Treinta y cinco años después del golpe militar que demolió a sangre y fuego la única experiencia, hasta entonces exitosa, de intentar construir el socialismo por la vía democrática representativa, reina en Chile el capitalismo global, la izquierda en el gobierno administra el sistema económico neoliberal, y el país sigue fracturado. La izquierda radical todavía está hecha “pebre”, como se diría aquí, o puré, en un español más internacional, no superando el 3 ó 4 por ciento en las elecciones.

El autor del golpe, el general Augusto Pinochet, murió millonario, de muerte natural y en impunidad en 2006. La plana mayor de su policía secreta, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), disfruta de prisiones VIP construidas ex profeso para ellos.

Los violadores de derechos humanos de menor rango, pero no menos feroces, siguen libres. El cobre, que había sido nacionalizado, volvió parcialmente a las transnacionales, unos cuantos grupos económicos acumulan millones de utilidades tras la privatización de la banca, la industria y la contrarreforma agraria.

Poco se sabe aún del destino de los 1.183 detenidos desaparecidos y 3.195 ejecutados políticos que logró calificar el “Informe Rettig”, a principio de los 90, durante el primer Gobierno de transición democrática. Un total de 28.459 personas sobrevivientes, que constan en un posterior informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, “Informe Valech”, reciben una pensión mensual (como reparación) equivalente a unos 250 dólares mensuales. Otro tanto no recibe nada,  porque el pudor, los traumas, o la desinformación les impidió acercarse a la Comisión Valech a narrar su caso y revivir su historia.

Viudas, hijos y nietos de las miles de víctimas, y que también sufrieron los efectos sicológicos y económicos de la prisión, la tortura, la muerte o el exilio, no tienen derecho a reparación (salvo excepciones, como alguna posibilidad de concursar a becas).

El violento final de los mil días de Allende (fue electo el 4 de septiembre de 1970, asumió en octubre del mismo año, y fue derrocado el 11 de septiembre de 1973) fue también el término de la reforma agraria, de la estatización de la banca y de las industrias, del control obrero de las fábricas y de los campos, de la recuperación indígena de sus tierras ancestrales, de la reforma universitaria, de la popularización de la literatura (la estatal editorial Quimantú produjo millones de libros en formatos y precios de bolsillo), del acceso gratuito a la educación, a la salud, de la vivienda al alcance de los pobres, de la libertad de expresión…

Pero el peor impacto de las bombas sobre La Moneda (el palacio de gobierno), de la muerte del presidente Salvador Allende (que se dispara en la boca con un fusil regalado por Fidel Castro, después de combatir durante horas como un soldado más), de los detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, y del millón de exiliados, fue la verificación empírica de una verdad que hasta entonces era sólo una teoría o panfleto subversivo: las burguesías nacionales y el imperialismo usarán todo el poder del Estado para defender sus privilegios, sus ganancias y el sistema capitalista de explotación del hombre.

Allende lo tuvo clarísimo el mismo día 11, horas antes de descerrajarse aquel simbólico tiro en una de las más bellas acciones de arte poéticas de la historia. Lo dijo en su último discurso, por Radio Magallanes, entre el fragor y el humo de la metralla, mientras la Fuerza Aérea acababa de bombardear las radioemisoras Portales y Corporación silenciándolas:

(…) Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron (…). Ante estos hechos, sólo me cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo (…). Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen... ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.