La demanda que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso el martes contra la ley que criminaliza a los inmigrantes de Arizona ya produjo reacciones tanto a favor como en contra de la medida. La decisión del gobierno de ir a los tribunales se produce en un momento clave: si la ley pasa indemne por la Corte Federal (donde afronta 4 demandas más de particulares y organizaciones de Derechos Humanos), entraría a regir en 21 días, el 29 de julio.
El argumento central que expone la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia rescata que el derecho federal está por encima de las disposiciones legales de cualquier estado, que la libertad no se puede someter al filtro de la condición racial ni al modo de hablar de cualquier persona. Una clara oposición a la Ley SB1070, que permitiría a los policías del estado de Arizona detener a cualquier persona sobre la que quepa la sospecha de ser ilegal.
La decisión del gobierno de Barack Obama recibió de inmediato el apoyo de México, que por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que “cuando una medida como la SB1070 afecta potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos, México tiene la obligación de proteger los derechos y la dignidad de sus nacionales”. Los cálculos indican que en Arizona habitan 460.000 inmigrantes ilegales, mexicanos en su mayoría.
La otra cara de la moneda corresponde a Jan Brewer, gobernadora del estado. “Arizona está bajo el ataque de violentos carteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de los Estados Unidos y de su Departamento de Justicia”. El comunicado fue replicado el miércoles por la prensa, apoyado también en razones pragmáticas: “La demanda presentada el día es una pérdida de recursos. Esos fondos deberían ser utilizados en contra de los violentos carteles mexicanos y no en contra de la gente de Arizona”.
A la protesta de la gobernadora se unió el ex candidato presidencial republicano John McCain, derrotado por Barack Obama en las pasadas elecciones: “Mientras el gobierno federal no haga su trabajo no debería demandar a Arizona”.
La determinación del presidente para asumir el pleito en los tribunales, sin embargo, parece ir en contra de la opinión de los ciudadanos. Un sondeo de la consultora McClatchy-Ipsos reveló que el 61% de los estadounidenses están de acuerdo con la Ley SB1070 y que cerca del 46% de los demócratas (el partido de Obama) la apoyan también.
¿Qué motiva entonces al gobierno a demandar la norma? Adam Isacson, director del Centro de Política Internacional, con sede en Washington, cree que los motivos son filosóficos y no electorales de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Hay un deseo de enseñar a México y otros países de América Latina que las acciones de un estado no representan para nada la política del gobierno en Washington”.