La otra mirada

Todo esto sucedía en momentos en que los negociadores de Estados Unidos, Colombia y Perú le daban los últimos toques al TLC andino.

La nacionalización de los recursos naturales y de los sectores estratégicos de la economía ha sido contemplada como el puntal de la estrategia de desarrollo de Venezuela y Bolivia. Es una medida que va en contra de una de las políticas centrales del modelo impuesto en América Latina por los organismos internacionales y por Washington durante las dos décadas pasadas: la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Una política que ha representado enormes ganancias para las empresas multinacionales y el deterioro de las condiciones sociales y laborales en toda la región.

En el caso de Venezuela y Bolivia, y en menor medida, de Ecuador, el fortalecimiento de las rentas estatales ha sido la cantera de la inversión social, definida por todos ellos como prioritaria.

En efecto, pareciera existir una contradicción insalvable entre la propuesta de una mayor inversión social que hacen los organismos internacionales y las políticas de ajuste fiscal y de transferencia de recursos al sector privado, que preconizan en todo momento. Los países que siguen este modelo apenas pueden paliar las consecuencias más nefastas de la aplicación del modelo neoliberal, pero no logran acumular los recursos que requiere el desarrollo económico y social. Algunos, como Colombia, se han dedicado a profundizar la privatización de las empresas estratégicas del Estado, en contravía de lo que sucede en el vecindario.

El modelo basado en la distribución social de las rentas estatales, aparece como una alternativa real de desarrollo. No obstante, un desafío que tienen estos gobiernos es el de generar las condiciones que permitan sostener la inversión social de largo plazo, independientemente de los precios de los hidrocarburos.