La primera negación fue el silencio. La gran parte de casos de pederastia que han puesto en aprietos a la Santa Sede en lo que va corrido de 2010, permanecieron por décadas guardados en la intimidad de la Iglesia, con castigos menores para los victimarios y con la complicidad de varios obispos europeos, hoy destituidos de sus cargos. La bola de nieve siguió creciendo. De casos puntuales en Estados Unidos e Irlanda, el escándalo fue ampliando sus dimensiones a medida que aparecían nuevas víctimas, que una vez convertidos en adultos, denunciaban los abusos a los que fueron sometidos cuando eran niños. Así, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda e Italia entraron también en el grupo de países afectados.
Las críticas se agudizaron luego de las declaraciones en Chile del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, porque ante los cuestionamientos al celibato de los sacerdotes optó por responder que los casos de pedofilia dentro de la Iglesia se debían al homosexualismo. Fue el propio Benedicto XVI quien asumió la responsabilidad del caso en abril, una semana después de las palabras de Bertone. En la plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice pidió perdón, prometió hacer frente a las denuncias y anunció acciones de la Iglesia. Tolerancia cero.
El anuncio de este jueves, por parte del promotor de Justicia del Vaticano, Charles Scicluna, parece ser el primer paso. El documento “De Delicta Graviora”, que desde 2001 comprende los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, fue modificado en varios de sus apartados, según el sacerdote, en aras del rigor de las investigaciones.
Ahora, el tiempo para denunciar un caso de abuso sexual por parte de un sacerdote a un menor antes de que prescriba se amplía de 10 a 20 años después de que la víctima cumpla 18 y se equiparan los abusos contra discapacitados psíquicos adultos con los cometidos contra menores. Asimismo, se tipifica un nuevo delito que castigará adquisición, posesión y difusión por parte de cualquier miembro del clero de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.
Scicluna fue enfático al afirmar que además “hay que obedecer las leyes civiles sin esperar el éxito del proceso canónico”, lo que significa que en ningún caso las investigaciones confidenciales emprendidas por la Iglesia podrán interferir en la acción de las autoridades de los estados.
Las nuevas disposiciones contemplan la presencia de laicos en los tribunales eclesiásticos y la agilización de casos catalogados como graves, incluida la notificación directa al Papa de estos últimos. La ordenación sacerdotal de mujeres es otro de los delitos para los que el código resulta más recio, en especial por esta época, cuando según la Santa Sede, en diversos países del mundo grupos de mujeres católicas presionan para poder ser ordenadas.
Las modificaciones a la “De Delicta Graviora”, que es puesta en práctica por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, ya fueron enviadas a los obispos de todos los continentes.