¿Borrón y Santos nuevo?

El embargo comercial contra Colombia, implícito en el cierre unilateral de la frontera con Venezuela, ha tenido serios efectos en la economía de ambos países, pero ninguno de los resultados políticos de largo alcance perseguidos por Chávez.

No, al menos, en la política doméstica colombiana, y ostensiblemente mucho menos en los resultados electorales del vecino país: pese a las bravuconadas del jefe de Estado venezolano, el por él muy aborrecido Juan Manuel Santos es ahora el nuevo presidente de Colombia y su crecidísima votación, al parecer sin precedentes, debería dar mucho que pensar a Miraflores.

Pero, ¡ay!, la propensión del gobierno de Caracas a no pensar más allá de la próxima elección —ya sea venezolana, colombiana, argentina, nicaragüense u hondureña— hace difícil creer que Chávez conciba el “problema Colombia” —un problema de grandes proporciones y múltiples aristas que, bien visto, se ha creado él solito— en términos de cómo convivir los próximos cuatro años con Santos en la acera de enfrente.

Por ello, muchos aquí en Venezuela creen que el embargo se ha de prolongar indefinidamente. Modestamente, este cronista es de otro parecer.

Ciertamente, el embargo ha tenido serios efectos en lo económico y humano, si se consideran no sólo las crecidas cifras del intercambio comercial interrumpido, sino también los actos de violencia que en nuestra común frontera comenzaron con la voladura, hace ya largos meses, de modestos puentes peatonales.

Hubo entonces gran despliegue de unidades de demolición de la Guardia Nacional de mi país —como si de operaciones militares se tratase— , so pretexto de inutilizar rutas del narcotráfico. Esta medida, tan risible y repudiable en su agresiva desproporción, como inconducente en sus pobres resultados electorales, se vio seguida de gravísimos y nunca previstos hechos de sangre, como lo fue el ajusticiamiento colectivo, durante lo más abrasador de aquella crisis, de inocentes nacionales colombianos. Asesinatos estos que las autoridades venezolanas no han explicado todavía satisfactoriamente —antes bien, han mostrado una arrogante desaprensión al respecto— y que las comunidades asentadas a ambos lados de la raya resienten como una violación de los derechos humanos, tolerada por las autoridades y aún sin castigo. No han faltado otras alarmas, como el anuncio, luego desmentido, de una ola de deportaciones.

La querella entre ambos países, apenas mitigada por la designación de sendos embajadores ante Caracas y Bogotá, se prolonga desde marzo-abril de 2008, cuando una acción bélica colombiana dio cuenta de alias Raúl Reyes —y varios efectivos de sus estado mayor— en territorio ecuatoriano.

Las amenazas de ir a una guerra y la vociferación de injurias no han cesado desde entonces y han tenido múltiples escenarios, como las reuniones de la muy delicuescente Unasur, por ejemplo, en la que los acuerdos militares entre Colombia y EE.UU. fueron la causa de improperios y hasta de invectivas personales por parte del llamado “presidente-comandante”. Para muchos aquí, tanta y tan duradera pugnacidad, concretada lacerantemente en el embargo económico, obedecía a dos propósitos.

Uno de ellos, afectar la viabilidad de un “gobierno Santos”, en la descaminadora creencia de poder influir en la intención del voto colombiano con un recurso tan hiriente y vejatorio como es el chantaje económico a toda una nación; chantaje que, al cabo, no surtió efecto electoral. Todo ello, desde luego, en el marco de los designios de dominación continental que, si bien cada día más contrariados por los hechos, no parecen abandonar a Chávez.

La otra finalidad del embargo era, siempre según muchos aquí, forzar el acopio preventivo de alimentos y otros bienes de consumo con la mente puesta, aunque aún nos parezca inconcebible, en un conflicto bélico prolongado con Colombia. Nada hay como la patriotera amenaza, real o imaginaria, de un enemigo externo para sojuzgar mejor a los ciudadanos de un país.

Tal conflicto bélico, tan ilusorio como pueda lucir, justificaría sin embargo en la práctica la declaratoria de un estado de excepción que bien pudiese aplazar indefinidamente las elecciones parlamentarias de septiembre de este año. La premisa aquí —no confirmada por las encuestas, pues Chávez al parecer todavía tiene la mano grande en ellas—, era evitar una contienda y una derrota electorales y “defender la revolución bolivariana” de los protervos designios de la “oposición apátrida” y, cómo no, también del imperialismo yanqui.

Así, centenares de miles de toneladas en comestibles fueron importadas con atroz sobreprecio por una filial de Petróleos de Venezuela, comercializadora de alimentos, por órdenes perentorias del Máximo Líder. Ello favoreció el pago doloso de descomunales comisiones por alimentos ya en descomposición y algo peor: el chapucero intento de ocultar el cuerpo del delito —en ocasiones, decenas de containers a medias sepultados uno junto al otro— sin más resultado que el estallido de un mayúsculo escándalo que ha indignado por igual a chavistas y a opositores. Ese escándalo, se calcula, no dejará de tener efectos electorales.

Característicamente, y de un modo que George Orwell habría juzgado consistente con sus hipótesis sobre el “doble-lenguaje” de las distopías, Chávez ha culpado ¡al capitalismo! y al muy venido a menos sector privado criollo de una catástrofe alimentaria de la que sólo él y los suyos son únicos responsables, desde el momento en que los puertos venezolanos, ahora nacionalizados y bajo administración paritaria de una empresa cubano-venezolana, han sido el escenario de tan nauseabundos hallazgos.

A menos de nueve semanas de las cruciales elecciones parlamentarias, y de nuevo empeñado en desplegar todos los recursos del poder y de la seducción populistas, Chávez no cuenta en este momento con modos de garantizar el suministro cabal y continuo de bienes de consumo, notablemente de alimentos.

Y esto a pesar del frenético ritmo de expropiaciones de unidades de producción todavía en manos privadas y de la nunca desvanecida amenaza de expropiar al Grupo Polar, fabricante mayoritario de harina precocida, gran procesador de arroz y de media docena más de alimentos de la cesta básica —para no hablar de la cerveza más popular del país—, cuya producción representa hoy el 5% del PIB venezolano.

Es obvio que la escasez y el desabastecimiento que cada día se agrava a ojos vistas y afecta sensiblemente las posibilidades del chavismo en las parlamentarias de septiembre se verían aliviados si el comercio con Colombia se reanudase.

El borrón y cuenta nueva que Santos ha ofrecido sin equívocos no deberían ser desaprovechados, pero el anfibológico fraseo de las felicitaciones oficiales venezolanas hace pensar que todavía Chávez no se decide a pasar la hoja y permitir a los venezolanos el consumo de bienes colombianos a los que, durante décadas, han estado acostumbrados.

Las elecciones parlamentarias están a la vuelta de la esquina y el descontento por la inflación y la escasez crece día a día. Colombia, con nuevo presidente, sigue siendo el vecino de al lado. Nada debería impedir una normalización de relaciones. Desde luego, ponerse en los zapatos de alguien tan mercurial como Chávez no es manera de hacer pronósticos.

Sin embargo, es en Colombia donde Chávez puede hallar seguro y permanente suministro de bienes de consumo y alivio a su maltrecha balanza de pagos. A sus pragmáticos ojos, Santos podrá ser la prolongación de Uribe, su némesis. Pero puede también ser el “santo nuevo” con quien acordar la normalización de relaciones… y, por así decirlo, hacer el milagro de llevar otra vez leche Alpina a la mesa de los venezolanos.

 * Escritor y columnista venezolano