Una cacería de impuestos en Estados Unidos

Edward Parsons exhibe una de las cartas de advertencia que llegaron a uno de sus clientes. / David Campuzano

Ha pasado casi un año desde que al casillero de Antonia*, en su residencia en Bogotá, llegó una carta cuyo remitente era el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS). Al abrir el sobre, una advertencia perturbadora: el comunicado decía que Antonia podía estar incurriendo en conductas criminales, que sabían que a su nombre existía una cuenta de ahorros en un banco de Panamá y preguntaba las razones por las que nunca había sido reportada. Raro.

Las cuentas eran claras y correctas para ella: los US$50.000 que tenía en Panamá eran el resultado de 10 años de ahorros desde que sus padres abrieron la cuenta a su nombre y de su trabajo como funcionaria del área de finanzas de una multinacional. Eso no importaba para el IRS, que se remitía a la ausencia de reportes y a las cifras por multas: el 50% de la cuenta podría ser embargado. Raro, debe ser un error.

Dos meses después, una nueva carta llegó a la casa de Antonia, una vez más hablando de la ausencia de reportes, de conductas criminales en un tono más intimidante. ¿Criminal yo? Un mes y medio después, de nuevo el IRS al buzón: debido a la falta de acción de Antonia y al no reportar a pesar de las advertencias, su cuenta había sino embargada, no el 50% sino el 100%, acusando multas por negligencia. Ese mismo día, su banco en Panamá la llamó a Bogotá para informarle que todos sus fondos habían sido retirados, orden judicial en mano. Ese día, Antonia lloró. Había nacido en Estados Unidos, en Florida, pero regresó al país a los tres años de edad. Para viajar no necesita visa porque su pasaporte es estadounidense, y ha ido al país un par de veces, pero de esa temprana infancia vivida en Estados Unidos no guarda ningún recuerdo, dice mientras relata su historia.

A un hombre de México le llegó una carta del IRS reclamando US$35 millones y un afiche del Tío Sam apuntando con su dedo y un mensaje que decía que deseaba todo su dinero. En cambio, a Daniel*, de Brasil aunque nacido en Pittsburgh, nunca lo amenazaron. Sólo se enteró por internet de que cualquier ciudadano estadounidense que no declarara renta, ni reportara activos por fuera del país siendo éstos mayores de US$10.000, podría terminar en la cárcel y con su patrimonio embargado. Se enteró por accidente, cuando una compañía a la que pretendía vender aplicaciones para dispositivos móviles le pidió información de su declaración de impuestos.

La ley de impuestos de Estados Unidos es bastante estricta. Incumplir con las obligaciones tributarias es considerado una conducta criminal y se castiga con cárcel. La ley es la ley, explicarán los americanos y “el IRS tiene la función de hacer cumplir la ley de impuestos independientemente de quién sea el presidente”, argumenta Manny Muriel, agregado de la división criminal del IRS para Suramérica, quien recibió a El Espectador en la embajada de Washington en Bogotá.

Muriel es una suerte de cazador de evasores en esta región del planeta. Investiga posibles delitos fiscales, como lavado de activos, y sigue pistas financieras que puedan ofrecer aportes a la lucha contra el terrorismo. Reúne material de investigación y lo entrega a un fiscal, es entonces cuando se formulan cargos contra los acusados. Ya lo dijo anteriormente, su labor es hacer cumplir las normas, pero algunas de ellas han cambiado recientemente y además del lavado de activos, Muriel reconoce que en el último tiempo la evasión de impuestos en el exterior se ha convertido en una prioridad.

Decir último tiempo podría resumirse en el inicio de la administración del presidente Barack Obama y ésta, a su vez, podría resumirse en el punto más crudo de la crisis económica mundial. El año en el que Obama llegó a la Casa Blanca (2008), el déficit fiscal de Estados Unidos alcanzó una cifra tristemente histórica: US$454.810 millones, y era perentorio hacer algo al respecto.

El tema de impuestos no sólo ha estado en la agenda de la campaña del presidente, que aspira a una reelección el próximo 6 de noviembre, desde donde exige a su rival Mitt Romney hacer públicas sus declaraciones de impuestos, sino desde los meses en los que se diseñó el plan de ajustes y control de gastos para domar esa bestia negra en la que se había convertido el déficit y que había crecido colosalmente.

“Ellos se dieron cuenta de que tenían un hueco muy grande en sus cuentas, buscaron la forma de cubrirlo y se les dio con los ciudadanos americanos que viven por fuera”, afirma Edward Parsons, presidente de TaxPlannerCPA.com, una compañía dedicada a ofrecer servicios tributarios para Estados Unidos. Como la gran mayoría de sus clientes, Parsons tiene doble nacionalidad.

En su oficina, en Bogotá, Parsons, contador público de profesión, habla del incremento de los casos de ciudadanos dobles que tienen problemas con sus declaración de impuestos o con el deber de reportar sus activos ante el IRS, a través del FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts —Reporte de cuentas bancarias y financieras en el exterior—). Ambas son obligatorias para todo ciudadano, pero ambas obligaciones son casi desconocidas para quienes han vivido toda su vida por fuera de EE.UU.

Sentado en sus escritorio, Edward Parsons exhibe el literal D de su pasaporte americano, que traducido al español dice: “Todos los ciudadanos estadounidenses que trabajan y residen en el extranjero están obligados a presentar e informar sobre su renta mundial. Consulte la Publicación 54, ‘Guía de Impuestos para los ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero’”, y el literal remite al sitio web del IRS (www.irs.gov). El presidente de Tax Panner CPA explica que uno de los pilares del Código Tributario es que la persona es quien tiene que hacer el reporte por iniciativa propia. “Se basa en la honestidad y por eso las penalidades son tan altas. Las multas son ridículas, una persona que cree que no debe impuestos, podría deber US$50.000 en multas por no haber hecho la declaración, o no haber reportado”.

Es probable que un ciudadano estadounidense en el exterior no tenga que pagar impuestos al Tesoro Nacional por sus ingresos ni por sus activos, pero incumplir con las obligaciones puede generarle multas astronómicas apoyadas en la aparente intención criminal de quien no reporta. “En estos casos —asegura Edward Parsons— la actitud del IRS es contraria a la del sistema penal. El acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En todo caso, existen herramientas para proteger a los contribuyentes ante esto, que luce como una campaña del miedo”. Antonia desconocía la ley, para el IRS era culpable.

Tras la crisis de 2008 y un enorme escándalo protagonizado por el banco suizo UBS, señalado de ayudar a ciudadanos americanos a evadir impuestos, el gobierno de Barack Obama impulsó una nueva ley. Fue bautizada como Fatca (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) y obliga a los bancos, sin importar su nacionalidad, que tengan relaciones financieras con Estados Unidos, a firmar un acuerdo para reportar la información de sus clientes estadounidenses. En caso de que el banco no se suscriba a la ley, retiene el 30% de cualquier operación —por concepto de impuestos—.

Más allá de que grandes firmas bancarias de diversas regiones del mundo estén ahora teniendo reservas para atender clientes estadounidenses por los gastos que genera cumplir con Fatca, la ley parece ser una de las principales armas para identificar a los ciudadanos que no reportan. El Comité Fiscal Conjunto del Congreso de Estados Unidos estimó en su momento que con Fatca podrían llegar a recaudarse US$70.000 millones, una cifra nada despreciable para el voraz déficit fiscal.

A favor de los presuntos infractores están los antecedentes. El cumplimiento de los deberes tributarios en el país de residencia es ya una prueba de que no existe intención criminal. Manny Muriel, en representación del IRS, asegura que “nosotros no vamos a investigar a alguien que cometió un error o que actuó por ignorancia. Tienen que haber pruebas de que fue un acto criminal”, pero Parsons a su vez asevera que los errores abundan, que “de las casi 600 declaraciones que hicimos el año pasado, menos de 100 tuvieron que pagar impuestos”.

Ocho meses después de que a Antonia le embargaran su cuenta en Panamá y de que enviara los documentos para demostrar su inocencia, el dinero que nunca dejó de ser suyo fue puesto de vuelta en la cuenta. Fueron US$47.000, los otros US$3.000 le fueron descontados por no haber reportado sus activos a tiempo. Estaba feliz, después de la tempestad, esa cifra sólo parecía una anécdota.

*Nombres cambiados por petición de la fuente.