Por estos días, como suele suceder cada cierto tiempo en Colombia, se volvió a hablar de la guerra contra las drogas. Esta vez el debate lo inició la Comisión Latinoamericana sobre Drogas, en cuyo inf orme, publicado a finales de la semana pasada y firmado por los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, entre otros, afirmaba que “estamos más lejos que nunca del objetivo de la erradicación de las drogas”.
Días después, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en Viena, hacía de nuevo eco a las controvertidas cifras de Naciones Unidas, según las cuales, durante 2008 ocurrió un incremento del 27% en el área nacional cultivada con coca, pese a que la Policía erradicó 220 mil hectáreas.
El Gobierno se defendió. En un comunicado el Ministerio del Interior habló del “más de millón y medio de hectáreas erradicadas en los últimos años”; de millones de kilogramos incautados en cocaína, marihuana y heroína; de 18 mil laboratorios destruidos y la incautación de 113 millones de insumos para la fabricación de drogas; habló también de las 957 extradiciones a EE.UU. desde 2002 y defendió los programas de desarrollo alternativo. “El narcotráfico está perdiendo terreno”, cerraba el comunicado, “los resultados hablan por sí solos”.
Entre este debate eterno, donde las voces más fuertes suelen siempre venir desde sectores políticos de uno y otro bando, el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, y su alumno, Pascual Restrepo, se dieron a la tarea de hacer algo inédito en Colombia: averiguar cuánto le cuesta a Estados Unidos y a Colombia la guerra contra las drogas, en dos frentes diferentes: el ataque a los productores y la arremetida a los traficantes. Gracias a una beca de investigación financiada por Fedesarollo y el instituto Open Society evaluaron qué tan eficaz es invertir recursos en cada uno de estos frentes y qué tan efectivo ha sido esto durante los ocho años de implementación que lleva el Plan Colombia.
“En el país había muchos programas que constantemente eran analizados en términos de sus costos y sus beneficios. Y sin embargo, nos dimos cuenta de que nadie se había sentando a analizar estos elementos en el Plan”, explicó esta semana Mejía, a pocos días de partir hacia Polonia y Austria, donde expondrá sus averiguaciones.
¿Qué encontraron Mejía y Restrepo? Ratificaron que la guerra ha sido muy costosa y poco eficaz. Basta observar que durante ella Colombia y Estados Unidos invirtieron US$1.200 millones anuales, desde el año 2000 y, sin embargo, el potencial de producción de cocaína se mantuvo relativamente estable. Y entre tanto, los cultivadores han aprendido a resistir la erradicación: bañan con melaza los arbustos de coca, han identificado los suelos donde los cultivos dan mayor rendimiento, invierten en la calidad de la semilla e instalan minas, bombas y fabrican artesanales para entorpecer la erradicación.
Observando esta situación, los investigadores se preguntaron cuánto le cuesta a EE.UU. y a Colombia, según sus objetivos, evitar que un kilogramo de cocaína entre a Norteamérica. A Estados Unidos le cuesta US$86.300 si decide subsidiar la guerra contra la producción de la droga en suelo colombiano, pero sólo le cuesta US$9.800 si se dedica sólo a atacar a los traficantes a lo largo de la cadena de producción.
Sería más eficiente para EE.UU. invertir todos sus recursos en la guerra contra las redes de tráfico, que en la aspersión de cultivos y erradicación manual, según su modelo. “Pero a Colombia esto no le interesa”, afirman. Cada dólar que les entra a quienes financian “grandes ejércitos”, como las Farc, con dinero proveniente del tráfico de cocaína, le cuesta al Gobierno colombiano 40 centavos de dólar; en contraste, cada dólar que le entra a un traficante que no cuente “con un gran ejército”, sea este Chupeta, o el Loco Barrera, por ejemplo, le cuesta al país 5 centavos. Así, a Colombia le convendría invertir todos sus recursos en el ataque a los productores antes que a los comercializadores, de manera totalmente contraria a lo que haría EE. UU.
Hasta ahora, ambos países han decidido a lo largo de los años repartir los costos en ambos lugares de la cadena. Al fin y al cabo, se necesitan: Estados Unidos tiene el dinero, y Colombia la posibilidad de ejecutar.
Pero en el fondo, afirma Mejía, la guerra ha sido costosa y poco eficaz: “La guerra contra la producción, que es la guerra por el control territorial, está enfocada en algo que es relativamente poco importante para la producción: la tierra”. Ya que los productores se han vuelto tan buenos en rehabilitar los cultivos, y al mismo tiempo cuentan con una demanda en Estados Unidos que se ha mantenido constante pese a la subida en los precios, seguir por este camino es simplemente continuar botando dólares en el río.
Quedan, entonces, tres alternativas para corregir el rumbo: “O se modifica la lucha contra la oferta, o se intensifican las políticas de reducción de demanda, o se piensa en legalizar”, dice Mejía, asegurando que la última opción no puede estar en el panorama, pues aún se desconocen los costos sociales de su implementación.
Mientras que los países consumidores no intensifiquen la lucha contra la demanda, la opción más viable es modificar la guerra contra la producción: “Hay que enfocarse en la guerra contra los precursores y los laboratorios, a través de despliegues de inteligencia”, sugiere.
Pero esto es sólo el comienzo. Ya establecidos los costos de la guerra, habrá que averiguar los costos de la legalización.