmar y demostrar que su instancia va ligada a la protección de un derecho fundamental diferente al de petición.

En todos estos casos, dice la nueva preceptiva legal, el ejercicio de tal derecho se sujetará a las reglas del derecho de petición ante autoridades públicas, regulado en el capítulo primero de ese mismo Código. Así, como regla general, el término para responder será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la radicación de la solicitud (artículo 14); son viables diversos tipos de solicitudes tales como la petición de información, de documentos no sometidos a reserva, consultas y conceptos, petición de servicios, licencias y otros bienes.

A pesar de este avance, dos vacíos acusa esta regulación: la ausencia de respuesta a una petición dirigida a la autoridad constituye falta gravísima (artículo 31), pero se omite disposición expresa o remisoria sobre el correctivo que se impondría a los particulares. De otro lado, ¿no es excesivo aplazar la vigencia de estas disposiciones hasta junio del año entrante? En esta materia, una vacatio legis tan dilatada no parece justificada. ¿Nuestra ingeniosa hermenéutica constitucional no hilará algún argumento que anticipe la aplicación de esta parte del Código, a fin de superar la inconcebible laguna?

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Juez-Constitucional

Sab, 01/29/2011 - 23:51
No puede ser que esta ley entre en vigencia dentro de año y medio. Que exageracion pero que se puede esperar de nuestros honorables parlamentarios.
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colombiamada

Vie, 01/28/2011 - 17:39
Se impone aquí, de nuevo, nuestro sistema despótico constitucional mediante el cual al tiempo que una mano autoriza, la otra impide. Ello forma parte ejemplar de la forma en que fuimos y seguimos siendo educados por la teología catolizada, experta en afirmar negando y todo lo contrario...
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Boyancio

Vie, 01/28/2011 - 15:27
Ya es tarde, es un pataleo retardatario, a esta republiqueta no la salva jni mi don Mandraque emberrondiao. La solución es humana, hay que seguir la oración fuerte: Dejémos de joder al menos fuerte!
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paisacoraje

Vie, 01/28/2011 - 10:01
¡Qué bueno, por fin! Estas disposiciones habrán de poner coto a tanto abuso de entidades y empresas particulares, especialmente las del sector financiero y en general la mayoría de proveedoras de bienes y servicios. Ahí sí que desmonten las ineficientes superintendencias y defensoras del consumidor, entes burocráticos a los que es imposible acceder porque las tales líneas gratuitas jamás tienen al frente a un interlocutor de carne y hueso. A propósito, no habrá una entidad de vigilancia y control que nos diga por qué algunos productos empacados con pesos de 450 ó 400 gramos, siguen figurando en sus rótulos como de "una libra", como es el caso de el azúcar Las Gemelas?
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suesse

Vie, 01/28/2011 - 10:00
Suponemos que en la actual onda de mostrar resultados "sociales", así sean cojos, incompletos o que queden sin dientes como esta nueva norma (importante y necesaria en una sociedad donde el abuso al particular, como consumidor, usuario o tercero afectado por fraudes, etc), esos "dientes" le saldrán según la voluntad del "afectado" con esa nueva intención...de pronto, le sale mueca, y asi, quedará. Raro no sería, en este país light donde el derecho del individuo frente a los poderosos se acalla o se acalla...
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