“Hai esta tu gente Duarte ¡recogela!”, rezaba una nota dejada al lado de dos cuerpos que fueron encontrados esta semana con señales de tortura y un tiro de gracia, característico de las mafias locales. Días después, entre unas canecas encontraron los cuerpos de otros tres hombres, esta vez descuartizados y con un mensaje pegado a una de ellas: “esto le pasara al ingueniero y a todos los que andan con el. Los bamos a ser posole”.
Esta vez fueron encontrados los cuerpos de nueve personas más. Ocho de los cadáveres se hallaron tendidos boca abajo en un terreno cercano a un jardín de niños, cuatro días después de que otros 12 cadáveres se localizaran junto a una escuela primaria apenas una hora antes de que los menores entraran a clases.
El otro cadáver era de un hombre envuelto en una manta en una calle del barrio Buena Vista. Según las autoridades, el cuerpo presentaba varios impactos de bala.
La situación se convirtió en alarmante para los habitantes de Tijuana. Sólo en la última semana se han encontrado al menos 30 asesinados, incluidos dos que se presume fueron deshechos en ácido. La ciudad está ubicada a unos 2.300 kilómetros al noroeste de la ciudad de México y es considerada base de operaciones del cartel de los hermanos Arellano Félix.
Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, dijo que los asesinatos ocurren en momentos en que el cartel de los hermanos Arellano Félix atraviesa por un conflicto interno y busca impedir que el grupo de Joaquín “El chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado de México, entre a la región.
Para enfrentar la crisis de violencia que vive la ciudad y el Estado de Baja California, el inspector general de las Fuerzas Federales en Baja California, David Neri Guzmán, encabezó una reunión de emergencia para hacer frente a los criminales, que aparte de las muertes también han protagonizado media docena de ataques a disparos contra la fuerza estatal.
A pesar de los hechos, Rodrigo Robledo Silva, presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional, aseguró que “la nula participación de la ciudadanía fomenta la inseguridad”. En respuesta, voceros del Consejo Médico Ciudadano afirmaron a la prensa mexicana que “es una verdadera vergüenza que un representante de un partido político se atreva a decir que el gobierno está haciendo su tarea cuando el clima de violencia es evidente”.
Por su parte, mientras el presidente Calderón aún no se pronuncia, varios colegios de abogados pidieron respaldo a los tres niveles de gobierno para que se cumpla con responsabilidad a la comunidad de Tijuana y Baja California, que está consternada y atemorizada por la violencia.