El representante a la Cámara Germán Navas Talero.

Apenas empezaba enero de este año. Los magistrados de la Corte Suprema estaban desempolvando sus escritorios cuando les llegó tremendo caso: el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático, conocido por sus superestrictas posiciones jurídicas y políticas, interpuso denuncia penal por prevaricato contra alrededor de 85 de sus colegas de la Cámara. Eran todos lo que habían votado a favor de la realización de un referendo para que el presidente Uribe pudiera reelegirse por segunda vez.

Casi simultáneamente, Navas Talero, abogado penalista de los incisivos, formuló otra denuncia, esta vez ante la Fiscalía, contra el comité promotor de dicho referendo  y contra Luis Guillermo Giraldo, líder de ese comité. Hasta ahí, uno podría pensar que es la actividad corriente de un opositor de la actual administración. Sin embargo, Navas Talero no es un congresista cualquiera. Ha tenido contra las cuerdas judiciales al gobierno desde que éste se hizo reelegir la primera vez: él también fue quien denunció, de inmediato, por cohecho a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño cuando Yidis cambió ostensiblemente su opinión contra la reelección y votó a favor, en 2004, y Teodolindo argumentó problemas de salud de su hijo, para poderse ausentar durante la votación. Al principio, los uribistas lograron impedir que la Corte y la Procuraduría encontraran indicios de la comisión del delito y cerraron temporalmente el asunto. Pero, tiempo después, Yidis confesó. Quedó en evidencia, entonces, que Navas Talero tenía razón.

Ahora este díscolo Representante que no se queda callado ni siquiera frente a las fallas que comete el Polo, está a la espera de lo que suceda en los dos procesos pendientes por el actual intento de reelección y encima, atiende otra demanda que interpuso en la Suprema contra el procurador Alejandro Ordóñez. Navas no sabe qué evolución ha tenido este caso pero El Espectador lo averiguó. En esta entrevista, el Representante habla sobre su incansable batalla jurídica contra los presuntos imbatibles de la política colombiana. 

Cecilia Orozco Tascón.-  Usted denunció por prevaricato a 85 representantes que votaron a favor del referendo reeleccionista el año pasado ¿Ha avanzado ese proceso en la Corte?

 Representante Germán Navas Talero.- La Corte pidió certificación sobre la calidad de aforados de los denunciados; sé que ha pedido copia de las actas  de la sesión en que se aprobó el proyecto de referendo y copia de unos casetes pero no me he enterado de  nada más porque no tengo autorización para acceder al proceso.

C.O.T.- ¿No fue un poco excesiva la denuncia contra casi todos sus colegas?

G.N.T.-Quiero precisar que formulé esta denuncia en cumplimiento de mi deber. Como yo estaba absolutamente convencido - y sigo estándolo - de que la Cámara no tenía vocación para legislar en ese momento, debido a que la Registraduría no había concluido el proceso de revisión que le compete  - y esta entidad es la que habilita a la Cámara para entrar a legislar -, mi denuncia era pertinente. Es más: se lo había advertido al presidente de la Cámara diciéndole que no citara esa sesión por cuanto no éramos competentes. Sin embargo, las mayorías decidieron imponerse. Hice una disertación, les expliqué el error que iban a cometer. Así que actuaron a ciencia y conciencia para cumplir el mandato del Presidente de la República y sus ministros, que los empujaban el día de la votación como si fueran carneritos, para que votaran como ellos querían.

C.O.T.- ¿Quiénes ‘empujaban’ a los Representantes? ¿Valencia Cossio?

G.N.T.-  ¡Pues claro! También vimos al ministro de Seguridad Social quien seguramente solo estaba esperando que alguien se enfermara. Y cuando apareció la directora del ICBF,  busqué en el recinto para ver si había algún menor de edad,  pero no encontré a ninguno. Además estaba una funcionaria cuyo nombre ha figurado en los otros procesos (por la yidispolítica). Se llama Claudia Salgado…

C.O.T.- ¿Se refiere a una asistente del Secretario General de la Presidencia,  Bernardo Moreno?

G.N.T.-  Exacto. Ella tiene su esquema de trabajo armado: llega, identifica a los parlamentarios con un papelito en el que tiene el nombre de todos, y va chequeando que el rebaño no se salga de redil. Dejé una constancia para protestar por esa interferencia que, en mi opinión, configura  constreñimiento.

C.O.T.- ¿Por qué?

G.N.T.-  Porque si yo me le acerco a usted antes de que vote y le hablo en mi calidad de enviado de la Casa de Nariño, el mensaje que le estoy mandando es que se porte bien y que si no lo hace, “las tiene”. Eso  fue lo que le pasó, por ejemplo,  al representante (Carlos Fernando) Motoa, quien se atrevió anunciar una proposición que no le gustó a Valencia Cossio. Éste se le acercó y lo regañó delante de los presentes, como quien regaña a un niño.

C.O.T.-  ¿Sus argumentos jurídicos no se confunden  con sus sentimientos políticos?

G.N.T.-  Mire: en primer lugar, estoy seguro de que no falte en ningún momento a la verdad. En segundo lugar, mi posición jurídica se sustenta en que no se había terminado el procedimiento previo de revisión de la Registraduría y del Consejo Electoral. Por tanto, la Cámara no tenía aún vocación legislativa. Eso, a su vez,  indica que no podíamos gozar de inmunidad porque lo que no es legal no puede producir inmunidad. En esa sesión, los parlamentarios estaban obrando  por fuera del procedimiento. Otros sostienen que bastaba con que el Registrador avalara el número de las firmas. Sin embargo, cuando él estuvo en la Comisión Primera, fue claro en que el proceso de certificación no estaba completo.

C.O.T.- El Registrador le pasó la pelota al Consejo Electoral y éste se ha demorado en dar su dictamen ¿Cree que lo hace a propósito?

G.N.T.-  Perdóneme la expresión pero veo al Consejo Electoral algo atortolado porque no llega a ninguna conclusión.  No se le está pidiendo que sancione, pero sí podría haber advertido terminantemente que el proceso de certificación no ha concluido.