11 de Septiembre: EE.UU. y la Carta Democrática Interamericana

El 11 de septiembre de 2001 es recordado como el día en que Estados Unidos recibió un llamado urgente para liderar la lucha contra el terrorismo.

Es también el día en que Estados Unidos junto a otros 33 países de América firmaron la Carta Democrática Interamericana (CDI) y sellaron su compromiso con la protección y la promoción colectivas de la democracia. A lo largo de estos diez años de costosas guerras en Afganistán e Irak, Estados Unidos ha incumplido su compromiso de liderar la implementación de la CDI y se ha mantenido al margen mientras la democracia ha venido siendo erosionada en el continente. Es momento de que se ponga en acción, pero en una acción pacífica.

Apenas minutos después de que las ciudades de Nueva York y Washington fueran atacadas, el entonces Secretario de Estado, Colin Powell, pronunció este conmovedor discurso en Lima, Perú, frente a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA):

“Una tragedia tremendamente terrible ha sucedido a mi nación, pero también a todas las naciones de esta región, a todas las naciones del mundo y a todos los que creen en la democracia. (Los terroristas) pueden destruir edificios y matar personas —y nosotros nos entristeceremos por estas tragedias—, pero jamás podrán matar el espíritu democrático; no podrán destruir nuestra sociedad, ni nuestra creencia en el sistema democrático. [...] Es importante que yo me quede aquí por algún tiempo más para ser parte del consenso en favor de esta flamante Carta Democrática Interamericana. Ésa es la cosa más importante que puedo hacer antes de retornar a Washington D.C. [...] Espero que podamos adelantar en el orden del día la adopción de la Carta, porque realmente quiero estar presente para expresar el compromiso de Estados Unidos con la democracia en el hemisferio”.

Las palabras de Powell sobre la importancia de la CDI y el compromiso estadounidense con la democracia tras los desastrosos ataques terroristas no fueron una exageración. Las organizaciones terroristas son albergadas y promovidas exclusivamente por Estados no democráticos que, paralelamente, niegan los derechos humanos más básicos a sus ciudadanos. Como en los casos del Tercer Reich en Alemania o el régimen Talibán en Afganistán, no es ninguna coincidencia que Estados Unidos nunca le haya tenido que declarar la guerra a una nación democrática. En un mundo en el que los territorios y las poblaciones son gobernados por Estados, la lucha por la paz es, por sobre todas las cosas, la lucha por un mundo democrático, por una comunidad de naciones democráticas. 

Es aquí donde la CDI adquiere una relevancia monumental. Es el documento más ambicioso en favor de la democracia que se haya aprobado hasta hoy a nivel internacional. Es la base de un emergente derecho internacional de la democracia y representa un paso gigantesco hacia su consolidación y la de los derechos humanos alrededor del mundo.

Desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la OEA siempre estuvo por delante de su homólogo mundial en el afán de promulgar normas jurídicas internacionales que proclamen los derechos individuales como la única base legítima de gobierno. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en Bogotá meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se convirtió  así en el primer documento internacional sobre derechos humanos en el mundo.

Estados Unidos ha sido sin ninguna duda la fuerza principal detrás de cada esfuerzo regional y universal por promover la democracia y los derechos humanos. Tanto es así que ambas organizaciones —la OEA y la ONU— tienen su sede en territorio estadounidense.

Durante la Guerra Fría, sin embargo, tanto el gobierno de Estados Unidos como la OEA le dieron la espalda a estos principios, al no condenar a ciertos dictadores de la derecha militar que se habían propuesto la tarea de liberar a sus países de caudillos y guerrillas inspirados y financiados por el dictador comunista Fidel Castro o por la propia Unión Soviética.

Estados Unidos y la OEA se quedaron callados mientras los derechos humanos eran atropellados por dictadores
como Augusto Pinochet en Chile, Jorge Rafael Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay, y las dictaduras militares de Bolivia, Brasil y Uruguay que llevaron a cabo el Plan Cóndor: un sanguinario plan de inteligencia multinacional destinado a aplastar a las guerrillas marxistas.

Sin embargo, también durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la OEA, junto a líderes extraordinarios como el presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, tuvieron el acierto de condenar a varios gobiernos antidemocráticos.  Entre 1948 y 1990, la OEA aprobó resoluciones condenando a Rafael Trujillo en 1960, a Fidel Castro en 1962, a Anastasio Somoza en 1979 y a Manuel Noriega en 1989.

Durante este período, los golpes de estado estaban considerados como la principal amenaza a la democracia. Por este motivo, el Artículo 9 de la Carta de la OEA fue modificado en 1997 para incluir una cláusula democrática: una disposición jurídica que castiga con la suspensión de la OEA a todos aquellos gobiernos que se llegaran al poder derrocando a un líder elegido democráticamente.

En seguida, la caída general de las dictaduras —excepto la de Cuba— dio lugar a una nueva, pero más sutil amenaza: la aparición de líderes electos que erosionaban la democracia desde adentro. Una vez electo presidente del Perú en 1990, Alberto Fujimori cerró el Congreso dominado por la oposición, eliminó la independencia del poder judicial, persiguió a sus opositores políticos y censuró a los medios de comunicación independientes. Tímidamente, la OEA condenó las acciones de Fujimori recién en 1999 y envió una misión de control diplomática a ese país.

Las acciones de Fujimori, junto a la débil respuesta de la OEA ante la erosión democrática, fueron las razones que motivaron al nuevo gobierno de Perú, bajo Valentín Paniagua, a promover y redactar el primer borrador de la CDI, y el motivo por el que Colin Powell estaba en Lima el 11 de Septiembre de 2001.

La CDI (Artículos 3, 4 y 17 al 21) otorgaron al Secretario General de la OEA y a cualquier Estado miembro, el poder de convocar al Consejo Permanente y a la Asamblea General de la OEA para analizar crisis democráticas, establecer misiones diplomáticas de monitoreo para evitar rupturas democráticas, además del poder para suspender a los gobiernos anti-democráticos que pudieran surgir.

La CDI puede ser aplicada de dos maneras: preventiva y correctiva. En sus primeras fases, la erosión democrática debe conducir a la aplicación “preventiva” de la cláusula, con el fin de presionar al gobierno para detener y revertir sus acciones antidemocráticas. Si la erosión continúa, debe considerarse que se ha producido una ruptura o alteración que afecta gravemente el orden democrático y la cláusula debe aplicarse de manera “correctiva”.

De acuerdo con esta nueva cláusula democrática, no sólo los que toman el poder mediante golpes de Estado deben ser suspendidos de la OEA, sino que aquellos gobernantes democráticamente elegidos que optan por erosionar la democracia desde adentro deben seguir la misma suerte.

Bajo estos estándares, está bien haber suspendido a la Honduras de Roberto Micheletti de toda participación en la OEA, pero también debería aplicarse la cláusula democrática a la Venezuela de Hugo Chávez, a la Bolivia de Evo Morales, al Ecuador de Rafael Correa, a la Nicaragua de Daniel Ortega, e incluso —y más recientemente— a la Panamá de Ricardo Martinelli, o a la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner.

Lamentablemente, el Secretario General de la OEA, junto a los países democráticos que se reúnen periódicamente bajo su bandera en Washington D.C. —incluido el propio Estados Unidos—, no están cumpliendo con su objetivo de promover conjuntamente la democracia. En consecuencia, los habitantes de aquellos países regidos por gobiernos cada vez más autoritarios no pueden confiar en la OEA para defender sus intereses.

En la Venezuela de hoy, ciudadanos respetuosos de la ley pueden ser encarcelados por “insultar” al presidente Chávez. Su voz es la única voz real y libre en el país, y las elecciones apenas pueden ser llamadas libres y justas. En el caso venezolano, la OEA debería actuar inmediatamente de manera correctiva y suspender a su gobierno de toda participación en la organización.

En los casos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, la aplicación preventiva de la cláusula democrática ya debería haber ocurrido en numerosas oportunidades, mientras Correa y Morales violaban las normas de sus países para reescribir constituciones, ampliar sus mandatos y apoderarse completamente de sus parlamentos y poderes judiciales.

Un tribunal ecuatoriano acaba de conceder al presidente Correa US$40 millones por haber sido insultado en el editorial de un periódico que lo llamó “dictador”. La persona que escribió el artículo y los cuatro accionistas principales del periódico que lo publicó fueron condenados a tres años de prisión. De manera similar, periodistas críticos y periódicos son objeto de represalias en la Panamá de Martinelli y en la Argentina de Kirchner.

Hoy en día, cualquier Estado miembro de la OEA podría llevar cada uno de los casos mencionados arriba al Consejo Permanente de la organización. El voto de 23 de los 34 países miembros —dos tercios— es todo lo que se necesita para aprobar resoluciones que condenen las acciones antidemocráticas de un gobierno o, incluso, decidir sobre la suspensión de aquellos  que muestren desprecio por los principios de la CDI.

La negligencia de la OEA bajo el liderazgo del Secretario General José Miguel Insulza es algo que se podría revertir con rapidez, si el gobierno de Estados Unidos encabezara un esfuerzo diplomático serio, dirigido a aplicar los principios y normas de la CDI.

Resulta difícil creer que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos que fue capaz de convencer a 38 países de todo el mundo —incluyendo a cuatro naciones de Centro América— de irse a la guerra contra Irak, no sea capaz de reunir las firmas de 22 diplomáticos que viven cómodamente en Washington para aprobar resoluciones que hagan un llamado a los líderes regionales a ajustar sus actos a la CDI, y, por ejemplo, exigir que se respete la libertad de expresión y la independencia de la rama judicial en todo el hemisferio.

Como si la OEA estuviera marchando bien, el año pasado Estados Unidos ni siquiera propuso a un candidato alternativo al negligente Insulza, de manera que fue reelecto sin inconvenientes.

El 11 de septiembre, Estados Unidos fue llamado a liderar con determinación, pero este llamado iba mucho más allá de acabar con las organizaciones terroristas en el Medio Oriente y juzgar a sus miembros. Los terroristas no germinan en las sociedades abiertas, transparentes y democráticas, sino que proliferan en la oscuridad de las sociedades cerradas, asfixiadas y antidemocráticas.

A diez años del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos y las naciones democráticas del continente americano deberían comenzar a promover con convicción la democracia y la libertad, alrededor del mundo, de una manera pacífica, a través del comercio y de canales diplomáticos multilaterales, mucho antes de que gobiernos autoritarios les cierren las ventanas y les corten las válvulas de oxígeno a sus propios ciudadanos. El continente necesita con urgencia este tipo de liderazgo.

* Javier El-Hage es el director jurídico de Human Rights Foundation (HRF), organización con sede en Nueva York que promueve y protege los derechos humanos en el mundo. 

*Traducido por Matilde Mader Blanco y Pedro Pizano

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