Por un lado, el Decreto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, aprobado por el presidente venezolano hace una semana, ha creado un alboroto doméstico por cuenta del poder que alcanzaría el Ejecutivo para “expropiar todo tipo de bienes”, como lo señaló en su artículo de tapa el viernes el periódico El Universal de Caracas.
El decreto habría de “sustituir del sistema de libre mercado por el sistema de planificación centralista, que primó en la ex Unión Soviética y está vigente en Cuba”, le dijo a ese diario el constitucionalista venezolano Hermann Escarrá.
Por otro lado, la polémica inhabilitación de candidatos de la oposición ha llevado al Mercosur a solicitar un informe al respecto. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este ente, Adriana Peña, de paso por Caracas, afirmó ayer que el informe “no va a ser positivo”. Peña, también diputada de Uruguay, se quejó por la falta de cooperación del Tribunal Supremo, la Contraloría y el Gobierno para la elaboración de su reporte.