La Constitución Política que se sometió el domingo a referéndum en Bolivia tiene todavía un largo camino antes de poder ser aplicada en toda su extensión. Buena parte de sus artículos alude a leyes posteriores y se calcula que serán necesarias más de cien para que sus líneas maestras puedan entrar efectivamente en vigor. Ese desarrollo legislativo plantea un serio problema al gobierno de Evo Morales porque no dispone de mayoría suficiente en el Senado, donde ya han sido “congeladas” algunas de sus iniciativas anteriores. El presidente boliviano considera que la aprobación de la Constitución da un nuevo mandato a los senadores para que modifiquen su actitud, pero, por si no lo hacen, ya ha amenazado con gobernar “por decreto”.
El segundo gran problema será cómo hacer compatible el contenido de la Constitución con el de los estatutos de autonomía que ya han sido aprobados en cuatro departamentos del país. El más problemático, según fuentes gubernamentales, es el de Santa Cruz, mientras que los de Tarija o Beni son más fácilmente adaptables. Lo lógico, afirma el gobierno, es que se hubiera votado primero la Constitución y luego los estatutos, pero los autonomistas impusieron sus propios referendos el año pasado y los textos fueron ampliamente apoyados por la población implicada.
El conflicto se producirá, inevitablemente, si las autoridades de Santa Cruz deciden aplicar, sin más, su estatuto, aun en los aspectos contrarios a la nueva Constitución, en lugar de poner en marcha una negociación con el gobierno que permita encontrar una salida. Gabriela Montaño, representante presidencial en Santa Cruz (equivalente a delegado del gobierno), médica de 33 años especializada en salud pública, considera que todo dependerá, no sólo del resultado del referéndum constitucional, el cual dará más o menos fuerza a cada una de las partes, sino también de los equilibrios de poder dentro del propio Comité Cívico de Santa Cruz. Este organismo autonomista, que ha encabezado la “rebelión”, atraviesa asimismo un proceso electoral interno en el que, según ella, existen dos tendencias, una más moderada y proclive al acuerdo y otra más radical.
Montaño trabaja en una casa en donde no existe ni el menor símbolo exterior que evidencie que se trata de una oficina gubernamental. Incluso los soldados que la protegen están en el interior del recinto, fuera del alcance de la vista. Santa Cruz fue el centro de los serios incidentes que hubo el pasado mes de septiembre entre seguidores y detractores de Evo Morales, y todas las precauciones, en mitad del referéndum constitucional, parecen pocas. Para ella, lo importante es que la consulta demuestre que no es cierta la imagen de una Bolivia dividida, política y territorialmente, entre un oriente rico, opositor, autonomista y más conservador (como mínimo cuatro de los nueve departamentos en los que está dividido el país) y un altiplano pobre, indígena y acérrimo defensor de Evo Morales. “El país no está fracturado ni geográfica ni culturalmente, sino que es dentro de cada departamento donde se produce esa lucha de orden ideológico y político”, asegura. Recuerda que en el propio Santa Cruz, Evo Morales obtuvo un 41% de voto favorable en el referéndum revocatorio del año pasado.
Montaño no considera probable un escenario de violencia en Santa Cruz. Por lo menos, no de manera inmediata. Es posible que haya incidentes aislados, explica, pero el riesgo se correrá más adelante “si se decide aplicar unilateralmente los propios estatutos de autonomía”.
“Salga el escenario que salga del referéndum constitucional, lo fundamental es establecer una vía de diálogo, no para negociar la Constitución, sino para negociar la aplicación de esos estatutos. Ya sabemos que no es posible un consenso total, porque hay intereses contrapuestos, pero creemos que es posible establecer un marco de consenso para las relaciones entre las regiones y el gobierno central que sea aceptable para todos”.