Desde Ginebra, Suiza, los 18 expertos que conforman el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU llamaron la atención al gobierno francés por las políticas que, consideran, exacerban la discriminación y la xenofobia entre la población.
El reciente anuncio de Francia de lanzar un plan nacional de lucha contra el racismo, de acuerdo con el comité, parece ir en contravía de las últimas apuestas del presidente Nicolás Sarkozy para desmantelar los cerca de 300 asentamientos “nómadas” (gitanos, manuches, vendedores de feria y trabajadores de circo) que actualmente pueblan zonas céntricas del país.
Con la idea de proteger el derecho a la seguridad, el gobierno lanzó una ofensiva para enviar a sus naciones de origen a los “nómadas”, provenientes de República Checa, Bulgaria y en mayor medida de Rumania y Hungría. De hecho, el jueves, mientras el CEDR hacía pública su inconformidad con la política francesa, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunciaba en París que en los últimos 15 días las autoridades habían logrado levantar 40 de estos campamentos ilegales, medida que dejó una cifra de 700 inmigrantes que serán expulsados hacia sus países “de aquí a finales de mes”.
No obstante, el problema no es tan sencillo. El número de nómadas calculado por el gobierno francés ronda los 400.000, quienes en el 90% cuentan con nacionalidad francesa. En este sentido el CEDR expresó su preocupación. En las últimas semanas, la propuesta de que los inmigrantes pierdan la nacionalidad francesa en caso de cometer delitos ha sido contemplada en los discursos del presidente. El comité considera que no existe “verdadera voluntad política” para luchar contra la segregación.
Esta no ha sido, sin embargo, la única posición de Nicolás Sarkozy, sus funcionarios y copartidarios de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), que ha promovido la polémica por un aparente ánimo discriminatorio. El mes pasado, la Asamblea Nacional Francesa aprobó en un primer debate un proyecto de ley que prohíbe el uso del burka o nicab (velos de tradición musulmana con el que las mujeres cubren su rostro) en cualquier espacio público e interpone una multa de 150 euros a quien incumpla la medida.
A finales del año pasado, Sarkozy emprendió el “Gran debate sobre identidad nacional”, que durante tres meses recopiló las reflexiones de los ciudadanos de todo el país sobre lo que significa ser francés. Se trató de una iniciativa que buscaba cultivar el orgullo de haber nacido en Francia en un tiempo en el que diferentes culturas se asientan en su territorio.