En EE.UU. entró en vigencia el programa Comunidades Seguras

El presidente de EE.UU., Barack Obama, se reunió con miembros de la Policía en Washington. / AFP

A pesar de que el verano se acerca a los Estados Unidos, un corrientazo bien frío se esparce por toda la comunidad inmigrante de Nueva York, Massachusetts, Wyoming y Arkansas, luego de que entrara en rigor el controvertido programa Comunidades Seguras, impulsado por la administración de Barack Obama, que para muchos defensores de derechos humanos es el estandarte de la peor cacería de brujas que la población inmigrante haya vivido en la historia de ese país.

Desde este martes, cuando una persona sea detenida y condenada en esos estados por violar la ley, sea por una infracción de tránsito u otro delito menor, la policía local tiene la obligación de corroborar el estado migratorio del detenido con la base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si la prueba biométrica demuestra que la persona no tiene estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es incluida de inmediato en la lista de personas deportables hasta que el ICE decida si permanece detenida para su deportación o no. Lo mismo sucede con quienes tengan algún tipo de antecedente penal.

“Mientras el Gobierno asegura que el programa sólo tiene como objetivo deportar ilegales con antecedentes criminales, en el último año seis de cada diez deportados no tenían ningún tipo de antecedentes”, explica Damaris Ruiz, líder cívica de la comunidad inmigrante en Nueva York, y añade: “Bajo este programa han sido miles de familias trabajadoras las que han sido separadas definitivamente”.

A pesar de que el programa Comunidades Seguras fue creado por la administración de George W. Bush, como parte del paquete de medidas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, su gran empuje empezó con la administración actual, explica Joel Magallan, director de la organización pro inmigrante Tepeyac. “En los tres años de gobierno de Obama se han roto todos los récords de deportaciones en los Estados Unidos. Tan sólo en 2011 fueron deportadas 397 mil personas, cifra mayor a la de todas las expulsadas durante la administración pasada”, y agrega que “según las proyecciones a nivel nacional, con la puesta en marcha de Comunidades Seguras la cifra sobrepasará por mucho el medio millón de deportados al año”. Para Rubén Quintero, de origen colombiano y quien se encuentra en el país de forma ilegal, manejar su vehículo sin papeles de extranjería se ha convertido en una misión diaria de vida o muerte. “Hago todo tipo de trasteos con mi furgón. Sin embargo, con la entrada en marcha de este programa, que me pare la policía significaría mi deportación, un adiós definitivo a mis dos hijos, quienes nacieron aquí. Lo peor de todo es saber que hoy puedo salir de la casa para nunca regresar”, explica.

A pesar de que el Gobierno asegura que la mayoría de expulsados durante el último año eran criminales, registros revelados recientemente indican que sólo el 26% de ellos tenía antecedentes penales. Por tal razón, concejales de la ciudad de Nueva York, activistas e inmigrantes protestaron este lunes frente a la alcaldía de la ciudad demandando al gobierno federal la suspensión de este programa hasta que se prometa que ningún inmigrante sin antecedentes sea deportado.

“Mientras que Obama condena la Ley SB 1070 de Arizona, por el otro lado está convirtiendo a los policías locales en agentes migratorios a través de este programa. Esta es otra de las grandes contradicciones de esta administración con la comunidad inmigrante” añade Ruiz.

Hasta agosto del año pasado, el departamento de migración establecía acuerdos con los estados para poner en funcionamiento este programa de forma voluntaria. Sin embargo, a principios de este año, en carta del ICE a los gobernadores se les dejó claro que ya no era necesario el acuerdo para ejecutarlo y que a partir de 2013, por voluntad de la administración Obama, Comunidades Seguras será de carácter obligatorio en los 50 estados de la unión.