Las elecciones de este domingo en Bolivia no son sólo para dar otro mandato al presidente Evo Morales sino para definir cómo será el nuevo Estado. El primer mandatario indígena del país andino no se juega su continuidad en el cargo, sobradamente garantizada, según todas las encuestas. Lo que se juega es la composición de la primera Asamblea Plurinacional, el máximo órgano legislativo nacido de la polémica Constitución de corte indigenista aprobada en enero de este año.
El partido del gobierno, el Movimiento al Socialismo (Mas), que ya en su primera etapa tuvo el control sobre la Cámara baja, lucha por lograr la mayoría de los dos tercios que necesita en el Senado para sacar adelante todas las leyes que le permitan forjar un país a su medida.
Las principales instituciones democráticas bolivianas son hoy inexistentes o están incompletas. No hay un Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, la Fiscalía General y el banco central están en manos de interinos. La Corte electoral está diezmada y sobrevive bajo el fuego cruzado del gobierno y la oposición. Todo este vacío de poder institucional es el que el gobierno espera ocupar tras las elecciones.
Aunque hay similitudes entre el estilo de Morales y el de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, lo cierto es que la carrera del ex dirigente sindical cocalero se asemeja más a la de su par ecuatoriano, Rafael Correa. Aprovechó el descontento popular por los partidos tradicionales para ganar las elecciones de 2005, afianzó su poder con un referéndum sobre su gestión en 2008, hizo una nueva Constitución que le garantiza la reelección y mañana le pone la vela al pastel con el mando del poder legislativo.
Morales, de 50 años, no tiene rival en este momento. La oposición boliviana es un crisol de entrañables mercenarios de la política que intentan revivir sus carreras y líderes regionales que buscan una proyección nacional. A pesar de la poca competencia, se han multiplicado las denuncias de la oposición contra el gobierno por un uso excesivo de los recursos públicos para su campaña y una tenaz persecución política. La popularidad de Morales, al margen de su populismo, es un hecho. En La Paz, bastión del presidente, tanto simpatizantes como críticos aprueban las políticas de inclusión social de los indígenas, que suponen el 62% de la población.